Karen Atala: “no se condice con un Estado laico imponer principios morales o religiosos respecto a lo que es correcto o incorrecto”

La jueza Karen Atala sostuvo este viernes que la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en el mes de marzo y que ordenó un acto de desagravio por parte del Estado a su favor “viene a dignificar a todas aquellas madres lesbianas y padres gays que han debido soportar estigmas, conculcaciones de sus derechos y el reproche social por su condición o han tenido que invisibilizar y silenciar su vida afectiva por temor a perder la custodia de sus hijos”.

Al dirigirse a los presentes en la ceremonia que tuvo lugar en el Salón O’Higgins del ministerio de Relaciones Exteriores, la magistrada señaló que “no se condice con un Estado laico imponer principios morales o religiosos respecto a lo que es correcto o incorrecto”.

Igualmente la jueza Atala indicó que “las cosmovisiones religiosas no pueden ser parte de nuestras leyes”.

“Esto es una señal clara que en nuestra república existe la preocupación por adecuar las instituciones a las actuales y reales necesidades de los ciudadanos chilenos”, indicó.

Al acto asistieron diversas autoridades como el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, quien había anunciado que lo hacía a título personal.

Asimismo concurrieron el ministro de Justicia, Teodoro Ribera; la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei; y la subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez, entre otros representantes de poderes del Estado.

Por su parte el ministro Ribera sostuvo en la oportunidad que “la atenta dedicación con que hemos preparado este acto, el permanente diálogo con los representantes y el rápido cumplimiento que hemos dado a las disposiciones de esta sentencia recalcan el compromiso del Ministerio de Justicia, de este Gobierno y del Estado chileno en el combate continúo y progresivo contra todas las formas de discriminación, entre las que sin lugar se cuentan como una de las más graves la discriminación por orientación sexual, prohibida de forma expresa en la presente ley”, explicó.

En tanto presidente del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez señaló a Agencia UPI que se trata de un acto histórico, precisando que es una reparación que “salda una deuda que costó muchos dolores a una familia completa”.

El 21 de marzo de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno por “violación al derecho a la igualdad y la no discriminación y violación a su vida privada” gracias a una demanda que presentó la jueza Atala, donde denunció haber sido discriminada por la judicatura debido a su condición de lesbiana.

En el año 2004 la Cuarta Sala del máximo tribunal del país, por tres votos a dos, le concedió la tuición de las tres hijas de la magistrada a su ex marido, Jaime López, argumentando que su orientación sexual vulneraba el intereses superior de la niñas.

Asimismo el órgano internacional condenó al Estado chileno al pago de 72 mil dólares (cerca de 35 millones de pesos) a la jueza Atala y a sus hijas, además de tratamientos psicológicos gratuitos, a que se publicara en forma íntegra el fallo en una página web oficial y publicar un extracto de la sentencia en un diario de circulación nacional.