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Opinión

29 de Enero de 2015

Columna: Corrupción y muerte

Frente a los últimos hechos ocurridos en Argentina no debemos colocarnos en la cómoda posición de espectadores externos frente a una realidad que podríamos considerar como ajena y distante, sino que por el contrario, nos debe hacer reflexionar acerca de nuestra propia realidad y como debemos enfrentar los graves hechos de corrupción que se han […]

Mauricio Daza
Mauricio Daza
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protesta nisman efe

Frente a los últimos hechos ocurridos en Argentina no debemos colocarnos en la cómoda posición de espectadores externos frente a una realidad que podríamos considerar como ajena y distante, sino que por el contrario, nos debe hacer reflexionar acerca de nuestra propia realidad y como debemos enfrentar los graves hechos de corrupción que se han revelado recientemente en nuestro país.

El día 18 de julio del año 1994 a las 9:53 horas, una camioneta llena de explosivos se estrelló en contra del edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la ciudad de Buenos Aires. Además de destruir por completo el edificio, matar a 85 de sus ocupantes y herir a otros 300, este atentado terminó con la vida de 18 personas que estaban pasando por el lugar o que se encontraban en edificios adyacentes. Esa mañana no sólo se consumó el peor atentado terrorista de la historia de Argentina y uno de los más abominables de que tengamos memoria a nivel latinoamericano, sino que además puso inicio a una trama de corrupción y muerte cuyo último capítulo hemos vivido en días recientes con la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Este abogado penalista y académico de la Universidad de Buenos Aires, padre de dos hijas, fue designado el año 2004 a instancias de Néstor Kirchner para investigar el caso AMIA, avanzando en la hipótesis de que los autores eran funcionarios del gobierno iraní vinculados con la organización Hezbolá, descartando las líneas investigativas que hasta ese momento vinculaban el atentado con Siria y miembros de la policía local. De esta forma solicitó el año 2006 ordenes de captura internacional en contra de los sospechosos, entre los que se encontraba el ex presidente de Irán, Ali Rafsanjani. Incluso el año 2008 Nisman llegó a solicitar la detención del ex presidente Menem y de un juez, bajo cargos de encubrimiento y obstrucción a la justicia, al sostener que ellos habían construido un montaje para desviar la investigación a través de la fabricación de pruebas falsas y la destrucción de evidencia verdadera. Todo lo anterior determinó que empeoraran aún más las relaciones entre Argentina e Irán, las que se ya se mantenían en un precario estado desde la fecha del atentado.

Motivado por la necesidad de generar nuevas alianzas frente al mayor aislamiento internacional generado por las políticas de las administraciones Kirchner y ante la crisis energética del país trasandino, se firmó el año 2013 un “memorándum de entendimiento” entre Argentina e Irán el cual levantó muchas criticas y dudas, las cuales se profundizaron abruptamente cuando hace sólo algunos días el fiscal Nisman aseguró contar con grabaciones telefónicas que darían cuenta que entre las condiciones no reveladas de tal acuerdo se encontraba que el gobierno argentino realizara acciones que permitieran paralizar la persecución criminal por el caso AMIA en contra de imputados relacionados con el gobierno iraní, todo esto a cambio de relaciones comerciales y el intercambio de petróleo por granos. Frente al revuelo de esta denuncia, el fiscal fue citado a una sesión pública en el congreso argentino para que diera cuenta de los antecedentes en que fundó su denuncia, lo que finalmente no ocurrió, ya que fue encontrado muerto la noche anterior en su residencia.

La hipótesis de que esta muerte se debió a un simple suicidio, que desde un principio parecería inverosímil, hoy se hace mucho menos presentable a partir de los nuevos antecedentes los cuales dan cuenta que el arma utilizada no dejó rastros de pólvora a las manos de Nisman. A lo anterior se suma que el secretario de seguridad del gobierno de Cristina Fernández entró al sitio del suceso antes de que llegara el juez y el fiscal a cargo de la investigación, todo lo que va en contra de los procedimientos regulares para este tipo de casos. Además recientemente se han conocido versiones que dan cuenta que uno de los accesos al departamento del fiscal se encontraba abierta, además de que las pruebas forences habrían señalado que la distancia en que se efectuó el disparo no es consistente con la hipótesis del suicidio, la cual incluso ha sido descartada en múltiples declaraciones públicas por la propia Presidenta Argentina.

Pero en definitiva, se haya tratado de una muerte causada por un tercero o de un simple suicidio, la muerte del fiscal Nisman sólo se puede explicar en un contexto de descomposición institucional de un país que ha sufrido históricamente por no contar con gobernantes que estén a la altura de sus ciudadanos. Este trágico camino que comienza con una corrupción generalizada e impune puede terminar con la degradación de la democracia, cobrando incluso víctimas fatales.
Lo anterior debe servirnos de lección para definir la forma en la cual tenemos que actuar como sociedad cuando nos encontramos con la revelación de que, personas que han sido protagonistas de la vida política de nuestro país durante las últimas décadas, han participado en hechos que hoy se cuestionan como irregulares, los cuales incluso constituirían graves delitos cometidos en contra del fisco y de la fe pública.

Tratar de minimizar estos hechos, buscando que finalmente no sean sancionados bajo la formula del empate, o sosteniendo formulas de impunidad a partir de argumentar razones de estado, no constituye sólo una burda forma de beneficiar a un grupo de personas que se burlaron de la ley y de la ciudadanía, sino que además constituye un artero ataque a las bases de nuestro estado de derecho.

Es por esto que debemos tener conciencia que el castigar de manera ejemplar y efectiva, los denominados “errores involuntarios”, los inverosímiles “almuerzos” de 20 millones de pesos, las boletas y facturas falsas de terceros emitidos por servicios inexistentes para financiar ilegalmente campañas políticas, como todo acto real de corrupción, no sólo es necesario para que se haga justicia, sino que resulta imprescindible para asegurar la viabilidad a largo plazo de nuestra institucionalidad. De otra forma comenzaremos a recorrer una senda que Argentina lleva transitando desde hace mucho, y cuyos lamentables resultados están a la vista.

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