Nacional
4 de Diciembre de 2012La ley que complica a las universidades privadas investigadas por la fiscalía
El cuerpo legal aprobado en 2009 para luchar contra la corrupción, el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo, establece multas e incluso la cancelación del giro de por vida, cuestión que podría implicar que estas empresas de la educación nunca más reciban aportes del Estado. El Ministerio Público apuntaría no sólo a otras casas de estudio, sino también a las empresas relacionadas con ellas, como inmobiliarias y sociedades truchas de todo tipo.
La nueva Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas podría convertirse en la nueva arma del fiscal Carlos Gajardo, a cargo del caso de corrupción pública que afecta, hasta ahora, a dos universidades privadas y a un ex miembro de la Comisión Nacional de Acreditación. Sucede que luego de formalizar por cohecho y lavado de dinero al ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga; al dueño de la Pedro de Valdivia, Ángel Maulén; y al ex presidente del CNA, Eugenio Díaz; el Ministerio Público apuntará no sólo a otras casas de estudio, sino también a las empresas relacionadas con ellas, como inmobiliarias y sociedades truchas de todo tipo.
El cuerpo legal, aprobado en 2009 para cumplir el estándar OCDE en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, establece como “delito base” el cohecho a funcionarios públicos e implica que las firmas que conformaban la maraña societaria para engañar al fisco, podrían recibir millonarias multas, como también la cancelación de por vida de la personalidad jurídica y con ello nunca más recibir aportes del Estado.
Hasta ahora este marco legal sólo ha sido utilizado y aprobado por los tribunales en Arica, oportunidad en que la fiscalía imputó cargos al representante legal de la empresa Asevertrans. Curiosamente, durante el último tiempo, quien ha sostenido esta tesis legal, en la indagatoria contra los máximos ejecutivos de La Polar, es Juan Carlos Manríquez, el abogado de Zúñiga.
Nuevos nombres
El ministro de Educación, Harald Beyer, se reunió con el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Sergio Urrejola, para solicitar que el organismo ampliara la querella presentada en agosto pasado en contra de Zúñiga y Maulén, como también a otros que aparecen mencionados en la indagatoria.
En el libelo del CDE, al que accedió The Clinic Online, aparecen otras personas que ya habrían prestado declaración y que podrían enfrentar una formalización. Se trata de los directivos de la Universidad del Mar, Mauricio Villaseñor, quien fuera el primer director de Empremar en la vuelta a la democracia designado por Aylwin, junto a Sergio Vera y Raúl Baeza.
Gajardo aún mantiene bajo secreto gran parte de la carpeta de investigación, pues la ley de blanqueo de capitales le permite tomarse seis meses para garantizar el éxito de las diligencias. Es por esto que será el Comité Penal del organismo el que adopte la decisión, cuestión que podría materializarse en los próximos días.
