La incómoda mochila de la próxima subsecretaria de Educación

Vía Ciper

“Nos preocupa que nuestros líderes políticos están pensando en extender de modo masivo, más allá de la gradualidad que pueda acordarse, una política amplia de gratuidad en la educación superior”, decía una carta firmada en noviembre de 2011 por la futura subsecretaria de Educación, Claudia Peirano (DC), junto una lista transversal de figuras públicas –entre ellas Harald Beyer, Patricia Matte, Mariana Aylwin y Eduardo Engel–, que cuestionaban la implementación de la gratuidad total en la educación superior.

Una misiva que hoy puede resultar incómoda para la nueva subsecretaria, pues uno de los principios con los que se armó el nuevo gabinete de Michelle Bachelet es que todos sus integrantes deben adscribir y estar dispuestos a seguir al pie de la letra el contenido de un programa presidencial en que la gratuidad de la educación es una de las piedras angulares. “Creemos que en las circunstancias actuales es razonable acotar la gratuidad a las proporciones que sean razonables para no desalentar el acceso a la educación superior de los más vulnerables”, agregaba la misiva.

Claudia Francisca Peirano Rodríguez es reconocida como una de las economistas con más experiencia en temas de gestión educacional. Una experiencia que no es sólo académica, sino también práctica, como consultora educativa que asesora desde colegios a corporaciones municipales, y también en el sector público, como coordinadora económica del programa MECE del Ministerio de Educación. Ahora en la Subsecretaría del ramo deberá ser la segunda de a bordo del también economista Nicolás Eyzaguirre, próximo ministro de Educación, que liderará la reforma más emblemática del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Y si Eyzaguirre ha concentrado las críticas de los dirigentes estudiantiles por su rol como ministro de Hacienda cuando se aprobó el cuestionado Crédito con Aval del Estado (ver reportaje sobre el CAE), Claudia Peirano se encuentra indirectamente ligada a uno de los íconos de lo que la reforma de Bachelet pretende eliminar: el lucro en la educación. Durante 22 años estuvo casada con Walter Oliva, dirigente DC (ver recuadro) y dueño de la cadena de colegios particulares subvencionados “Red Educacional Crecemos”, algunos de cuyos establecimientos han sido asesorados por una empresa consultora de Peirano, tal como lo informó un artículo de El Mostrador. Oliva fue presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep) y en ese rol encabezó públicamente la defensa del derecho al lucro en la educación escolar (ver entrevista en La Segunda). Uno de los hijos de la pareja, Ignacio Oliva Peirano, es vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) y militante el movimiento Nueva Acción Universitaria (NAU), organización que exige la gratuidad universal y el fin del lucro en la educación.

La relación entre Peirano y Oliva ya fue cuestionada en julio de 2012 en un reportaje de La Tercera que detectó que la consultora de Peirano, Grupo Educativo, había asesorado a escuelas de Oliva con financiamiento de fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para alumnos vulnerables. Unos meses más tarde, en noviembre de ese año, la pareja se divorció, pero de acuerdo a los registros del Diario Oficial aún mantienen vínculos comerciales a través de tres sociedades.

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