UDP lleva al gobierno de Piñera a la CIDH por represión estatal, discriminación a la mujer, trato a los mapuche y Ley Hinzpeter, entre otros pastelazos

El Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Diego Portales (UDP) se anotó un punto. Logró que la Comisión Interamericana de DDHH, dependiente de la OEA, acogiera una solicitud de “audiencia temática”, donde expondrá su denuncia sobre Chile en torno a las “situaciones de discriminación estructural y violencia estatal contra sus habitantes”. La instancia, en que se discutirá la “responsabilidad del Estado chileno”, quedó agendada para el 11 de marzo a las 15.15 en la ciudad de Washington, Estados Unidos, oportunidad en que deberá estar un presentante oficial de nuestro país. Esta es la segunda vez -la anterior fue en octubre de 2010 en pleno conflicto estudiantil- que bajo el gobierno de Sebastián Piñera la UDP logra que este órgano escuche los argumentos, basados en el informe anual que prepara el CDH.

La información consta en la solicitud presentada por la UDP -donde también trabajaron Corporación Humanas y Libertades Públicas A. G-  ante el organismo el pasado 5 de enero a la que tuvo acceso The Clinic Online y que publica íntegramente.

En el documento, la UDP va desgranando las situaciones que afectan los derechos humanos en Chile, desde la “discriminación arbitraria sobre ciertos grupos vulnerables”, como también “los límites del uso de la fuerza estatal en contra de los miembros de nuestra comunidad”.

Pero no es todo, la presentación que se discutirá en EE.UU, también revela una dura crítica al actual gobierno de Sebastián Piñera que ha privilegiado la reforma al Código Civil en vez de modernizar la Justicia Militar, que juzga bajo parámetros castrenses a los uniformados que cometen delitos comunes y donde un ciudadano de a pie puede ser sancionado por esta judicatura y la criminal ordinaria.

“En otras palabras, se revela la escasa importancia que el Gobierno le ha otorgado a la reforma de la jurisdicción penal militar, en contraste con la inversión económica que modernizan la administración de justicia en Chile, como el caso de la reforma procesal civil”, detalla la UDP.

Más palos a La Moneda

Otro acápite lo constituye otra deuda de Piñera por el “escaso avance que (…) ha mostrado en temas relacionados con la obligación del Estado de eliminar las desigualdades en la participación de mujeres en política”.

“Tanto en la paridad de cargos de confianza del Poder Ejecutivo como en la tramitación de la ley de cargos de elección popular, se ha vuelto a revelar una antigua realidad: la escasa participación de la mujer en política, sobre todo en lo que respecta al ejercicio del derecho de sufragio pasivo y al acceso a cargos públicos y la poca voluntad del Estado para modificar esta realidad”, señala la presentación a la CIDH.

Tampoco la UDP dejó fuera la discriminación en materia de derechos sexuales y reproductivos y el aborto. En estos dos últimos –que afectan principalmente a las mujeres- “se evidencia que el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es perseguido penalmente, omitido legislativamente y negado en la práctica administrativa, sobre todo en el ámbito de la atención primaria o en el acceso a medicamentos”.

A renglón seguido critica a la actual administración: “Además, se denuncian ciertos cambios en la política de género del actual gobierno, evidenciando que las cuestiones ideológicas no son triviales en el cumplimiento de los estándares actuales en el tema”.

El informe también se hace cargo de la falta de proporcionalidad de las penas a los delitos de “cuello blanco”, citando el caso La Polar, a diferencia de otros ilícitos como el hurto o robo a mano armada, entre otros, que tienen una sanción más alta respecto de los económicos.

Política indígena

El tema mapuche en la Araucanía tampoco quedó fuera de la égida de la UDP. Al respecto menciona los casos de violencia por parte de Carabineros, que terminaron con la muerte de los comuneros Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío. También reconoce que tras la muerte en un incendio -según la fiscalía y el gobierno por acción de grupos indígenas- del matrimonio Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, el tema se ha puesto en el centro de debate público.

“Producto de este hecho, se han hecho diversos llamados al diálogo entre gobierno y las comunidades indígenas para poder solucionar el problema desde una perspectiva de derechos humanos”, señala la UDP. En ese sentido cobra relevancia la “audiencia temática” porque será “una manera de expresar la preocupación de la comunidad internacional de derechos humanos por la adecuada solución del problema”.

Cabeza de pistola

En el caso de la política criminal aplicada por el gobierno de Piñera, la UDP critica la llamada Ley Hinzpeter -que buscaba penalizar las tomas y los paros- porque “desnuda la falta de adecuación constitucional e internacional de la actual regulación administrativa de la protesta, que sirve de fundamento para que las fuerzas del orden utilicen la fuerza policial de manera frecuente en contra de legítimos manifestantes”.

A lo anterior se suma también, de acuerdo al documento, la permanente violación de derechos humanos producto de las condiciones carcelarias”, “situación de abuso policial, incluyendo vejaciones que, en algunos casos podrían llegar a constituir tortura”.

De allí que para la UDP esta audiencia temática se constituya, “como una oportunidad única para que el Estado de Chile responda al análisis, a varios meses de conocer los resultados de la investigación (informe anual de DDHH de la casa de estudios lanzado en noviembre de 2012).

Lea la presentación de la UDP a la CIDH

Escuche el audio de la audiencia de 2010 de la UDP y el gobierno de Piñera