Corpesca: Fiscalía pide el desafuero del senador UDI Jaime Orpis por cohecho, fraude al fisco, y lavado de dinero

El fiscal nacional,  Sabas Chahuán, solicitó ante la Corte de Apelaciones de Santiago el desafuero del senador de la UDI, Jaime Orpis, por los delitos de cohecho, lavado de dinero y fraude al fisco, esto en el llamado caso Corpesca.

En un escrito de cerca de 50 páginas, el persecutor explica los antecedentes con lo que cuenta para que el tribunal de alzada le anule la inmunidad parlamentaria.

De acuerdo al texto al que accedió The Clinic Online, Orpis había operado desde su calidad de parlamentario en favor de los intereses de la empresa Corpesca, perteneciente al Grupo Angelini.

Hay que recordar que el parlamentario recibió por espacio de dos años más de 230 millones de pesos a través de boletas ideológicamente falsas, documentos extendidos por sus asesores y los familiares de éstos.

En la petición se menciona incluso a Santiago Sepúlveda y Gloria Labraña, empleados de la corporación Esperanza que mantiene Orpis, y donde su esposa es la directora ejecutiva.

Justamente esta misma mañana, en entrevista con radio Cooperativa, Chahuán había adelantado que antes de dejar su cargo el próximo 1 de diciembre solicitaría desaforar a algunos de los parlamentarios vinculados a las investigaciones que sustancia la Fiscalía.

Los hechos

Para justificar la solicitud de desafuero, Chahuán describe una serie de hechos asociados a la conducta criminal que desplegó Orpis con Corpesca para tratar de influir en la tramitación de la ley del ramo en favor de los intereses de la firma del grupo Angelini.

El escrito da cuenta de correos electrónicos entre el parlamentario y el ex gerente general Francisco Mujica -también imputado y querellado en la causa- donde le explica los intereses que tiene Corpesca en que se modifiquen algunos artículos respecto de las cuotas de captura.

Mujica le escribe a Orpis el 6 de noviembre de 2012 enviándole instrucciones para que opere: Se debe respetar el acuerdo de la mesa pesquera y no incluir las licitaciones ya que generan incentivos cortoplacistas, ponen una presión desmedida a los recursos biológicos y generan inestabilidad en la industria y sus trabajadores.

La petición revela también el modus operandi de los “testaferros”, como los llama la Fiscalía refiriéndose a la jefa de Gabinete, María Viviana Quiroz Ruiz y de su asesora Carolina Gazitúa.

A su vez, el Ministerio Público detalla todas las boletas emitidas, ya sea por asesores, familiares de éstos, e incluso de Francisco Rojas, actual core de Tarapacá de la UDI. Este último prestó servicios de asesorías comunicacionales inexistentes.

Otro core de Arica recibe platas enviadas por Orpis que son recibidas por Andrés Peralta.

También el senador ordena a su secretaria transferir dos millones a Mario Zumelzu, histórico abogado de la UDI.

También el gremialista depositó a su propio hijo, Santiago Orpis.

Con esos antecedentes Chahuán estima que hay un delito reiterado de cohecho.

Suma y sigue

La Fiscalía también incluye correos enviados por Orpis a un ejecutivo de Corpesca, donde da cuenta que intenta convencer a parlamentarios de la Cámara Alta para que voten según los intereses de la pesquera: “Mañana me comunicaré con Antonio Horvath. El problema que el día martes por la fiesta de la Vírgen de Lo Vásquez el Senado funcionará en la mañana. Primero debe pasar a la Cámara. Nos podríamos juntar a primera hora en la comisión mixta y resolver. No tengo la seguridad de que se pueda ver en la Sala. Haremos el intento”.

El mismo 6 de diciembre de 2010 escribe otro: “Logré conversar con Andrés Chadwick, quien me reemplazaría (en la comisión de Pesca). Como tú bien sabes, la sesión se desarrollaría mañana a las 09:30 horas. Como debía venir a Iquique, viajé por el día, y recién a las 11:20 de la mañana nos citaron, lo que me impide estar presente en la sesión”.

Los mails citados por la fiscalía siguen dando cuenta de la coordinación de Corpesca con Orpis precisamente cuando recibía los pagos que usó para, a dicho, pagar sus gastos de campaña.

Para el caso de lavado de activos la fiscalía estima que este se produce porque se desviaron dineros al pago de personas y temas particulares, escondiendo de esta manera el origen del dinero.

El tribunal de alzada capitalino, constituido en pleno, deberá fijar fecha donde tanto la defensa como la fiscalía deberán exponer sus argumentos.

Debido a la gravedad de los delitos y a la pena asignada a cada uno de ellos, la reiteración y la eventual “prognosis de pena” la fiscalía podría solicitar prisión preventiva contra el parlamentario.

Acá la presentación completa