Ciudad
17 de Noviembre de 2026Corte Suprema ordena reabrir acceso al Lago Caburgua: mujer cerró con cadenas y candado el camino que utilizaban sus hermanas
La controversia comenzó tras la división de un terreno de más de 109 hectáreas en Pucón, cuando una de las mujeres desconoció el acuerdo pactado con sus hermanas utilizar un camino interior que permitía llegar hasta el lago. El conflicto terminó en tribunales y con la Corte Suprema instruyendo que se les permitiera el tránsito.
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Un portón cerrado con cadena y candado terminó convirtiéndose en el centro de una disputa familiar que llegó hasta la Corte Suprema. El conflicto se originó luego de que tres hermanas, que eran socias de una misma sociedad agrícola, se repartieran un terreno de más de 109 hectáreas en el sector de Caburgua, en Pucón.
La controversia escaló cuando una de ellas impidió que sus dos hermanas utilizaran un camino interior para llegar hasta el lago, pese a que ellas sostenían que ese acceso había sido acordado durante la división de los terrenos.
Pero el conflicto en Caburgua se suma a una problemática que se repite en distintos puntos del país: las restricciones de acceso a playas, ríos, lagos y lagunas, muchas veces por impedimentos instalados por propietarios de terrenos colindantes, pese a que legalmente el acceso a las playas de mar, ríos y lagos es libre cuando estas son bienes nacionales de uso público.
La cronología de una disputa familiar que dejó a tres hermanas enfrentándose en tribunales
En este caso, según el Diario Constitucional, la historia se remonta a la liquidación de la sociedad de la que las tres mujeres formaban parte. Tras el término de la compañía, se inició un proceso arbitral para distribuir las propiedades que pertenecían a la sociedad. El terreno de Pucón, de 109,68 hectáreas, fue subdividido en 16 lotes, cuya adjudicación se realizó mediante sorteo y quedó formalizada en una escritura pública del 10 de mayo de 2022.
En ese proceso, a una de las mujeres le correspondió el lote A-3, que colinda con el lago Caburgua. Según expusieron sus hermanas, antes del sorteo de los lotes ese terreno quedó con libre acceso al lago, por lo que se permitiría a otros lotes de la subdivisión la servidumbre de tránsito. Se trataba, además, de un camino que históricamente había utilizado el predio antes de su subdivisión.
Incluso, sostuvieron que el terreno adjudicado a su hermana tenía una superficie mayor precisamente porque debía soportar ese gravamen: 0,75 hectáreas, frente a las 0,55 hectáreas de otros lotes. Pero en la práctica la situación cambió.
Una prohibición de acceso con cadenas y un candado
Según denunciaron las hermanas, la propietaria del lote A-3 desconoció los acuerdos y cerró con cadenas y candado un portón ubicado al final del camino, justo en el deslinde con el lago. Además, se habría negado a entregarles las llaves para que pudieran utilizar el acceso.
La mujer cuestionada, eso sí, sostuvo que no existía una servidumbre legalmente constituida en favor de los lotes de sus hermanas, argumentando que el derecho de paso no estaba inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. También planteó que ambas podían llegar al lago directamente desde otros terrenos de su propiedad, por lo que no necesitaban utilizar el camino que atravesaba su lote.
Con esos antecedentes, las dos mujeres recurrieron de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco. Acusaron que el cierre del portón constituía un acto arbitrario e ilegal que vulneraba su derecho de propiedad, pues les impedía ejercer una servidumbre que, según afirmaban, había sido acordada durante la liquidación de la sociedad familiar.
La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso, considerando que la existencia, validez y alcance de la servidumbre eran materias controvertidas que debían resolverse mediante un procedimiento judicial de mayor extensión, y no a través de una acción de protección. También tuvo presente que la recurrida había alegado la existencia de accesos alternativos al lago.
La resolución, sin embargo, fue revisada por la Corte Suprema, que terminó acogiendo el recurso de protección de las hermanas y ordenando retirar los obstáculos que impedían el tránsito hacia el lago Caburgua.
El máximo tribunal calificó el cierre del portón con cadena y candado como un acto de autotutela ilegal y arbitrario, al considerar que la propietaria del terreno no podía resolver unilateralmente una controversia sobre el derecho de paso mediante la obstrucción del camino.
Un portón cerrado con cadena y candado terminó convirtiéndose en el centro de una disputa familiar que llegó hasta la Corte Suprema. El conflicto se originó luego de que tres hermanas, que eran socias de una misma sociedad agrícola, se repartieran un terreno de más de 109 hectáreas en el sector de Caburgua, en Pucón.
La controversia escaló cuando una de ellas impidió que sus dos hermanas utilizaran un camino interior para llegar hasta el lago, pese a que ellas sostenían que ese acceso había sido acordado durante la división de los terrenos.
Pero el conflicto en Caburgua se suma a una problemática que se repite en distintos puntos del país: las restricciones de acceso a playas, ríos, lagos y lagunas, muchas veces por impedimentos instalados por propietarios de terrenos colindantes, pese a que legalmente el acceso a las playas de mar, ríos y lagos es libre cuando estas son bienes nacionales de uso público.
La cronología de una disputa familiar que dejó a tres hermanas enfrentándose en tribunales
En este caso, según el Diario Constitucional, la historia se remonta a la liquidación de la sociedad de la que las tres mujeres formaban parte. Tras el término de la compañía, se inició un proceso arbitral para distribuir las propiedades que pertenecían a la sociedad. El terreno de Pucón, de 109,68 hectáreas, fue subdividido en 16 lotes, cuya adjudicación se realizó mediante sorteo y quedó formalizada en una escritura pública del 10 de mayo de 2022.
En ese proceso, a una de las mujeres le correspondió el lote A-3, que colinda con el lago Caburgua. Según expusieron sus hermanas, antes del sorteo de los lotes ese terreno quedó con libre acceso al lago, por lo que se permitiría a otros lotes de la subdivisión la servidumbre de tránsito. Se trataba, además, de un camino que históricamente había utilizado el predio antes de su subdivisión.
Incluso, sostuvieron que el terreno adjudicado a su hermana tenía una superficie mayor precisamente porque debía soportar ese gravamen: 0,75 hectáreas, frente a las 0,55 hectáreas de otros lotes. Pero en la práctica la situación cambió.
Una prohibición de acceso con cadenas y un candado
Según denunciaron las hermanas, la propietaria del lote A-3 desconoció los acuerdos y cerró con cadenas y candado un portón ubicado al final del camino, justo en el deslinde con el lago. Además, se habría negado a entregarles las llaves para que pudieran utilizar el acceso.
La mujer cuestionada, eso sí, sostuvo que no existía una servidumbre legalmente constituida en favor de los lotes de sus hermanas, argumentando que el derecho de paso no estaba inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. También planteó que ambas podían llegar al lago directamente desde otros terrenos de su propiedad, por lo que no necesitaban utilizar el camino que atravesaba su lote.
Con esos antecedentes, las dos mujeres recurrieron de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco. Acusaron que el cierre del portón constituía un acto arbitrario e ilegal que vulneraba su derecho de propiedad, pues les impedía ejercer una servidumbre que, según afirmaban, había sido acordada durante la liquidación de la sociedad familiar.
La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso, considerando que la existencia, validez y alcance de la servidumbre eran materias controvertidas que debían resolverse mediante un procedimiento judicial de mayor extensión, y no a través de una acción de protección. También tuvo presente que la recurrida había alegado la existencia de accesos alternativos al lago.
La resolución, sin embargo, fue revisada por la Corte Suprema, que terminó acogiendo el recurso de protección de las hermanas y ordenando retirar los obstáculos que impedían el tránsito hacia el lago Caburgua.
El máximo tribunal calificó el cierre del portón con cadena y candado como un acto de autotutela ilegal y arbitrario, al considerar que la propietaria del terreno no podía resolver unilateralmente una controversia sobre el derecho de paso mediante la obstrucción del camino.



