Milicos espiaron a la izquierda desde antes del golpe

Los militares espiaron a los partidos y grupos de izquierda desde antes del golpe de estado de 1973, según consta en documentos confidenciales.

Se trata de unos 1.500 escritos que la DINA y otros organismos represivos entregaron en 1974 a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), según los cuales los partidos de izquierda fueron infiltrados por los militares durante el gobierno de Allende (1970-1973).

También los documentos dan cuenta de acciones represivas posteriores al golpe y revelan que los militares se infiltraron en la labor de las iglesias cristianas en favor de las víctimas de la dictadura.

Varios legajos se refieren a “informes de informantes” que, antes del golpe, entregaban a los militares información sobre la estructura de los partidos de izquierda, listas de militantes y dirigentes, fotos y actas de materias tratadas en reuniones.

Los escritos, que fueron aportados por fuentes militares que pidieron absoluta reserva de identidad, y no provienen de archivos o instituciones de acceso público, revelan que a comienzos de 1974 la DINA tenía en su poder la estructura clandestina completa de los partidos Comunista, Socialista y Mapu y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

La información abarcaba los nombres reales y encubiertos de sus dirigentes, así como las claves que utilizaban para contactarse.

El material consta de dos listas de documentos, escritas a máquina, con un total de 18 páginas, fechadas en 1974 y que consignan un número de serie a cada archivo, la materia de que trata, y su destino (la DINE).

Los documentos en originales o copias, están clasificados como “Secreto” o “Reservado” y su origen es el Estado Mayor de la Defensa Nacional, la DINA o los servicios de inteligencia de la Armada y la Fuerza Aérea.

Un documento da cuenta de lo tratado en la última reunión de la comisión política del partido socialista antes del golpe, efectuada el 28 de agosto de 1973, y menciona qué dirigentes favorecían un enfrentamiento armado para consolidar la formación de un Estado socialista.

Pero la mayoría, según el texto, estuvo por apoyar la tesis de Allende y del Partido Comunista, de llegar a acuerdos con la Democracia Cristiana para evitar un golpe, cediendo incluso parte del programa del gobierno.

Asimismo, hay documentos encontrados en los allanamientos de las viviendas de militantes de izquierda, relacionados con materias políticas e instrucción militar, así como declaraciones de detenidos tras el golpe militar.

Dos documentos, marcados como “Informe DINA”, de mayo de 1974, revelan cómo ese organismo infiltró el Comité para la Cooperación de la Paz, constituido en octubre de 1973 por las iglesias para ayudar a los perseguidos por el régimen.

Dicha infiltración se realizó mediante agentes que simularon ser perseguidos políticos y su acción alcanzó a tales niveles que el Comité hasta les dio dinero para que trasladaran personas clandestinamente hacia Argentina, de cuyo destino jamás se supo.

Los archivos también contienen datos sobre los asesinatos del comandante en jefe del Ejército, René Schneider, ocurrido en octubre de 1970 poco antes de que Allende asumiera la presidencia, y del edecán naval del mandatario, Arturo Araya Peeters, en julio de 1973, ambos cometidos por grupos de ultraderecha.

Asimismo, hay un archivo marcado como “Antecedentes del general Bachelet” y otro como “Antecedentes sobre el general Carlos Prats”.

Bachelet, padre de la expresidenta Michelle Bachelet, murió en marzo de 1974 en la cárcel, a causa de las torturas que sufrió en la Academia de Guerra Aérea, por oponerse al golpe de Estado junto a otros oficiales y suboficiales aéreos.

El general Prats, antecesor de Pinochet en la jefatura del Ejército, fue asesinado por la DINA junto a su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.

Otro de los documentos entregados a la DINE está marcado como “Plan de Operación Cóndor”, como se conocen las acciones coordinadas entre las dictaduras de Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil y Chile para eliminar opositores, creada en Santiago a fines de 1975.

Se describe además un “Paquete con cédulas de identidad según nómina adjunta”, que sin embargo no se incluye y por ende no se sabe a qué personas correspondían ni porqué estaban en el organismo castrense.

En los juicios por violaciones de los derechos humanos, los militares invariablemente han asegurado a los jueces que nunca supieron de la existencia de este tipo de documentos.