Amnistía denuncia por enésima vez la violencia de Carabineros en protestas sociales

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la violencia de los cuerpos policiales en Chile durante las protestas sociales y la desmedrada situación de los pueblos indígenas, entre otras críticas contenidas en una carta abierta enviada al presidente Sebastián Piñera.

Con motivo del segundo aniversario del Gobierno de Piñera, que se cumplió el 11 de marzo, AI evaluó en una rueda de prensa la situación de los derechos humanos en Chile y desgranó las mejoras que, según su prisma, debería aplicar el Ejecutivo en los próximos dos años de mandato que le restan.

En la misiva, la entidad valoró positivamente los “pasos” que se han dado hacia el respeto de los derechos humanos, entre ellos la entrada en funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la publicación del informe Valech II.

Este último se publicó tras reabrirse la investigación sobre las torturas, asesinatos y prisión política durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Pese a estos avances, la organización humanitaria constató un aumento de la violación de derechos humanos a causa del “excesivo uso de la violencia” que las fuerzas policiales aplicaron para contrarrestar las protestas de los estudiantes que el pasado año reclamaron una educación gratuita y de calidad.

AI aseguró que hay un aumento de las demandas por parte de manifestantes que denunciaron el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua, así como las detenciones arbitrarias e indicios de maltrato por parte de las fuerzas del orden.

“El Gobierno tiene que inculcar a los cuerpos policiales que el uso de la fuerza por parte de la Policía tiene que ser el último recurso”, enfatizó en declaraciones a Efe la directora ejecutiva de AI en Chile, Ana Piquer.

Asimismo, Piquer reclamó una mayor implicación del Ejecutivo para investigar los actos violentos de las fuerzas del orden y aseguró que, si no se pone remedio a esta situación, “la violencia policial podría incrementarse”.

Para hacer frente al desorden público causado por las protestas sociales, el Gobierno presentó a finales del pasado año un proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, conocido como “Ley Antitomas”, que se encuentra en trámite legislativo en el Congreso.

Según Piquer, este proyecto de ley es un “paso hacia atrás”, ya que “por la forma que está redactado” no define el concepto de desórdenes y eventualmente puede poner en duda aspectos fundamentales de los derechos humanos referentes a la libertad de expresión, de reunión y de manifestación.

“El concepto de desórdenes no está definido y eso implica que podría aplicarse una pena que puede llegar a los tres años de cárcel a personas que organizaron una marcha pacífica”, planteó.

Por otra parte, AI mostró su inquietud por la situación de los pueblos indígenas, pues a su juicio no se han percibido los avances esperados durante los dos primeros años de la administración del Gobierno de Piñera.

En este sentido, insistió en que se deben resolver las exigencias mapuches sobre tierras de una manera “justa”, ya que de lo contrario “las tensiones no desaparecerán”.

Otra cuestión que AI planteó a Piñera es la creación de una “legislación integral” que sancione conductas discriminatorias de la que son objeto algunas personas en relación con la identidad sexual, género o creencias religiosas.