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Opinión

12 de Marzo de 2014

Tortura de PDI a estudiante: Chadwick avaló secreto de actividades de agentes de inteligencia acusados de espionaje informático

El oficio llegó la semana pasada a la Corte de Apelaciones de Santiago y en él Chadwick da sustento a los argumentos de la policía civil respecto de que si se revelaban las acciones de sus espías en las marchas estudiantiles, se violaba la Ley de Inteligencia. La determinación de Chadwick es una verdadera vuelta de carnero, luego de que en enero pasado, en una puesta en escena junto al Fiscal Regional Centro Norte en La Moneda, se dijo que todo estaba solucionado y que se podría llegar a la verdad. En tanto, este martes el único detective formalizado en este caso, Flavio Torres, declaró por más de tres horas con la fiscal del caso Ximena Chong, pero no entregó nuevos antecedentes.

Jorge Molina Sanhueza
Jorge Molina Sanhueza
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La semana pasada, a pocos días de dejar el cargo, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, envió un breve informe a la Corte de Apelaciones de Santiago. En él confirmaba que la Fiscalía Centro Norte podía acceder a las identidades de los agentes de la Brigada de Inteligencia Policial de la PDI (BIP) vinculados a la detención, tortura y espionaje informático al estudiante César Reyes, ocurrido en mayo de 2013, pero que no podía requerir más antecedentes respecto de los detectives

De esta forma, Chadwick se negó a levantar el secreto que entrega la Ley de Inteligencia a las actividades de los ratis-espías y dejó en una situación absurda a la fiscal del caso Ximena Chong: podrá acceder a los nombres de los agentes, pero no podrá conocer por qué estaban ni qué hacían ese día en la marcha estudiantil. Estos detalles son vitales para cualquier investigación del Ministerio Público, ya que al exponer los hechos ante un tribunal de garantía, la justicia necesita conocer los hechos para resolver.

En este sentido, Chadwick ratificó los argumentos entregados por la PDI en febrero pasado,  en los que se apeló a que el sólo hecho de conocer las actividades de los agentes de la BIP, ponía en riesgo su seguridad y las futuras diligencias en las que podrían participar.

La decisión se da pese a que en enero pasado, luego de una verdadera negociación –y puesta en escena junto al fiscal regional Centro Norte Andrés Montes en La Moneda- el otrora jefe de gabinete adujo que todo estaba solucionado, que la indagatoria seguiría su curso normalmente y que nadie estaba sobre la ley.

Puro cuento

Hay que recordar que en este caso, se encuentra formalizado el detective de la Brigada de Robos (BIRO) Flavio Torres por los apremios a Reyes, como también por haberlo obligado a entregar la clave de su Facebook –hecho que ocurrió en la unidad policial- para conocer  sus relaciones y seguidores.

Actualmente, Torres está en prisión preventiva en una unidad PDI y ha intentado en al menos dos oportunidades obtener su libertad, pero le ha sido denegada por la judicatura, atendido que en su calidad de agente del Estado violó la normas básicas de su cargo.

De hecho Torres este martes declaró por más de tres horas con la fiscal Chong, pero no entregó ningún detalle nuevo. De allí que sea altamente probable que siga afectado con la medida cautelar. En tanto, en el sumario que la PDI realizó por estos hechos, el fiscal administrativo que lo sustanció, dejó por escrito que no interrogaría a los agentes de la BIP y sólo se limitó a determinar responsabilidades de los detectives de la BIRO.

¿Aló?

La causa fue analizada ayer por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, previo análisis del oficio enviado por Andrés Chadwick.

De acuerdo a los antecedentes recabados por este diario, los magistrados evitarían pronunciarse sobre la petición de la fiscalía, ya que la información, a su juicio, estaría entregada.

De cumplirse esta decisión, el Ministerio Público debería recurrir a una instancia superior o insistir ante la autoridad en la entrega de la información.

El asunto podría cambiar diametralmente, atendido a que en la cartera de Interior, ahora se desempeña Rodrigo Peñailillo.

En la fiscalía apuntan a que resulta esperanzador que la nueva autoridad acceda a levantar la Ley de Inteligencia, porque de lo contrario sólo habrá un responsable, en circunstancias en que otros detectives también actuaron fuera las normas.

Lea la presentación del Fiscal Regional

 

Lea el oficio de la PDI con la “sugerencia”

 

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