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Una querella criminal en contra del holding Penta por los delitos de estafa y apropiación indebida por más de $ 2.000 millones, presentará en las próximas semanas el empresario Jorge Charbín Lautaris.

La acción legal, confirmada a The Clinic Online por el abogado Giorgio Marino, contendrá antecedentes sobre el presunto abultamiento ilegal de gastos a través de contratos con empresas relacionadas al grupo, pérdidas aparentemente anómalas y una denuncia a SII, que apuntan a Penta Capital de Riesgo (PCR), Inversiones Penta III. El libelo debiera debería sumarse a la investigación que lleva el fiscal oriente Carlos Gajardo en contra del holding.

Según indicó Marino, los hechos que afectaron el patrimonio de su cliente comenzaron a gestarse en julio de 2004 cuando Charbín se alió con PCR para agrandar su empresa Vidriería La Argentina. Para ello crearon la sociedad PH Glass, firma que hoy figura como uno de los éxitos empresariales de PCR, como se lee en su página web.

En esa oportunidad PH Glass quedó conformada con 70% de la propiedad de parte de Penta III Limitada y el resto de Vidriería La Argentina (VLA) y un porcentaje menor de Charbín como persona natural. El capital de la sociedad era de poco más de $ 1.500 millones.

Hay que recordar que Inversiones Penta III es una de las sociedades denunciadas la semana pasada por el SII por el uso de boletas falsas, en la arista del llamado Pentagate, cuyos dueños son Carlos Alberto “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Los mismos

Siguiendo con la historia, el 23 de marzo de 2005, se ejecutó un pacto de accionistas tendiente a limitar la facultad del socio mayoritario de realizar aumentos de capital, salvo que se agotaran las instancias para obtener financiamiento externo.

A poco de este acuerdo y pese a que PH-Glass pasaba por apuros económicos, Penta ejecutó contratos de asesorías con sus empresas relacionadas por 25 millones mensuales que se extendieron por 4 años, según Marino. Estos se dividían en el arriendo de “segundas oficinas” a Inmobiliaria Penta en el edificio del holding (10 millones) y otros 15 por asesorías financieras a los especialistas del grupo.

Pues bien, entre 2006 y 2009, la crisis sub-prime afectó a la industria del vidrio y la empresa pasó por momentos difíciles, pero este tipo de gastos continuaron.

PH-Glass, controlada por Penta, recorrió los bancos de la plaza buscando financiamiento para salir de la supuesta crisis de la empresa. Las entidades estaban dispuestas a aprobar créditos, siempre y cuando el aval para el dinero fuera Penta y no PH-Glass que tenía como socios minoritarios a VLA y Charbín.

De esta forma, los controladores de PH-Glass (Penta) convocaron a un directorio y realizaron un aumento de capital el 16 septiembre de 2009, por $ 4.200 millones que habría sido utilizado para pagar las deudas de las empresas relacionadas de Penta.

Charbín, junto con renunciar al directorio y perder un porcentaje importante de su participación, demandó en octubre de ese año a Penta ante el juez arbitral Sergio Urrejola, ex presidente del CDE.

En su presentación, también patrocinada por Marino, acusó una estrategia de Penta para “diluir” su presencia en la compañía mediante al aumento de gastos innecesarios para generar pérdidas.

Sin mí…

En la tramitación del arbitraje, Penta negó los dichos de Charbín y aseguró que en todo momento estuvo de acuerdo con las políticas de inversión, los gastos ejecutados y que de no mediar el aumento de plata, PH-Glass se habría ido a la quiebra.

En enero de 2011, mientras se tramitaba este arbitraje, Charbín concurrió al SII de la Zona Oriente a denunciar a Penta, por las presuntas pérdidas creadas para rebajar impuestos, según se lee en el documento al que accedió este diario.

En 2012 insistió a través de su abogado ante el organismo, pero hasta ahora el fisco no ha dado señales de vida.

Recientemente, Urrejola acogió los argumentos del empresario e impuso una multa a Penta de casi $ 160 millones por violar el pacto accionario, reconociendo que el aumento de capital fue hecho fuera de las normas contenidas en el contrato.

El abogado Marino, indicó que junto a la querella criminal, incluirán también la nulidad de derecho público del aumento de capital.

Este diario intentó obtener una versión de parte de Penta, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.