Las disculpas públicas de los acusados en el Caso Tsunami

Disculpas públicas ofrecieron hoy los seis exfuncionarios imputados por su responsabilidad en la fallida alerta de tsunami, tras el terremoto ocurrido en 2010 y reconocieron sus errores cometidos durante la catástrofe.

Cada uno de los responsables leyó una declaración, donde acusaron fallas en la “capacidad de reacción” y “precariedad como Estado”, durante los acontecimientos en la madrugada del 27 de febrero de 2010, donde la demora en activar la alarma de tsunami terminó con la vida de más de 100 personas.

Las disculpas emitidas forman parte de un acuerdo cerrado entre los imputados y la justicia después de cuatro días de audiencias, para suspender el trámite y evitar así un juicio oral.

Además, se contempla el pago de una indemnización de 235 millones de pesos chilenos (unos 350 mil dólares), que serán repartidos entre los querellantes y familiares de las víctimas, cancelados en tres cuotas.

Otra parte del dinero se destinará a la realización de un seminario que aborde un Plan de Emergencia y un Sistema de Protección Civil que permita abordar un tsunami y evitar un desastre como el del 2010, que dejó 156 muertos.

Entre los imputados se encuentran Patricio Rosende, subsecretario del Interior en el anterior Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010); la exjefa de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández y Johaziel Jamett, exjefe de alerta temprana de la Onemi.

También los exmiembros de la marina de guerra, Mario Andina, Mariano Rojas y Andrés Enríquez, quienes se encontraban en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) cuando ocurrió la tragedia.

“Este terremoto no sólo produjo un colapso total en nuestra capacidad de reacción, sino que reveló nuestra precariedad como Estado”, señaló en su declaración Patricio Rosende.

“Creo haber hecho lo humanamente posible dadas las condiciones que existían en ese momento para enfrentar la mayor catástrofe que ha conocido Chile en magnitud, proporción y población afectada”, agregó.

Por su parte, Carmen Fernández declaró haber realizado “todos los esfuerzos humanos y funcionarios para ir en ayuda de la población. Si aquello hoy se puede ver como insuficiente, quiero decir que lo lamento profundamente”.

Johaziel Jamett lamentó ante los familiares la pérdida de sus seres queridos y manifestó que “este dolor lo soporto en silencio y lo soportaré toda la vida”.

El exdirector del Shoa, Mariano Rojas afirmó que durante “esa madrugada” hubo “aciertos y desaciertos”, mientras Andrés Enríquez aseguró haber puesto “todos sus esfuerzos” que “lamentablemente no fueron suficientes” para minimizar los efectos.

En tanto, Mario Andina lamentó “no haber estado preparados para esto”.

La resolución entre los imputados y el Ministerio Público, fue zanjada este lunes por la jueza Carolina Gallardo, en una jornada en que sólo 35 de los 145 familiares de las víctimas del tsunami alcanzaron a prestar testimonio.

En una tensa audiencia con desgarradoras declaraciones, los querellantes en representación de algunos de los 104 fallecidos, relataron cómo perdieron a sus hijos, hermanos, padres y nietos, y calificaron la suspensión del trámite como “inaceptable”, una “burla” y una “vergüenza nacional”.

En tanto, el fiscal regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez, reconoció este jueves que “una suspensión nunca es una reparación completa a la víctima”.

El propulsor de una salida alternativa al procedimiento judicial, justificó la medida como una forma de evitar la “revictimización” de los afectados en “largos meses de declaraciones”, ya que sería “hacerles revivir un drama”.

Por otro lado, el abogado querellante, Raúl Meza, manifestó hoy que apelará al fallo del tribunal, el cual catalogó de “aberrante” y “vergonzoso”.

“En este fallo se plasma la vulneración de los derechos de las víctimas. Una jueza de la República no consideró la gravedad de los hechos, la naturaleza del delito y algo más relevante: el dolor de las víctimas y la extensión del mal causado”, agregó Meza.

Hasta ahora, el único condenado en el llamado caso tsunami, es el exjefe de turno de la Onemi, Osvaldo Malfanti, quien aceptó el año pasado -en un procedimiento abreviado- los cargos por cuasidelito de homicidio de 74 personas, siendo sentenciado a 541 días de pena remitida.

El terremoto, de magnitud 8,8 en la escala de Richter, con epicentro en la región del Bío-Bío, fue seguido de un tsunami que mató a 156 de las 526 víctimas del cataclismo que arrasó con viviendas e infraestructuras en seis regiones de la zona centro y sur el 27 de febrero de 2010.