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Nacional

9 de Abril de 2015

La fallida reconstrucción de Valparaíso

Hasta ahora sólo un 17% de los damnificados han conseguido un subsidio y algunos murieron en sus mediaguas esperándolo. Los arquitectos y profesionales involucrados cuestionan el rol de Andrés Silva, el delegado presidencial para la reconstrucción, la excesiva burocracia del sistema y la ausencia de conducción en un proceso que ya entera un año. Con la reciente catástrofe en el norte y las duras críticas de los porteños, el 12 de abril el Gobierno deberá hacer rendiciones sobre su cuestionado trabajo para resucitar de las cenizas a Valparaíso.

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Luego de que ardiera su casa Manuel Gajardo, de 81 años, recibió una mediagua por parte de la municipalidad. Allí durmió los primeros días recostado sobre planchas de plumavit. En el invierno debía salir de la vivienda para ir a los baños químicos habilitados en el Cerro El Litre. Fue así como contrajo neumonía y terminó internado en el hospital Van Buren. Su esposa, Gabriela Navarro, de 70 años, culpa a la mala terminación de la mediagua: “Se pasaba el viento por todos lados”. En el centro asistencial estuvo 12 días, agravándose la diabetes que, hasta antes del incendio, tenía controlada. El 12 de agosto, a exactos cuatro meses del incendio, falleció. Murió esperando un subsidio. Para Gabriela, el motivo de la muerte de Manuel trascendió al parte médico: “Lo superó pensar que a su edad tenía que empezar todo de nuevo”.

Como en el caso de Gabriela y Manuel, fueron 3289 las familias afectadas por el incendio. A 3052 de ellas se les autorizó para recibir un subsidio: 1258 para reconstrucción o reparación de su casa en el mismo sitio y 1794 para comprar construcciones existentes o viviendas en construcción. De ese total, se otorgaron 1737 subsidios, y, según la delegación presidencial para la reconstrucción, tan solo 620 de ellos han sido entregados. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sin embargo, señala que son 447, es decir, solo el 14,64 % de las familias autorizadas para acceder a un subsidio lo han recibido efectivamente. A este ritmo de tramitación, en 6 años y 10 meses se cubriría la demanda de todos los damnificados.

Según cifras entregadas por la delegación, de los 491 subsidios entregados para reconstrucción de vivienda propia o reparación, hay 50 familias que ya lo comenzaron a usar y están construyendo su casa, pero solo 16 están totalmente terminadas. Las familias que todavía no han podido acceder a este subsidio, deben regularizar la situación de sus terrenos para cumplir estándares de seguridad y de urbanización mínima para recién poder postular.

ANDRÉS SILVA, EL DELEGADO

Martes 31 de marzo. Desde un punto de prensa emplazado por miembros de la delegación presidencial para la reconstrucción, en el cerro Merced, se ve la quebrada Los Chonos y decenas de viviendas levantadas con planchas de material ligero y zinc, en el mismo lugar por donde el fuego pasó un año atrás. “Los proyectos que vamos a ejecutar aquí requerirán que las personas salgan de las zonas inseguras, como los fondos de las quebradas”, responde Andrés Silva, delegado a cargo del proceso de reconstrucción del puerto, cuando le preguntan qué pasará con la gente que vive en esas tomas.

Silva asumió como delegado presidencial para la reconstrucción con un presupuesto de 510 millones de dólares destinados a levantar la ciudad. Ese mismo día Michelle Bachelet eligió a otros dos personeros para el terremoto del norte. No era la primera vez que la Presidenta nombraba a delegados para enfrentar catástrofes. En su primer gobierno, designó a Paula Narváez para atender la emergencia tras la erupción del volcán Chaitén y a Laura Albornoz y Paula Forttes para el 27/F.

Silva, según información de Gobierno Transparente, ganaría poco más de 7 millones de pesos y ha generado polémica los últimos meses por comprarse una casa en Cerro Castillo avaluada en 330 millones. El delegado presidencial participaría en dos sociedades comerciales. Una de ellas es Celap, una oficina de asesorías parlamentarias que fundó en el año 2004 junto al abogado Marko Tapia. La empresa, según consignó Ciper el año pasado, fue la tercera de su rubro que más dinero recibió por asesorar a diputados de la Concertación, en su mayoría socialistas, alcanzando los 215 millones de pesos. Otra de sus sociedades es GYSA Limitada, una consultora de inversiones inmobiliarias que formó en 2012 con el ex concejal RN Carlos Gómez. Un antiguo funcionario de la municipalidad describe la relación entre ambos como “una alianza de mutua conveniencia”, por los contactos políticos que cada uno maneja.

Pero su relación con la región de Valparaíso tiene mayor data. Egresado en 1999 de derecho en la Universidad de Valparaíso, entre 2000 y 2004 fue jefe de gabinete de Jorge Kaplan, por entonces alcalde de Viña del Mar. Un ex compañero de derecho lo recuerda como una persona hábil en la política y llevada a sus ideas: “En las asambleas nos decía a todos que sí, pero al final siempre se hacía lo que él quería”, recuerda.

Fue seremi de Vivienda en Valparaíso, entre 2006 y 2008, y director del Serviu Metropolitano durante el primer gobierno de Bachelet. Su último cargo en el aparato estatal le costó una demanda que lo llevó a tribunales el año pasado. La Empresa de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), Red Almarza, se querelló contra él y la ministra de Vivienda en ese entonces, Patricia Poblete, por estafar y defraudar a más de 10 mil personas que contaban con certificados para recibir un subsidio para vivienda usada del Fondo Solidario. Según los antecedentes, las familias cumplían con todos los requisitos y se enteraron, a través de una declaración de Andrés Silva en junio de 2009, de que no quedaban fondos para casas usadas porque la mayor parte de los recursos se usarían en construir viviendas nuevas. Aun así, el Serviu siguió ingresando peticiones de subsidios, mientras las familias esperaban una solución a sus solicitudes. “La responsabilidad de cerrar la ventanilla era de Silva. Jurídicamente hay fondos cuando la ventanilla está abierta, y no había recursos según el Serviu. Yo creo que hubo una intención de engaño”, dice Sergio Almarza, dueño de la EGIS que gestionaba las soluciones habitacionales. Para Silva, en cambio, las acciones legales que entablaron en su contra fueron parte de una maniobra de la gestora inmobiliaria para justificarse ante sus clientes. “Se les hizo creer que por el solo hecho de postular a un subsidio estatal, se obtenían automáticamente, lo cual nunca ha existido en la legislación chilena”.

La Contraloría, finalmente, sobreseyó el caso en enero de este año. “Fueron cuatro dictámenes donde se determinó que no existieron faltas administrativas de ningún funcionario del Serviu y del Minvu”, agrega Silva.

El delegado es militante del PS desde su juventud, y según fuentes del partido, pertenece al grupo de los terceristas, militantes jóvenes de la línea de Isabel Allende, en su mayoría funcionarios del gobierno o cercanos a él. Dicen que lo conocen poco, que no es una figura relevante y no está en las reuniones. “No conozco que participe en alguna instancia comunal o que haga vida partidaria. Pero tiene buenas conexiones para llegar al gobierno”, cuenta Jaime Fuentealba, CORE en Santiago y postulante al comité central del partido. “La característica de personajes como él es que son funcionarios, entran al aparato estatal por cualquier puestito y usan al partido como algo instrumental. Yo dudo que le interese el tema de la política, debe saber muy poco de la historia del PS”. Fuentealba cree que al elegir a Silva como delegado, el gobierno desconoció sus antecedentes como director de Serviu Metropolitano y que podrían haber puesto a alguien con más experiencia política: “Es un error que esos cargos técnicos, como el de Silva, sean poco políticos, sobre todo en estos temas en que hay que trabajar con la población. Se necesita alguien con más trayectoria”.

Las críticas a su perfil meramente técnico no provienen solo de su partido. Un profesional que ha trabajado con él en proyectos de reconstrucción en Valparaíso y que prefiere no dar a conocer su nombre, critica su incapacidad para contener el drama que se vive en los cerros afectados. “No es apasionado, simplemente es un tecnócrata que tiene 510 millones de dólares en la chequera, no es un tipo que esté involucrado en la realidad social y no tiene la vocación”, explica. Según él, luego de unos meses del incendio, la delegación abandonó su función informativa y desapareció de los terrenos. “La gente vive de los rumores porque no hay información transparente, no hay una información oficial que esté a la mano”.

Otro de los cuestionamientos que tienen los porteños involucrados en la reconstrucción es sobre el rol del delegado. “Su función es reemplazable. No existe en la estructura administrativa, no tiene ningún cargo. Podría haber, como en Medellín, una organización público-privada especialista en desarrollo urbano, con leyes y poder de ejecución. Andrés Silva, en cambio, no tiene ninguna facultad para ejecutar”, dice Marcelo Ruiz, arquitecto de la organización porteña Plan Cerro y de Metropolítica.

El arquitecto Alberto Texidó, también de Metropolítica, apunta sus críticas en la misma dirección y dice que con o sin delegado, la situación de Valparaíso sigue siendo igual. “Se quemó en 2013, 2014, ¡y ahora en 2015! ¿Cuál es la diferencia con o sin delegado? No aceleró ningún proceso. Con la maquinaria estatal bien operada no debiera necesitarse un delegado, debe empoderarse la función del intendente”, alega. El CORE UDI de Valparaíso, Manuel Millones, trata de ser más comprensivo y asegura que Silva está sufriendo porque tiene que lidiar con una estructura muy burocrática: “Es habilidoso, serio e inteligente. Se mueve muy bien, por eso es el tipo que todos los políticos quieren”.

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LAS TRABAS

A las 9 de la noche Marcelo Benítez prendió la televisión en la casa de su mamá. Después de haber dormido una siesta se enteró de que Valparaíso estaba en llamas y el cerro Merced, donde vivía, se estaba quemando. Se asomó a la ventana y vio un resplandor rojo en el oriente de la ciudad. Tomó un colectivo que lo dejó en la subida de su casa, intentó salvarla, pero las llamas se lo impidieron. Benítez perdió todo. Desde aquel día no ha parado de hacer trámites para poder reconstruir su vivienda. “Al principio eran colas interminables, mínimo de dos horas, solo para que te atendieran. No te trataban bien ni te explicaban sobre la documentación que necesitabas. Era caótico. Nadie sabía a dónde ir, con quién hablar. Y yo estaba súper mal sicológicamente”, cuenta el fotógrafo de 32 años.

Un año después de la catástrofe aún no empiezan las obras para arreglar su vivienda debido a las constantes observaciones del Serviu. “Me pidieron un papel notarial que tienen que firmar mis vecinos y eso nos ha retrasado”, alega. De los proyectos habitacionales propuestos por inmobiliarias y oficinas de arquitectos para cubrir la demanda de quienes quieren reconstruir su casa en su propio sitio, o comprar una vivienda nueva, no hay ninguno terminado y los plazos estipulados no se están cumpliendo.

El proyecto de la oficina de arquitectura Borde Urbano, con la que Marcelo Benítez reconstruirá su hogar, debería haber empezado las obras en septiembre del año pasado, pero están estancados porque el Serviu todavía no ha contratado a la empresa constructora. Según el director de la oficina, Raúl Araya, les piden muchos requisitos y trámites innecesarios. “Los subsidios de nuestras familias se entregaron en octubre, noviembre y diciembre, viene el invierno, y aún no podemos comenzar una obra. En situaciones de emergencia el Estado, en vez de simplificar las cosas, se dedica a colocar trampas en el camino”, reclama Araya. Según arquitectos de Plan Cerro, muchas oficinas de arquitectos y constructoras están abandonando sus proyectos porque el Serviu se demora mucho en el proceso de contratación o el municipio no realiza el trámite de recepción de obra. Los damnificados no pueden comprar sus casas sin verlas terminadas, la empresa no recibe ingresos en un período muy largo de tiempo y se le hace poco rentable construir. Los más perjudicados son los futuros propietarios, que sin explicaciones por parte de la empresa ni del Serviu, observan cómo su solución habitacional se entrampa.

Respecto a las críticas sobre la excesiva burocracia, Silva responde que no es tal. “Muchos de los retrasos son por falta de infraestructura vial. Hoy todas las familias de Valparaíso deben tener permisos de edificación y eso no ocurría antes del incendio. No podemos permitir que se reconstruya de forma insegura”.

El conjunto habitacional más grande y cercano al centro que se planea construir es el de la empresa inmobiliaria Asvicorp y la constructora Edifika. Serán 154 departamentos en total que se construirán en el antiguo fundo El Pajonal de la familia Riegel, uno de los lugares donde más se propagó el fuego. De esos, 60 serán para damnificados y cada uno tendrá un valor de 900 UF (21 millones) que es el máximo monto que entrega el Estado. “Yo creo que este es el proyecto más emblemático de la reconstrucción y el que se llenó primero. Todo el mundo quería estar en Parque Pajonal y los cupos se llenaron muy rápido”, cuenta un profesional involucrado en la iniciativa. Según él, a la constructora se le dio un plazo hasta el 31 de marzo para comprar el terreno, pero hasta la fecha aún no se ha hecho la transacción. “La gente pregunta qué pasa con el proyecto, por qué aún no empieza y yo veo que las cosas, simplemente, no pueden ir más rápidas”, dice. Según sus estimaciones, el conjunto habitacional debería estar listo en 2017.

La misma fuente cuenta que uno de los principales temores que tiene el Serviu es que los damnificados con subsidios de hasta 530 UF (12,5 millones) no puedan usarlos, porque los departamentos que antes costaban eso subieron sus precios y se hicieron accesibles solo para los damnificados que cuentan con el subsidio de 900 UF. Andrés Silva, al ser consultado por The Clinic, afirma que se está haciendo un seguimiento a las personas para evitar que se produzcan abusos y que el sistema de subsidios garantice la libertad absoluta de las personas para elegir su solución. “Esa libre elección no quiere decir que el Estado deba dejar de acompañar a esas familias, que a veces tienen escasa preparación para enfrentarse a los vendedores”, dice.

QUIÉN LIDERA

Una de las principales preguntas que surgen en las discusiones sobre el proceso de reconstrucción es quién lo conduce y quién responde por los resultados. “Tienes a la delegación presidencial con su equipo, por otra parte al Serviu con otros equipos, y a la Intendencia, que ha sido irrelevante. A mi juicio, nadie ha liderado esto”, precisa el arquitecto de Bordeurbano Rodrigo Araya. El intendente, Ricardo Bravo, afirma que no existe descoordinación y que cada uno de los organismos del proceso tiene su función. Para él es claro quién es el que responde: “Yo soy el que tengo responsabilidad política, el delegado no la tiene”. Andrés Silva, en cambio, dice que ambos deben responder: “Los delegados, en coordinación con el intendente regional, tenemos que velar para que se produzca la atención a las personas damnificadas. Políticamente eso es responsabilidad de los dos”.

“Viendo las demoras y los entrampamientos burocráticos, uno se pregunta si es necesario que exista un delegado presidencial para la reconstrucción”, comentó un arquitecto, sentado a dos puestos de Silva, en un encuentro sobre reconstrucción que los tenía como expositores, en la oficina de arquitectos “Din 399”, del cerro Panteón. Tras esas palabras algunos asintieron con la cabeza y otros comentaron en voz baja la interpelación. Entre los asistentes del público estaba el intendente Ricardo Bravo. Andrés Silva parecía incómodo, como nunca antes se le había visto en público. El 12 de abril se cumple un año del incendio y tendrá que rendir ante el país los avances de la reconstrucción, en medio de un torbellino de críticas y cuestionamientos.

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