José Antonio Gómez y el costo de mantener a Rabat: “Al final se hace un daño al Gobierno y también al propio ministro”

El exministro de Justicia y Defensa José Antonio Gómez ha estado fuera de la primera línea política desde hace años. La polémica por las rebajas de condenas a abusadores sexuales y violadores de menores de edad, cuyos decretos fueron firmados por el Gobierno, sin embargo, lo convirtió en un comentarista obligado de la controversia, dada su propia experiencia: durante su gestión rechazó cerca de 500 solicitudes de rebaja de penas.

En 2014 y 2015, sin embargo, esa no era la norma, por lo que su decisión le generó situaciones complejas con la Corte Suprema, sectores de la izquierda frenteamplista e incluso presiones al interior del propio Gobierno. Hoy, en conversación con The Clinic, sostiene que no se arrepiente de su decisión y entrega su perspectiva sobre el actuar del ministro Fernando Rabat. “Él está complicado políticamente”, sostiene el exmilitante del Partido Radical.

Su retorno al debate público, además, coincide con su interés de volver a la política en algún momento. “Siempre el que nace chicharra muere cantando”, reconoce Gómez, quien también espera que el Partido Radical, donde militó durante toda su vida, logre recomponerse.

“Espero, no es fácil. Sobre todo con las nuevas leyes que van a salir respecto a cómo constituir partidos, que al final lo que están haciendo es monopolizar la capacidad de desarrollar partido, pero espero que sí, pero va a ser difícil”, sostiene el exministro.

—Usted se negó a firmar cientos de decretos de rebaja de condena y terminó enfrentándose con los tribunales. Mirando esa experiencia y lo que está pasando hoy, ¿cree que hizo lo correcto?

—Haría exactamente lo mismo que hice en esos años, que fueron 2014 y 2015, hoy día. Mi postura en esa época era: dejar en libertad a una persona que ha cometido delitos tan graves como los que hemos conocido requiere que se cumpla con las obligaciones que establece la ley.

De lo que yo revisé en esa época, de los documentos que me entregaron para firmar el decreto, no se cumplía con el conjunto de requisitos que se solicitaban para acceder al beneficio. Lo que yo revisé no cumplía con eso, excepto con la buena conducta.

—¿Tuvo consecuencias cuando negó estos beneficios?

—Fue una época compleja porque yo creo que fui el primer ministro que decidió negar los beneficios, porque antes de eso no había pasado nada. Entonces, a raíz de eso, se generaron muchos amparos. Tuve que pedirle al Consejo de Defensa del Estado que me defendiera, pero además tuve consecuencias con la Corte Suprema. Estaba muy indignada conmigo porque yo seguía insistiendo en que ellos tenían una interpretación equivocada.

Entonces, con la Corte se generó una crisis, y esa crisis llegó hasta la Presidencia, porque acusaron a la Presidenta Bachelet. Además, tuve una presión política en términos de apoyar una querella que presentaron en contra mía por atribuirme funciones que no tengo en el ámbito de no dejar salir a esta gente que, en mi opinión, no cumplía los requisitos. Entonces, tuvo consecuencias políticas, tuvo consecuencias también en la relación con el Poder Judicial.

—¿Cómo evalúa el manejo del Gobierno respecto a la situación que se generó tras conceder el beneficio de reducción de penas?

—El Gobierno cometió un error al decir que los tribunales tienen fallos reiterados y que eso obliga a firmar los decretos, cuando hoy día es distinto a mi época. En mi época no tuve ni un fallo favorable. En cambio, acá al menos hay diez fallos que aceptan la tesis de que esto es un beneficio y no un derecho, que es lo que ha dicho siempre la Corte.

Entonces, el error más grave es no haber intentado mantener esa doctrina de la Corte Suprema y asumir que la más generalizada era la correcta, y eso es un error político grave.

“Cuando uno es ministro de un gobierno, no es un técnico, sabe que sus acciones tienen consecuencias políticas”

—¿Por qué cree que el actual ministro no hizo lo mismo que sus antecesores y no negó los decretos?

—Él lo ha explicado. Yo no me puedo meter en su cabeza, pero lo que yo le he escuchado es que, teniendo estos fallos muy amplios respecto de la obligación de entregar los decretos de rebaja de condena, lo consideró como que era una jurisprudencia sobre el tema. Cosa que no es correcta, porque esto es fallo a fallo.

Entonces, lo que he entendido es que él, por economía procesal, en su calidad de abogado, viendo estas circunstancias, decidió otorgarlo. Eso es lo que le he entendido, pero yo no lo comparto.

—¿Según su criterio, la economía procesal es suficiente para otorgar estos beneficios?

—No, sobre todo en este tipo de delitos. O sea, estamos hablando de delitos gravísimos, no solo el tema de los niños, sino que los violadores de derechos humanos. Este es otro tema que hay que tenerlo presente porque hoy día estamos discutiendo un tipo de delito, pero esta ley es aplicable a todos los delitos. Por lo tanto, hay que estar atento a cómo se mejora la ley para que no se produzca un problema en un par de años más.

—Ahora, hablando particularmente de Fernando Rabat, ¿cuál fue exactamente el error? ¿Firmar los decretos, no recurrir a los tribunales o no anticipar las consecuencias que esto traía?

—Cuando uno es ministro de un gobierno, no es un técnico, es un ministro que sabe de su área, pero además sabe que sus acciones tienen consecuencias políticas. Entonces, creo que ahí está la primera gran falencia de análisis que se hizo, porque no es ilegal lo que ha hecho. O sea, él puede aprobar los decretos o puede rechazar los decretos.

Pero él tomó la decisión de que la orden que tenía de los tribunales, entendiendo que esos fallos lo obligaban, tenía que firmarlos directamente. Yo creo que ahí hay un segundo error, y el tercero es no haber disputado esta interpretación a la Corte, teniendo fallos favorables que le permitían, en definitiva, afirmar la tesis de que esto es un beneficio y no un derecho.

—¿Cree que Fernando Rabat debería dejar su cargo?

—Yo me pongo en los zapatos del ministro. Yo viví en el peligro por muchos años. Por lo tanto, es difícil para mí dar una opinión tajante. Pero lo que sí puedo decir es que esta situación va a seguir y la línea política va a seguir su avance.

Solo quiero recordar que en el gobierno del Presidente Boric, la ministra que firmó los indultos del estallido social fue acusada constitucionalmente. Se rechazó la acusación, pero finalmente tuvieron que cambiarla del ministerio. Entonces, el proceso yo creo que va a ser muy duro, muy intenso para el ministro. Creo que debe tener un impacto personal muy fuerte, y el proceso que viene es muy duro.

—¿Cuánta responsabilidad le cabe al ministro y cuánta al Gobierno?

—Yo puedo hacer presente mi situación personal. Yo tomé las decisiones en mi época. No hablé ni con el comité político ni con la Presidenta. Me imagino que ahora debe haber pasado lo mismo. Debe haber sido la definición del entorno político del ministro y la decisión del ministro.

—¿Y cuál es la responsabilidad del Presidente Kast respecto de la crisis? ¿Hay una responsabilidad del Presidente?

—Yo creo que sí. El Presidente es el Presidente. Por lo tanto, el responsable es el que firma, pero desde el punto de vista político, sí tiene una responsabilidad. Él ganó las elecciones diciendo que iba a ser un gobierno de emergencia, y una de las emergencias más relevantes eran los hechos delictuales, la delincuencia, etcétera, y que no iba a haber ningún beneficio ni ninguna situación particular con la delincuencia.

Entonces, que le pase esto dentro de su gobierno… Si bien es probablemente el ministro el que decidió, este es su gobierno, por lo tanto, él tiene una responsabilidad. Por lo menos asumió que era un error, y uno grave. Eso es valorable.

“Esto no se va a enmendar porque el problema se generó, se creó, está en la mente de los ciudadanos”

—Se ha planteado la posibilidad de revertir estas decisiones a propósito de los beneficios que ya se entregaron. ¿Es jurídicamente viable?

—Respecto de la posibilidad de retrotraer, es muy difícil. Hay algunos que yo he escuchado que dicen que podría haber una fórmula, pero creo que es muy difícil porque ya fue notificado. Esta promesa, es muy difícil cumplirla porque las modificaciones que le van a hacer a la ley y que han sido presentadas, que yo las leí hace poco, finalmente van a caer en la interpretación nuevamente de la Corte y puede que lo interprete de otra forma.

El segundo tema que yo me preocuparía: las declaraciones del Presidente cuando le dice al país que cometió un error grave y que a partir de ahora no va a haber ninguna libertad más para ningún violador de niños o algo así. Entonces, cuando uno hace una promesa de esa magnitud, tiene que preocuparse de que el sistema cumpla la promesa que hace.

—¿Cree que la solución de este nuevo proyecto de ley apunta al problema de fondo?

—El proyecto presentado no genera la solución definitiva frente al problema, pero hace cosas interesantes, como un registro público, la relación con las víctimas, establece un criterio de que puede ser aplicada retroactivamente, pero eso va a depender de la interpretación de los tribunales. Entonces, hay que hacer modificaciones adicionales que tienen que ver con el reglamento, que tiene falencias muy grandes.

—¿Cómo se enmienda el problema?

—Esto no se va a enmendar porque el problema se generó, se creó, está en la mente de los ciudadanos. Por lo tanto, eso del error político va a quedar firme.

El tema tiene que ver con las responsabilidades políticas y eso va a seguir el carril de la política. En ese sentido, la política no va a parar, no habrá alguien que va a decir: “Momentito, dediquémonos a resolver el problema y después a la responsabilidad”. No. Eso va a ir en condiciones paralelas.

—Usted mismo señala que el ministro Rabat no hizo nada ilegal. ¿Se justifica entonces una acusación constitucional en su contra?

—Sí, yo hablo desde la perspectiva del conocimiento público. No tengo antecedentes como pueden tener los parlamentarios para definir si incumplió o no sus obligaciones. Pero si se mira que hay casos en que la propia Gendarmería dice que esa persona no tiene posibilidades de rehabilitación, no se ha arrepentido del crimen y, a pesar de eso, se le dio la libertad, claro que hay una situación que es compleja de analizar en su minuto.

—¿El problema está en cómo está redactada la ley, en la interpretación que han hecho los tribunales o en la forma en que el ministro de turno tramita estas solicitudes?

—Las dos primeras son la base del problema, porque no es la ley en su estructura. Puede tener vacíos, probablemente. De hecho, eso es lo que ha generado estas disputas desde el año 2014 hasta ahora, pero es posible de corregir.

Ahora, la estructura del Estado que está intentando darle un incentivo a los presos para que hicieran esfuerzos por rehabilitarse es muy débil. Se ha intentado resolver con el checklist, se burocratizó finalmente, y no hay un incentivo real desde el Estado para que lo que era el propósito se cumpla.

—¿Por qué este problema no se abordó antes por la clase política?

—Yo me acuerdo que desde el 2003 al 2014 no hubo nunca un problema público respecto de la rebaja de condenas. No hay un hecho público que produjera escándalo como lo que se produjo en el 2014, cuando empecé a rechazar los decretos.

Después, cada vez que hay una denuncia pública, la estructura política y la estructura gubernamental actúan. O sea, no existió la idea ni la mirada de analizar cómo estaba aplicándose la ley y hay una respuesta reactiva.

José Antonio Gómez: “Él (Rabat) está complicado políticamente”

—¿Vio la sesión especial de la Cámara en la que expuso el ministro Rabat?

—Lo vi. Vi la sesión completa.

—¿Qué le pareció la defensa del ministro? ¿Cumplió con las expectativas?

—Si fuera una evaluación de abogado, me parece que estuvo bien, pero esa no es una evaluación de un foro de abogados, es un foro político. Es un foro en el cual uno tiene que demostrar que las políticas que yo represento las estoy cumpliendo.

Y creo que ahí fue una defensa muy jurídica, y estamos hablando no de un aspecto jurídico, estamos hablando de un aspecto de políticas criminales o políticas del gobierno en materia de delincuencia, y ahí creo que no lo vi sólido.

—Se habla de que el Gobierno carece de “conexión” con la ciudadanía luego del benzinazo y la frase sobre que no se ocupaba parafina.

—Este gobierno carece de empatía con los problemas que tiene la gente. Y uno tiene que ser cuidadoso, más encima cuando es autoridad pública, con las cosas que dice, porque eso preocupa. Produce inmediatamente un impacto social y político. El ministro Rabat hoy día está en una posición compleja, difícil.

Él humanamente debe estar bastante destrozado, porque en el fondo, una persona que no está en la política, que se mete en la política, que de repente se encuentra con este problema, debe estar muy, muy complicado. Él está complicado políticamente porque tiene al frente una posición muy fuerte que no solo está en la oposición, sino que hay otra gente que ha mencionado su disposición a acusarlo.

—¿Qué tanto pierde el Presidente Kast al insistir en mantenerlo?

—No sé qué pasa en la cabeza de los presidentes con estas cosas. Porque el presidente Boric, en su momento, defendió y mantuvo a gente que a todas luces había que sacarla de inmediato.

—¿Se refiere a Giorgio Jackson?

—Por nombrar uno. También estaba la ministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola. Entonces, da la sensación de que, como que los presidentes dicen: “Bueno, yo tengo que ser leal con él”. Y, en realidad, yo creo que al final se hace un daño al gobierno y le hace un daño también al propio ministro, porque el ministro se debe sentir también comprometido a seguir adelante. Le hace daño, eso sí que no hay duda.

“La oposición ha estado muy disgregada, muy incapaz de lograr acuerdos entre sí”

—¿Cree que la oposición se ha aprovechado de este escándalo para sacar a un ministro del gabinete y ganar un punto político?

—La política es así, porque esto pensemos que en el gobierno anterior también y en el anterior. No es posible criticar a la oposición hoy día porque está haciendo un punto político, porque es política y ellos consideran que hay una responsabilidad política, no solo del ministro, sino también del gobierno.

Entonces, obvio que va a haber una discusión política. Por eso, yo digo: la política tiene que seguir su camino, que es imparable, y las otras hay que tratar de encauzarlas de la mejor forma.

—El diputado Bassa fue criticado por vincular esta rebaja de condenas con una red de pedofilia internacional.

—Es una acusación grave. Por lo tanto, cualquiera que diga algo así, y si tiene los antecedentes, tendría que ponerlos a disposición del Ministerio Público, porque eso sí que es una acusación gravísima que hay que sustentarla.

—¿Cómo vio el retorno de Michelle Bachelet a la primera línea de la contingencia y que no haya descartado una tercera carrera presidencial?

—La oposición ha estado muy disgregada, muy incapaz de lograr acuerdos entre sí. Es decir, incluso como oposición, de repente sale una norma, una reforma constitucional del Presidente Kast, queriendo tener autonomía para meterte preso, para revisar tus comunicaciones, facultades que nunca nadie se las puede atribuir, excepto en una dictadura. Entonces, si tú te fijas, la oposición estuvo bastante conflictuada.

La aparición de la presidenta Bachelet tiene una gracia importante que tiene que ver con la cohesión que ella produce. O sea, el respeto que todos le tenemos y, por lo tanto, si ella asume un rol importante, de no opositora, yo estoy en la lógica de que no se trata de levantar a la Presidenta en oposición al Gobierno, sino que levantar a la Presidenta y ella misma en proposiciones importantes para el país que este gobierno está haciendo mal. Y yo creo que eso aglutina a la oposición. Por eso me parece interesante su aparición.

—¿Y para volver a ser candidata?

—Si ella decide ser candidata presidencial, también es un activo para todos los que creemos que el camino de gobernar es otro, y además tenemos el ejemplo de Lula, que es muy importante en términos de esa capacidad de desarrollar una política que le haga sentido a la gente.

“Hay algo que ha quedado bien firme y asentado: que la experiencia no se compra ni se obtiene”

—En ese contexto, ¿cómo vio la polémica entre el PS y el PPD por el senador Araya?

—Eso demuestra lo que le está pasando a la oposición. Porque cuando un parlamentario de un partido de oposición, que se supone que actúa en conjunto, toma una decisión propia que afecta al conglomerado, es un problema de cohesión.

No critico ni aplaudo lo que hizo el senador Araya, digo que para actuar en bloque como oposición, incluso propositiva, hay que hacerlo en conjunto.

—¿Y cómo vio la aparición del expresidente Boric junto a la expresidenta?

—Son los dos presidentes de centroizquierda e izquierda que están hoy día vigentes y, por lo tanto, ambos juntos pueden ser una buena estructura política.

—Si alguno de los dos fuese presidente de nuevo, ¿a usted le gustaría que fuese la expresidenta Bachelet?

—Sin duda.

—Ahora que volvió Bachelet, y usted habla de estar alejado de la primera línea política, ¿le gustaría volver a la política más contingente o a un cargo público?

—Siempre el que nace chicharra muere cantando, no sé cómo es el dicho. Bueno, a mí me gusta la política y, claro, me integro en todo. Lo que pasa es que no estoy en la primera línea, pero estoy en la política, estoy conversando y participo en reuniones.

—Su excompañero de partido Jaime Campos volvió a la política y al gabinete de José Antonio Kast.

—Yo no lo haría. Segundo, Jaime tomó una decisión personal y él decidió integrarse a un gobierno que, en mi opinión, tiene políticas extremadamente distintas a las que hemos desarrollado por años los radicales.