Carta a la directora: El costo no dicho del recorte en Salud

En cualquier organización, cuando se generan ahorros reales por hacer mejor las cosas, lo razonable es reinvertirlos: mejorar servicios, renovar equipos, innovar o fortalecer a los equipos de trabajo. Eso es eficiencia. Pero una cosa son los ahorros por eficiencia y otra muy distinta es un recorte presupuestario.

Hoy, en la salud pública, no estamos ante una simple mejora de gestión, sino ante un recorte de 430 mil millones de pesos presentado como si bastara con “hacer más con menos”. Pero la eficiencia real requiere condiciones habilitantes: infraestructura, información, equipos, personal y financiamiento oportuno. Sin eso, hablar de eficiencia puede ser solo una forma de justificar el debilitamiento del sistema. No todo recorte es eficiencia, ni toda promesa de ahorro es una mejora.

Quienes se atienden en un consultorio, esperan una hora médica o han pasado por una urgencia saben que la salud pública ya funciona al límite: con infraestructura deteriorada, equipos sobreutilizados y CESFAM sobreexigidos. Por eso, cuando se promete que este recorte no afectará a los pacientes, cabe preguntarse sobre qué base se sostiene esa promesa, si hoy cerca de 2,5 millones de personas esperan una consulta, cirugía, examen, diagnóstico o tratamiento.

Además, la atención en salud no es un acto aislado. Es una trayectoria. Una persona con diabetes no necesita solo una consulta: necesita controles, medicamentos, exámenes y seguimiento. Una persona con sospecha de cáncer no necesita solo una derivación: necesita confirmación diagnóstica, tratamiento y acompañamiento. Cuando se recortan recursos, muchas veces no se cierra la puerta del hospital, pero se postergan exámenes, se atrasan controles, se reducen prestaciones, se demoran compras y se suspenden inversiones.

Lo que no se haga en CESFAM, hospitales y servicios públicos no desaparece: se traslada al bolsillo de las familias. Si falta un examen, una consulta o un medicamento, alguien deberá pagarlo o postergarlo. Y quienes más lo sentirán serán quienes ya llegan con esfuerzo a fin de mes: familias endeudadas, jubilados que siguen trabajando, jóvenes que estudian y trabajan, personas cuidadoras y hogares con ingresos informales.

También se debilita Fonasa, el único sistema del país que no discrimina por preexistencias, edad ni nivel de ingresos. Si la red pública pierde capacidad, Fonasa puede dejar de ser una opción real para sectores medios que habían encontrado allí una forma de protección frente a un sistema privado cada vez más caro y restrictivo.

Además, en una red con carencias múltiples —falta de resonadores, escáneres, centros oncológicos, pabellones, especialistas, infraestructura y equipamiento— el recorte no produce magia. Produce consecuencias. Una de ellas será que el propio sistema público termine comprando más prestaciones al sector privado, muchas veces a costos más altos. Se recorta con el argumento de ahorrar, pero luego se paga más caro por resolver fuera lo que no se fortaleció dentro.

La discusión no es si la salud pública puede o no ser más eficiente: debe serlo. Pero eficiencia no significa quitar recursos a una red sobreexigida ni pedir a sus equipos que respondan más con menos personal, equipamiento e inversión. Más aún cuando este recorte ocurre junto a una rebaja tributaria a las empresas. Si luego las familias deben pagar de su bolsillo exámenes, consultas o tratamientos, el costo no desaparece: solo se traslada del Estado a los hogares.

Por eso hay que decirlo con firmeza: llamar eficiencia a un recorte no cambia sus consecuencias. La eficiencia verdadera mejora la vida de las personas. Un recorte mal aplicado, en cambio, puede hacer que quienes ya esperan, esperen más; que quienes ya gastan, gasten más; y que quienes más necesitan protección, queden más solos frente a la enfermedad.