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Opinión

8 de Octubre de 2015

Milicogate: El silencio de Burgos y Gómez

El Congreso y el gobierno chileno han mantenido un amplio silencio sobre las millonarias defraudaciones ocurridas en el Ejército con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, eludiendo hasta ahora abrir una comisión investigadora en el Congreso y exigir explicaciones públicas al general Humberto Oviedo, entre otras medidas. Una primera señal de esta cautela […]

Mauricio Weibel Barahona
Mauricio Weibel Barahona
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El Congreso y el gobierno chileno han mantenido un amplio silencio sobre las millonarias defraudaciones ocurridas en el Ejército con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, eludiendo hasta ahora abrir una comisión investigadora en el Congreso y exigir explicaciones públicas al general Humberto Oviedo, entre otras medidas.

Una primera señal de esta cautela fue la actuación del antiguo ministro de Defensa, Jorge Burgos, quien tardó ocho meses en informar al Servicio de Impuestos Internos y al Consejo de Defensa del Estado de lo sucedido. Lo hizo finalmente en diciembre de 2014, en persona y ante las máximas autoridades de ambas instituciones. No se sabe, sin embargo, cuándo comunicó los hechos a la presidenta Michelle Bachelet.

Su sucesor, José Antonio Gómez, ha mantenido una prudencia similar. Ni siquiera revocó el traslado a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas del coronel Fernando Grossi, jefe del Departamento de Planificación Financiera del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), la polémica unidad a cargo de gestionar los fondos de la Ley Reservada del Cobre.

Grossi es además el oficial que reconoció ante la Fiscalía Militar que no revisó las facturas que eran aprobadas por su unidad. El mismo uniformado que la fiscal militar Paola Jofré acusó de negligencia en su función, medida revertida por la Corte Marcial.

La clave de lo sucedido en el CAF es la absoluta impunidad contable en esa unidad, cuyas actuaciones carecen de control interno y externo, como el propio Ejército reconoció en un informe entregado a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

Para subsanar los errores, el mando institucional aseguró a los congresistas que optó por contratar una consultoría privada que les permita redefinir sus procesos administrativos, dijeron parlamentarios presentes en esa sesión que recibieron un powerpoint de esa rama castrense de pulcro fondo azul.

Otra posibilidad analizada en esa sesión, fue crear una unidad especial en la Contraloría General de la República destinada solo a revisar los millonarios fondos de la Ley Reservada del Cobre, los que hoy acumulan depósitos por 5.000 millones de dólares en las bóvedas del BancoEstado.
¿Implicaría ello revisar también los fondos reservados de libre disposición que tienen tanto el comandante en jefe del Ejército como el ministro de Defensa y que son independientes de la Ley Reservada del Cobre?

Por cierto, nada por ahora indica que habría un límite a estos recursos, los que son miles de millones de pesos, según informó Hacienda al Congreso al presentar el Presupuesto 2015.
El control y destino de estos fondos tampoco es un tema menor. Finalmente para girarlos solo es necesario un certificado de buena inversión emitido por el propio ministro de turno por el monto que él estime conveniente. Después de esa firma, todo es oscuridad y dinero en movimiento que tampoco puede ser fiscalizado por la Contraloría General de la República.

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