Opinión
5 de Octubre de 2025
Bernarda Vera o la aparición de los viejos fantasmas
Por Ignacio Bazán
El caso de la supuesta aparición de una exmirista detenida desaparecida en Argentina abrió un vórtex. Mientras el Ejecutivo quedó en evidencia al no transparentar el caso a la opinión pública -siendo destapado por un equipo de CHV -, parte de la derecha encontró una oportunidad para cuestionar las cifras de víctimas de la dictadura. “Más allá de la triste refriega”, escribe Bazán, “la paradoja era una sola y era muy grande para ser ignorada: desde que se inició el Plan de Búsqueda no se habían encontrado los restos de ningún detenido desaparecido. Todo lo contrario: apareció uno vivo”.
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Cada tragedia geopolítica que se ha desencadenado en la historia indefectiblemente termina en una batalla.
Por la verdad. Por el relato. Por controlar la historia. Y, bueno, por los números.
Las cifras de víctimas, de muertos, de desaparecidos parecen ser fundamentales para justamente controlar una narrativa política. Tan así es, que el síntoma clave para determinar si una persona es sobreideologizada o no, pasa por el siguiente comportamiento en cualquier debate político: sobrestimar los números de víctimas propias, mientras se minimiza o justifica los atropellos a los DDHH del bando al que pertenece.
Los que agarramos, aunque sea los últimos años de la dictadura, algo sabemos de esto en carne propia.
Al menos desde que tuve algo de conciencia política, recuerdo una guerra abierta por los números que, de alguna forma, acabó con la publicación del Informe Rettig en 1991. Mientras muchos apologistas de la dictadura incluso negaban asesinatos y culpaban al socialismo internacional de la (mala) fama de Chile en el extranjero, otros, conservadoramente, reconocían cien, quinientas, o mil muertes durante los años de Pinochet al mando. Por el lado de mi mundo del colegio, fundamentalmente protoconcertacionista, me llegaban cifras en otra dirección: 5 mil, 10 mil y hasta 20 mil asesinados por la dictadura, escuché alguna vez.
Generalmente, mientras más a la izquierda estaba una persona, mayor era el número de víctimas que le adjudicaba al largo proceso de Pinochet (aunque viera con simpatía a cualquier gobierno totalitario de su mismo bando en el exterior). Por el otro lado, mientras más a la derecha estaba alguien, los números de ejecutados bajaban hasta ser virtualmente inexistentes, siempre estando muy atento a lo que pasaba en Cuba o Nicaragua.
El informe de la comisión Rettig terminó por aterrizar a ambos polos: 2.298 víctimas con resultado de muerte acreditados. La investigación luego se depuraría con los informes Valech, (este último enfocado en casos de tortura, pero que agregó cerca de 900 personas a la cifra inicial de fallecidos del informe Rettig) llegando a 3.216 personas, entre ejecutados y detenidos desaparecidos.
3.215, si se corrobora la aparición de Bernarda Vera.
Pero más allá del dolor de las familias afectadas, lo que hicieron esos tomos de Rettig y Valech fue darnos un cierto marco, dentro de esa obscena aritmética del sufrimiento, que es contar muertos por causas políticas. Ya no eran cero, ya no eran 20 mil. Los que estaban contabilizados en esas páginas de informe, cada uno con sus circunstancias, eran los que fueron, más allá de un mínimo margen de error.
Y casi nadie lo podía negar.
Por qué ocultar un aparecido
Desde el lado de la razón, o al menos desde la duda, cuesta entender por qué el Gobierno no hizo público lo de Bernarda Vera. El argumento más convincente que escuché fue el de proteger a su hija, que toda su vida pensó que su madre había sido asesinada sobre un puente del río Toltén a fines de 1973.
Pero la verdad es que su hija sí sabía y había tenido tres reuniones con funcionarios del Plan Nacional de Búsqueda entre enero y mayo de este año. El riesgo de que ella se enterara por la prensa, como sí le pasó al resto del país, era nulo.
El efecto colateral no tardó en llegar. Un actual ministro de Seguridad Pública, como Luis Cordero, quien a su vez impulsó el Plan de Búsqueda cuando lideró la cartera de Justicia, se vio descolocado, entrando en peleas con periodistas y exfuncionarios del plan, como el ex PDI Sandro Gaete, quien aseguró haber estado en reuniones con el mismo Cordero donde se habló del caso de Bernarda Vera. El actual ministro de Justicia lo negó en TV abierta.
Pero más allá de la triste refriega, la paradoja era una sola y era muy grande para ser ignorada: desde que se inició el Plan de Búsqueda no se habían encontrado los restos de ningún detenido desaparecido. Todo lo contrario: apareció uno de ellos vivo.
Y en el cálculo eterno entre víctimas y victimarios de ambos lados, sucedió lo que era predecible, pero no por eso menos sorprendente: dentro del largo debate ético que el gobierno ha tenido con los medios durante su periodo, nos volvemos a dar cuenta de que, si de ellos dependiera, un montón de casos relevantes para la ciudadanía simplemente no verían la luz. Ver: Caso Fundaciones. Ver: Caso Monsalve. Y ahora ver: el Caso de Bernarda Vera. Todos casos con algo en común: en el Ejecutivo sabían antes que la misma prensa publicara.
Lo del otro lado también fue lamentable. Por muy poco elegante que haya sido el patinazo institucional, se tomó esta aparición como excusa perfecta para cuestionar el recuento de desaparecidos hecho por las comisiones, se recurrió a Contraloría para que se investigue, en redes se habló de que las entrevistas investigativas en Rettig y Valech fueron hechas por estudiantes de cine de la Arcis y se elucubraron testimonios de que cientos de personas en el extranjero estaban en la misma situación de Vera. Un claro esfuerzo para deslegitimar el trabajo de los informes, para volver a la relativización de los números y por qué no, al negacionismo en los más ultras.
¿Puede haber más Bernardas Vera que ayuden a empujar este relato?
Ciertamente. En cada guerra, en cada golpe, en cada tragedia, caen personas entre las grietas que no son contadas, así como también hay vivos que se piensan desaparecidos. Eso debemos tenerlo muy claro y por eso no se entiende el aprovechamiento de parte de la derecha y la falta de transparencia del Gobierno al respecto.
Lo que ocurrió durante la dictadura fue tan extraño y descontrolado que en los informes de fallecidos en el contexto de violencia política aparecen cuatro militantes del Partido Nacional, partido opositor a Allende; se cuentan 60 homicidios en el extranjero; 31 víctimas tenían entre 0 y 10 años; y entre Carabineros y Fuerzas Armadas, hubo otras 160 víctimas, que iban desde el general Prat, a funcionarios que se negaron a participar del golpe, a los escoltas que murieron en el atentado a Pinochet en 1986.
En ese contexto, la aparición de un desaparecido, de alguien que escapó del país para nunca volver a mirar atrás, no sorprende tanto.
Otra historia es lo que este tipo de casos produce en los extremos, los colores verdaderos que se muestran, y que tristemente nos recuerdan que cada víctima es una batalla cultural en sí misma.



