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Nacional

26 de Marzo de 2013

Académica de la Chile ante comisión: “El ministro Beyer claramente ha faltado a la probidad que se exige en la Constitución”

La académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Carola Canelo, dijo ante la comisión que estudia la acusación constitucional presentada por diputados opositores en contra del ministro de Educación, Harald Beyer, que el secretario de Estado “no es apto” para continuar en su cargo porque a su juicio ha incurrido en […]

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La académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Carola Canelo, dijo ante la comisión que estudia la acusación constitucional presentada por diputados opositores en contra del ministro de Educación, Harald Beyer, que el secretario de Estado “no es apto” para continuar en su cargo porque a su juicio ha incurrido en una infracción reiterada a la Constitución y las leyes.

“El ministro claramente ha faltado a la probidad que se exige en la Constitución, ha faltado a la ejecución y cumplimiento de las leyes y por lo tanto corresponde que sea destituido y que no forme más parte de las instituciones públicas porque no es apto para ejercer con probidad una función pública en la cual debe hacer prevalecer el interés común por sobre el interés particular”, dijo la académica.

La profesional, junto a otros tres académicos de la Universidad de Chile, solicitaron en 2011 al entonces titular del Mineduc, Felipe Bulnes, investigar a siete universidades sobre las cuales existían presunciones fundadas de la existencia de lucro, solicitud que –según acusó Canelo- el ministro respondió de manera “tardía”, 10 meses después de realizada la denuncia y a través de un inferior jerárquico, como es el jefe de la División de Educación Superior, argumentando que no tenía atribuciones legales para fiscalizar a las instituciones.

Canelo manifestó que Beyer “a nuestro juicio incurre por diversas acciones y omisiones del ministro, en causales de acusación constitucional”, aclarando que “acá no es un juicio de carácter personal o para afectar la honra de la persona”, sino determinar si es apto jurídicamente para ser ministro de Estado, para ejercer una función pública.

“A nuestro juicio él no está a altura de un cargo ministerial porque él ha incurrido en infracción reiterada a la Constitución y las leyes y porque ha dejado sin ejecución, en incumplimiento, una serie de leyes que lo obligan a él a fiscalizar a las universidades creadas con posterioridad al año 1981”, sentenció.

Canelo insistió que Beyer “desatendió sus facultades fiscalizadoras, dijo que no tenía atribuciones, respondió a través de un inferior jerárquico, posteriormente no contestó, y la fuerza de los hechos han demostrado que sí tenía atribuciones y tiene atribuciones tan altas que puedo incluso cancelar la personalidad jurídica de una universidad, matarla jurídicamente”.

La académica criticó además el proyecto de ley enviado por el gobierno al Parlamento y que crea la Superintendencia de Educación Superior, argumentando que esta instancia limita las atribuciones que actualmente tiene el Mineduc y legitima el lucro en las universidades, y que según el ministro “podría salvar una supuesta inestabilidad institucional que existiría”.

“Todo es falso, no es verdadero que haya una inestabilidad, o un sistema institucional débil en materia de fiscalización. Hoy el ministro de Educación tiene amplias facultades, poderes de fiscalizar y puede llegar incluso a cancelar la personalidad jurídica. En cambio el proyecto de ley, lo que busca es quitarle las atribuciones que tiene el ministro de Educación, pasárselas a una Superintendencia que va a tener menos atribuciones que las que hoy tiene el ministro de Educación”, sostuvo.

En este sentido, Canelo aseguró que la nueva Superintendencia de Educación Superior, no tiene facultades para cancelar la personalidad jurídica de una universidad, “y lo que es más grave regula y permite el lucro porque permite que existan transacciones entre empresas relacionadas”.

“Es un proyecto que busca comercializar la educación superior, que no permite una decisión rápida respecto de universidades infractoras porque permite que la entidad afectada pueda judicializar las decisiones de la Superintendencia, lo que hoy no ocurre con el ministro de Educación”, concluyó.

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