Quién es el empresario argentino acusado de comprar cientos de hectáreas en la frontera chilena y poner en riesgo la soberanía del país

Una denuncia por la compra de terrenos en una zona de la frontera entre Chile y Argentina, en la comuna de Futaleufú, puso en el centro del debate a un grupo de inversionistas argentinos encabezados por el empresario Jorge Becerra Urbano. El caso involucra la adquisición de más de 200 hectáreas en el sector del lago Lonconao, una zona considerada “totalmente fronteriza” y sujeta a restricciones especiales por razones de seguridad nacional.

¿Quién es Jorge Becerra?: el ciudadano argentino que habría eludido la normativa chilena

Jorge Becerra es un ingeniero industrial argentino, formado en la Universidad de Buenos Aires, con una trayectoria vinculada al mundo financiero y corporativo, ejerciendo una influencia relevante en el ámbito corporativo chileno, ya que desde 2022 integra el directorio del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), y ha participado en instancias internacionales como el consejo de TECHO Internacional.

También ha tenido vínculos con proyectos en Argentina, incluyendo colaboraciones con el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

¿Pero cuál es su relación con la compra de las hectáreas en Futaleufú?

La adquisición de estos terrenos se realizó a través de la sociedad Inversiones Rumbo Sur SpA, constituida en Chile y cuya propiedad formal recae en la ciudadana chilena Paula Lizana Calderón, según registros del Diario Oficial. Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes disponibles, la sociedad estaría vinculada a capitales argentinos, entre ellos Becerra, junto a Teresa Taschetti y Sofía Becerra Tascheti.

Aquí el problema: la compra no respetaría la Ley N° 1.939 de 1977, promulgada en momentos de tensión con Argentina por la frontera patagónica, y que prohíbe la adquisición de terrenos en zonas fronterizas por parte de ciudadanos de países limítrofes, salvo autorización especial.

Según la denuncia del empresario Antonio Carracedo, quien hace diez años recibió a tres ciudadanos interesados en adquirir suelos en nuestro país, durante el proceso de compra de las 260 hectáreas, se habría omitido la nacionalidad argentina de los involucrados, presentándose ante la notaría como ciudadanos españoles y con un pasaporte italiano, lo que permitió concretar la operación.

Vecinos afirman que además Becerra tendría otros terrenos en Río Chico, ubicado también en Futaleufú, pero en un terreno aún más cercano al límite con Argentina, lo que traería problemas respecto a la seguridad y soberanía nacional.

En el marco de la comisión especial de zonas extremas y territorios especiales, el senador Fidel Espinoza, advirtió sobre la situación y aseguró que “es tremendamente irregular, ilegítima, peligrosa para la soberanía del país,  la compra de miles de hectáreas de la zona fronteriza por parte de un argentino”. 

El parlamentario añadió que “el subterfugio que ha utilizado este personaje, es utilizar una segunda nacionalidad que tiene y eso pone en riesgo la soberanía del país”, y anunció que ofició al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado sobre la materia. 

En qué está el caso que incumpliría la normativa sobre compras en la frontera

Tras la adquisición, los terrenos habrían sido subdivididos en parcelas con fines de comercialización, lo que generó preocupación entre vecinos del sector. Además, se han levantado cuestionamientos por eventuales intervenciones en un área considerada de alta biodiversidad en la Patagonia y los alrededores del lago Lonconao, lo que suma una arista medioambiental a esta polémica, además de los problemas vinculados a la seguridad nacional al ser una zona ubicada en la frontera con Argentina.

La situación fue dada a conocer públicamente tras la denuncia del empresario Antonio Carracedo hace casi una década. Actualmente, no existe una resolución judicial definitiva, y mientras continúan las dudas sobre la legalidad de la operación, el caso podría prescribir en mayo de este año si no se llega a un veredicto.

Desde la defensa de Becerra, se ha señalado que la compra se realizó de buena fe y conforme a la normativa chilena vigente.