Gabriel acaba de cumplir 19 años. Está preso y al cierre de la presente edición acababa de cumplir 52 días en huelga de hambre. ¿Por qué? Gabriel lleva 10 meses en prisión preventiva por su supuesta participación en el crimen del parcelero de Ercilla, Héctor Gallardo Painepal. Coautor de “Robo con homicidio”, reza la acusación del fiscal Luis Chamorro, quien, aprovechando el impulso sumó contra el joven una segunda acusación por “homicidio frustrado”. De ambos delitos Gabriel se declara inocente. De hecho, sindicado como posible responsable del crimen del agricultor, el mismo se presentó, voluntariamente, ante la justicia. “No tengo nada que ocultar y quiero demostrar mi inocencia en tribunales”, declaró en su minuto.

Gabriel se encuentra recluido en el Centro de Internación Provisoria de Chol-Chol, a 150 kilómetros al sur de su comunidad de origen en Ercilla. Lo que demanda es ser trasladado a la cárcel de Angol, más cerca de su familia y comunidad, la emblemática Wente Winkul Mapu. Lleva casi dos meses reclamando su traslado. Y varias visitas al Hospital de Nueva Imperial por taquicardias, bajas drásticas de presión, mareos y otros efectos del prolongado ayuno.
“Desde esta cárcel de menores de Chol-Chol pido a todas las personas e instituciones que entiendan mi necesidad de estar cerca de mi tierra, de mi comunidad, de mi familia. Como joven mapuche, mantener estas relaciones a diario es parte de nuestra sangre, de la educación entregada por nuestros abuelos. Si bien en esta cárcel de menores hay jóvenes de mi edad, ellos son de realidades y necesidades distintas a las mías, no tenemos nada más en común que la edad. Yo necesito seguir fortaleciendo mi identidad mapuche, necesito conversar cada mañana con algún peñi (hermano) sobre mis pewma (sueños), conocer más de nuestra historia y cultura. Y acá, a más de tres horas de viaje, en otro territorio, una vez por semana, eso me resulta imposible”, señaló Gabriel en un comunicado difundido el miércoles 19 de junio, cuando cumplía ya más de un mes en huelga.
¿Por qué se insiste en mantener a Gabriel alejado de su comunidad aún existiendo riesgo para su vida? “No existe en Angol un módulo que permita mantener la segregación como menor de edad que exige en su caso la ley de Responsabilidad Penal Adolescente”, me señala el abogado defensor, Nelson Miranda. “Y las únicas alternativas para los adolescentes mapuche privados de libertad son los centros de Chol-Chol, Valdivia o Coronel”, agrega. ¿Y podría Gendarmería habilitar un módulo o una celda especial en Angol para cumplir con dicha segregación?, pregunto. “Por supuesto. Pasa por un mínimo de voluntad política de las autoridades”, me responde.

Voluntad política. Tan simple y difícil a la vez. Lo han demostrado todas las anteriores huelgas de hambre. Ya van como una docena y la medida de presión no tiene por dónde llegar a su fin. Hoy es Gabriel, a futuro lo serán otros comuneros de Ercilla, encarcelados insólitamente en el penal de El Manzano de Concepción, a más de 300 kilómetros de sus hogares y familias. “Resulta en verdad increíble. Hace poco se remodeló la cárcel de Collipulli, donde podrían estar todos ellos cumpliendo prisión preventiva o sus condenas, muy cerca de sus comunidades y entorno sociocultural, pero se insiste en alejarlos como medida de seguridad”, denuncia el profesional.
Dispersión. Fue la estrategia utilizada por la justicia española en su minuto contra los militantes vascos de ETA, ello como “medida de seguridad” ante posibles “rescates” y “rearticulaciones”. Alejarlos cientos de kilómetros de sus familias resultó ser además una efectiva medida de tortura, tal como sentenció la Comisión Europea de Derechos Humanos, que terminó condenando por ello al Estado español. ¿Es el camino de la dispersión de los presos vascos el que está copiando la justicia chilena con Gabriel y otros comuneros? Hoy un promedio de 100 kilómetros separa a numerosos presos mapuche de sus familias, en su mayoría gente campesina muy pobre que carece de los medios y recursos para visitarlos. Un número muy menor se encuentra encarcelado en su comuna de origen.

Pero la dispersión, lamentablemente, no es todo. Se suman a ella las recientes trabas a realizar ceremonias religiosas, una mala asistencia médica y la violación de muchos otros derechos, entre ellos el de la honra y dignidad humana de sus visitas. Si Chile pretende dar cabal cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, que recomienda una serie de medidas para la reclusión de miembros de pueblos indígenas, bien vale terminar ahora con este tipo de prácticas calificadas –en el primer mundo- como “tortura”. Trasladar a Gabriel cerca de su tierra sería un gran primer paso. Justicia y no revanchismo sospecho es lo que demandan las víctimas.