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14 de Septiembre de 2016

Los millonarios recursos que los organismos colaboradores del Sename acumulan en sus cuentas corrientes

Bajo una lógica subsidiaria, el Estado financia a las entidades privadas sin fines de lucro que colaboran con Sename. En 2015 se destinaron $145 mil millones de pesos para atender a los menores en los OCAs, sin embargo, no todos los recursos son gastados por los organismos. Según un documento oficial interno de Sename que obtuvo The Clinic Online, existen millonarios excedentes -se estiman cerca de 20 mil millones- de las subvenciones que se acumulan en las cuentas corrientes de estos organismos. Pero quienes dirigen los OCAs, afirman que no se trata de “empozamiento” sino que de saldos de sus cuentas corrientes.

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sename

Los organismos colaboradores acreditado del Sename (OCAs) son entidades privadas sin fines de lucro que administran el 96,18% de la oferta anual para la atención de menores que proporciona el Estado.

Los OCAs son financiados a través de la ley 20.032 de subvenciones y, pese a que sostienen que los recursos públicos que reciben son insuficientes para cumplir con su rol, según información oficial interna de Sename a la que accedió The Clinic Online, en las cuentas corrientes de las instituciones privadas a julio de este año se acumula un saldo de $19.993.563.856 millones de pesos que no fueron gastados. Es lo que técnicamente el Sename denomina empozamientos, término que es rechazado por los OCAs que prefieren hablar de saldos en cuenta corriente.

Hasta ahora, las críticas a la gestión del Sename se han focalizado en los centros de administración directa (Cread), que son 62 en todo el país: 10 destinados a la protección de menores y 52 a los infractores de la ley. En total, atienden al 3,82% de los niños y adolescentes que requieren ser acogidos por el Estado y se trata de los casos más críticos (2.753 menores en 2015).

Los cuestionamientos a estos recintos se instalaron en la agenda por la muerte en abril de Lissete Villa en el Centro Residencial Galvarino (Cread) y, posteriormente, por las inconsistencias en las cifras de menores fallecidos en el Sename, denunciadas por el diputado René Saffirio, quien lideró la ofensiva para la acusación constitucional contra la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, que fue desestimada en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, son los organismos privados los que concentran los programas de atención: 1.561 versus los 62 administrados por Sename. El Estado, en materia de infancia vulnerada asume, en rigor, un rol subsidiario y entrega los recursos para que sean gestionados por privados.

Los OCAs reciben la mayoría del presupuesto de Sename (65%) vía transferencias, con más de $145 mil millones en 2015, que se dividen en $127 mil millones destinados al área de Protección de Derechos y $17 mil millones al área de Justicia Juvenil. Los OCAs en 2015, en total, atendieron a 196.659 menores.

De los $145 mil millones transferidos a las entidades privadas en 2015, cada organismo obtuvo un 10% de la subvención para gastos de administración central, es decir, esos recursos quedan en manos de los OCAs para libre disposición, tal como estipula la Ley de Subvenciones.

El Sename realiza una supervisión técnica y otra financiera sobre los programas implementados por los OCAs. Las entidades deben llevar una rendición mensual de ingresos de los montos de la subvención e informar sobre su uso, con una suma detallada de las remesas recibidas, de los egresos, los pagos y los comprobantes de contabilidad, junto con informar los saldos disponibles.

Según el documento oficial interno de Sename al que accedió The Clinic Online, a julio de 2016 existen $19 mil 993 millones que se mantienen en la categoría de empozamiento, es decir, saldos pendientes de rendición depositados en las cuentas corrientes que tienen cada organismo. Hasta hace poco eran usados en otros proyectos administrados por la misma institución, ya que así lo estipulaba el artículo 70 del Decreto 841 de 2005 de la la Ley de Subvenciones.

Al respecto, la directora de Sename, Solange Huerta, en la última sesión ante la Comisión investigadora del Sename, sostuvo “si uno analiza este artículo, queda en evidencia cómo la ley de subvención sigue dando un rol subsidiario, secundario y sin mayor control al Estado”. Durante la misma Comisión, los diputados de la Nueva Mayoría, Camila Vallejo, Claudio Arriagada, Maya Fernández y Luis Rocafull expresaron su preocupación por estos montos y pidieron más detalles a Huerta.

Además, el Sename no cuenta con la atribución de aplicar sanciones o multas por irregularidades o mal uso. La única medida que puede tomar contra los OCAs, en caso de incumplimiento grave, es el cierre anticipado del convenio, los contratos que regulan el acuerdo entre ambas partes.

La situación de los empozamientos comenzó a ser más regulada recién el 29 de abril de este año cuando, a través de la circular 001, se estableció que el traspaso de excedentes o saldos de los proyectos concluidos se podrían destinar a otros programas del mismo OCA para mejorar la calidad de la atención, pero que para ello se debía contar con un plan especial y detallado, que estableciera y explicara las prioridades, con plazos fijos y previa aprobación del director regional respectivo por escrito. De lo contrario, los dineros acumulados debían ser devueltos a Sename y se normó la utilización de depósitos a plazo con los saldos disponibles.

Lo que persiguió la regulación, según información interna de Sename, es evitar que los dineros empozados fueran utilizados o destinados por los OCAs para fines diversos al mejoramiento de la atención de los niños, niñas y adolescentes.

La información recabada por este medio da cuenta que, del total de fondos acumulados, el 85,9% de estos saldos pendientes se concentran en programas de protección de derechos y primera infancia; el 13,9% en justicia juvenil y 0,2% en adopción.

De los casi 20 mil millones acumulados a julio de 2016, la Corporación Opción mantiene en sus cuentas $2.609.573.330, de los cuales $663.460.405 estaban destinados a futuras indemnizaciones, ya que los trabajadores deben ser finiquitados una vez que terminan los programas, por lo tanto, el saldo real en sus cuentas empozado era de $1.946.112.925.

El segundo OCA con más recursos acumulados es Serpaj con $1.165.952.706, de ellos $268.800.853 considerados para indemnizaciones, dejando un saldo de $897.151.853.

En tercer lugar, está Llequen con $720.198.753 empozados, con $62.452.427 millones para indemnizaciones, el saldo es de $657.746.326.

FONDOS

Si bien en Sename son denominados como recursos empozados, los OCAs afirman tajantemente que el término está mal empleado e implica una connotación negativa, según sostienen, técnicamente, se trata de saldos en cuenta corriente.

“Creemos que es inadecuado hablar de ‘fondos empozados’, ya que además de generar una percepción errónea de que los Organismos Colaboradores estarían acumulando ‘un pozo’ con los recursos de la subvención para disponer libremente de ellos tiende un manto de duda inmerecido que linda en la injuria respecto de nuestras instituciones”, afirmaron desde Fundación Mi Casa.

Los diez OCAs consultados por The Clinic Online para este reportaje, que son los que más recursos reciben, también aclaran que no se trata de una sola cuanta corriente donde se mantengan los saldos, sino que cada programa tiene una cuenta independiente y descartan que inviertan en instrumentos financieros como depósitos a plazo.

De todos modos, al preguntarles respecto de si confirman o desmienten las cifras empozadas, afirmaron que no es posible sostener cuántos recursos estaban disponibles en esa fecha y coincidieron en que, principalmente, los saldos se debe a pagos retrasados de Sename, licencias médicas, renuncias y fondos de indemnización.

En tanto, el análisis interno realizado en el Sename, hay cuatro razones que explican que los dineros destinados a un programa no sean ocupados:

1) Aumento paulatino del saldo debido a que los costos básicos del proyecto se encuentran por debajo de la subvención entregada;
2) Pagos retroactivos (de años anteriores) de atenciones y sobre-atenciones, cuyos costos de atención fueron asumidos en su oportunidad por la institución respectiva;
3) Fondos para indemnización que no son rebajados de los saldos registrados en las rendiciones de cuenta como concepto Provisión de Indemnización;
4) Saldos o excedentes provenientes de proyectos terminados.

El presidente de Antrase, asociación de funcionarios de Sename, Walter Arancibia, consultado por las cifras acumuladas por los OCAs, plantea que “tiene que dilucidarse qué pasa con las platas que están empozadas en las cuentas corrientes”.

“El dinero que se entrega es mucho o no se está gastando en la atención de niños y jóvenes. La única explicación racional es que no se esté cumpliendo con las acciones que se están subvencionando”, dijo.

“En ese contexto, nos complica desde nivel central no contar con más facultades fiscalizadoras. Solo tenemos un rol de supervisión, lo que obviamente impide una revisión más exhaustiva de los que son los fondos y cómo se están gastando. Hay una línea muy fina entre los empozamientos y la redestinación de los recursos, no tenemos certeza que estén lucrando o no, podrían estar adquiriendo bienes u otros fines que no vayan destinados a los niños,” agrega Arancibia.


LOS OCAS CON MAS RECURSOS Y SUS REDES POLÍTICAS

huerta

1.OPCION
La Corporación de Oportunidad Acción Solidaria Opción, dirigida por Consuelo Contreras Largo, trabajadora social de la Universidad de Chile, con redes en el Partido Socialista, es la entidad que más fondos recibe del Sename. El año pasado se destinaron cerca de quince mil millones en subvenciones para programas que mantiene en distintas regiones del país, según un documento del Ministerio de Justicia. El 10% de esa cifra para conceptos de administración central significan aproximadamente mil quinientos millones para la corporación, según estipula la Ley de Subvenciones en su artículo 28.

Contreras fundó la institución en 1990 y es su directora ejecutiva desde 2001. Anteriormente trabajó durante tres años en el Sename. El directorio de Opción está conformado por el presidente, Exequiel González Balbotín, vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Santo Tomás, plantel con estrechos vínculos con la Iglesia Católica, que en 2012 fue cuestionada por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por lucro; el vicepresidente es Mario Navarrete Ferrada; la secretaria es Evelyn Abrahams Pacheco; y la tesorera Sandra Cepeda Zepeda, asistente social, quien trabajó en Consejo de Defensa del Estado entre 2009 y 2013, en 2009 también se desempeñó en Presidencia.

La oferta programática de Opción se concentra en los Programa de Reparación y Maltrato (PRM). Se trata de uno de los proyectos que recibe una de las subvenciones más altas debido a que es un programa especializado de carácter ambulatorio. El valor es de 9 a 15 unidad de subvenciones por menor. La unidad de subvenciones se reajusta cada año según el IPC y está en $15.080 pesos para 2016. En total, el año pasado, en el ítem de PRM, Opción recibió cerca de cinco mil millones por 3171 menores tratados. En esta misma línea, ofrecen los Programas de Intervención Especializada con 20 convenios por alrededor de dos mil millones para tratar a 1011 menores.

Otra área en que concentra su oferta son los programas de Diagnóstico Ambulatorio (DAM). Se paga de 8 a 10 unidad de subvención, y se encarga de periciar a los menores y recomendar si es necesario que se incorporen a algún programa.

Según el documento al que accedió este diario, en Opción los saldos disponibles a julio de 2016 eran de $2.609.573.330. Consultados al respecto, desde la corporación informaron lo siguiente: “No es efectivo que no se ejecuten todos los recursos de la subvención. Los dineros que están en las cuentas no han sobrado, no están empozados ni guardados. Solo tienen distintos tiempos para ser gastados según una planificación de gastos(…). Hay veces que existen gastos imprevistos, y para lo cual se debe tener una reserva, como por ejemplo la atención psiquiátrica de los niños que lo requieren”. Argumentaron que se trata “de aparentes saldos positivos”.

En cuanto a las razones para mantener los fondos, sostuvieron que se trata de “provisión de gastos, tanto fijos, ocasionales e imprevistos. Provisión del fondo de indemnización y el artículo 80 bis”.

Además, agregaron que es importante recalcar que los OCAs no son empresas privadas, sino “organizaciones de la sociedad civil altamente especializadas”.

Actualmente Opción interpuso una demanda laboral para desaforar a la presidenta del sindicato de trabajadores, la psicóloga Gilyan Riveros. Sin embargo, la Corporación declinó referirse al tema argumentando que se trata de un proceso abierto.

Riveros, que forma parte del Federación de trabajadores del área social (FENTTAS), afirma que bajo el modelo de licitaciones, se esconde un sistema de subcontratación que genera precariedad e inestabalidad laboral, tales como no contar con antiguedad y despidos masivos cuando terminan los programas, además de la mercantilización de las políticas sociales del Estado.

“Existe prácticas irregulares como no contar nunca con la dotación completa de trabajadores, no se cumple de manera efectiva con lo señalado en los proyectos licitados, se ganan proyectos, pero lo que se ejecuta otra cosa. Al igual que en educación, la salud, la AFP, se tranforma en un campo desregulado que permite el lucro de pivados”, sostiene la dirigente de Opción.

2-. Ciudad del niño- Codeni

La fundación Consejo de Defensa del Niño ocupa el segundo lugar de dineros transferidos en 2015. Según la información que maneja la cartera de Javiera Blanco, recibió cerca de ocho mil millones. Es uno de los organismos más antiguos, creado en 1934. Está presente en 9 regiones del país con 102 programas, 23 de ellos en el área de justicia juvenil y 79 en protección, de los cuales 36 corresponden a PRM.

El gerente general es Edmundo Crespo Pisano, ingeniero comercial con magister de la Universidad de Los Andes, ex alcalde de Viña del Mar designado por la dictadura entre 1979 y 1982 por Renovación Nacional.

El directorio está compuesto por su presidente el abogado José Pedro Silva Prado, profesor de la Universidad Católica, socio del estudio Yavar y Silvay, exasesor del Ministerio de Justicia durante la administración de Sebastián Piñera. Gloria Baeza Concha es la vicepresidenta. Ella es abogada y académica de la facultad de derecho de la Universidad Católica, ejerce como jueza del Tribunal Eclesiástico de la Iglesia Católica.

Entre sus consejeros destacan el exministro de Interior, Jorge Burgos (DC); la exdirectora del Sename, María Cecilia Milevcic, de profesión psicóloga, fue por 16 años directora ejecutiva de la fundación Miguel Kast y directora del Hogar de Cristo; Sergio Jiménez Moraga (PR) exministro de Minería en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, Augusto Iglesias exsubsecretario de previsión social de Sebastián Piñera, ha sido director de Banco Santander y la Teléfonica; y Alejandro Jara Lazcano, ex embajador de Augusto Pinochet en Colombia en 1975 y ex gran maestro masón.

Consultados por el saldo empozado total de $860.864.470, explicaron: “Durante el período comprendido entre enero y julio de 2016, terminaron los Convenios de 17 Proyectos, cuyos saldos de recursos no utilizados sumaron $195.938.882, que fueron transferidos a las cuentas corrientes de 32 proyectos, con la finalidad de mejorar la calidad de la atención que se proporciona a los niños, niñas y jóvenes, dando prioridad a tres Residencias Familiares (26% de los excedentes)”, explicaron desde Ciudad de Niño.

“Nuestra Fundación subvenciona con recursos propios el déficit estructural que presenta la subvención otorgada por el Estado, en virtud de la Ley 20.032, que define su aporte como un ‘auxilio económico’. Si el Estado define la subvención como ‘auxilio económico’, no puede sorprendernos la precariedad del sistema en que nos encontramos, el cual, gracias al aporte de Instituciones Colaboradoras como la nuestra, no ha llegado a situaciones más críticas”, sostuvieron.

3-. Fundación Mi Casa

En el tercer lugar se encuentra la Fundación Mi Casa con $6.514.397.309 transferidos en 2015. Esta fundación, con fuerte vínculos en la DC, solo se dedica a las áreas de Protección de Derechos con 69 programas, 6 en el área de adopción y 11 centros residenciales. Su oferta se concentra en los PRM con 21 en distintas regiones. En total, el año pasado atendió a 3981 menores.

En 2006, a solo un mes de dejar su cargo como directora del Sename, la democratacristiana Delia del Gatto asumió como gerente general de Fundación Mi Casa, cargo en el que se mantiene hasta la actualidad. A su llegada, continuó con el proceso de venta del patrimonio inmueble de la fundación comenzado en 2003.

El directorio lo preside María Josefina Bilbao, cercana a la DC, profesora de catequesis, exdirectora del Sernam entre 1994 y el 2000 y exintendenta de Valparaíso en el gobierno de Ricardo Lagos. Además destacan Enrique Correa, el poderoso lobbista de Imaginacción y exministro de Patricio Aylwin; Loreto Ditzel, fue jefa de gabinete de Bilbao en el Sernam y se desempeña como secretaria general de la Corporación Municipal de Peñalolen.

Según la información recabada, a julio de 2016, Fundación Mi Casa tenía $522.361.428 de saldo.

Su gerenta general, Delia del Gatto, explicó a The Clinic Online, que estos se generan principalmente por cuatro razones: “1.- Provisión de Finiquitos. 2.-Pago de subvenciones atrasadas del SENAME por atenciones por artículo 80 bis de la Ley de Tribunales de Familia. 3-. Ingresos en remuneraciones por concepto de licencias médicas y/o vacancias de cargo. 4-.Atraso en los cierres de Proyectos por parte del Sename, lo que impide el redestinar los fondos que pudiesen haber en la cuenta corriente de ese Proyecto, manteniéndose un saldo en esa cuenta por un tiempo indeterminado”.

“Mas allá de la cantidad de recursos financieros que se pudiesen encontrar como saldo en una determinada cuenta corriente de algún OCA al momento del cierre de algún proyecto, todo ese dinero es total y absolutamente supervisado, hasta el último peso, por el propio Sename a través de sus supervisores financieros.”, sostuvo del Gatto.

Por último, sobre la redestinación de los recursos sobrantes, su Gerenta explicó que “en el caso de Fundación Mi Casa, casi todos los recursos en cuenta corriente que se encuentran disponibles para redistribuir, se transfieren mayoritariamente a las Residencias”.

4-. Serpaj

La corporación Servicio Paz y Justicia está en el cuarto lugar con $6.703.235.861. En 2015 atendió a 9804 menores, cuenta con 17 programas de justicia juvenil y 79 de protección, entre ellos 3 DAM y 18 Programas de Prevención Focalizada (PPF).

Este organismo fue creado en 1977 como una de las primeras entidades laicas que se constituyó para actuar en defensa de los derechos humanos, con el apoyo del cardenal Raúl Silva Henriquez. Pertenece a un movimiento latinoamericano, liderado por el nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, inspirado en el legado de Gandhi y Martin Luther King.

Como máximo órgano resolutivo tiene una asamblea de socios. Fernando Aliaga Rojas es cofundador y presidente del directorio, licenciado en historia con un doctorado en Historia de la Iglesia, fue parte del movimiento No violencia activa.

Patricio Labra Guzmán es el director ejecutivo de la corporación, exdirigente estudiantil en dictadura y ex militante de Izquierda Cristiana. En el directorio además están: Rodrigo Quezada, Carlos Martínez, Carlos Carreño.

Sobre los saldos pendientes que suman $1.165.952.706, su director ejecutivo informó que existen “dos situaciones que influyen en la eventual ‘acumulación’ de fondos en las cuentas de cada proyecto: Pago desfasado de recursos por atención de casos 80 bis con un atraso que media entre los 3 y 8 meses y el pago de indemnizaciones” y explicó que los saldos se depositan en “otro proyecto con mayores dificultades económicas que existe en cada región”.

Camila Vega, secretaria a nivel nacional del sindicato de trabajadores de Chile Serpaj, sostuvo sobre la gestión de los recursos y las condiciones laborales: “Acá en Valdivia, pedimos más transparencia sobre los recursos, no conocemos cuáles son los flujos de ingreso y egreso, se nos respondió que eso no era tema nuestro, sino que pasaba por nivel central”.

“Nos hacen algunas capacitaciones con OTEC de la propia corporación, es decir, justifican servicios y se los pagan a ellos mismos y son de muy baja calidad técnica. Hay muchísima rotación laboral, las condiciones de trabajo tanto remuneraciones, como de infraestructura, son precarias. Acá decimos que es una cuna de egresados, los profesionales que llegan no tienen experiencia”, afirma Vega.

5-. Tierra de Esperanza

En el quinto puesto está la Fundación Tierra de Esperanza con $5.359.264.116 en subvenciones por atender a 3843 menores divididos en 19 programas de justicia juvenil y 41 en el área de protección, 10 de ellos PRM. Creada en 1997, proviene de la antigua institución de origen suizo, Hombres de Tierra, en la región de Bío-Bío. Actualmente está presente desde Iquique a Puerto Montt.

Hasta hace poco, el director ejecutivo era Hipólito Cáceres Barly, en agosto asumió el psicólogo Pedro Canales Contreras, ex presidente del directorio, que además está compuesto por Leoncio Toro, gerente general de la Cámara de Comercio y Producción de Concepción; el periodista Christian Paulsen Espejo-Pando; el empresario de La Araucanía César Poblete Riveros como tesorero; y la secretaria es Simona de la Barra Cruzat, directora de la Escuela de Economía de la Universidad del Desarrollo de Concepción.

Según la información interna de Sename, Tierra de Esperanza tiene $614.172.802. Al respecto, el Director de Administración y Finanzas de Fundación Tierra de Esperanza, Jean Giraud, afirmó: “No tenemos fondos empozados, hay saldos ejecutándose que corresponden a flujos presupuestarios normales y que están de acuerdo a los objetivos de cada programa convenido con Sename, y que además son supervisados por este organismo”, dijo.

Además, sobre la gestión de las subvenciones, especificó: “Los recursos son ejecutados por nuestra institución bajo la normativa correspondiente. Por lo tanto, nuestra institución no acumula fondos. Un 80% son destinados a la contratación de profesionales y técnicos para entregar a los niños, niñas y adolescentes una atención pertinente y de calidad, según las necesidades que requieran. El otro 20% corresponde a los gastos básicos de funcionamiento, y también para pagos de finiquitos de los trabajadores de acuerdo a la circular número 1 de Sename, cuando los proyectos se cierran”.

6-.Llequen

La Corporación Llequén en el sexto lugar, en 2015 recibió $3.820.662.197 y atendió a 2516 menores. Tiene 40 programas de protección, 10 en justicia juvenil, 4 centros residenciales y 6 centros DAM. Se creó en la región del Bío-Bío en 1991, tienen presencia en la zona sur y en el último año se expandió con fuerza en Valparaíso.
El presidente del directorio y representante legal es Luis Antonio Ruiz Sumaret, hombre cercano al PC, trabaja en la Direción de Desarrollo Estudiantil de la Universidad del Bio-Bio sede Chillán; el secretario es Nelson García Araneda, académico de la Universidad del Bío-Bio, el tesorero Luis Hermosilla Navarrete y Silma Aguilera Olivares como directora. La gerente general es Yerka Aguilera Olivares.

“Las problemáticas son similares a otros OCAs, la situación se puede resumir en precariedad laboral, ausencia de carrera funcionario y capacitaciones atingentes, antisindicalismo. En nuestro caso, se promocionó un sindicato paralelo y se puso barreras para la negociación colectiva”, afirma José Matamala, presidente de la federación de trabajadores de Llequen.

En cuanto a la gestión de los recursos, Matamala plantea “la constante es que se acoten los recursos de gastos, señalando que existen esferas que el Sename puede objetar. La lógica de funcionamiento es similar a la de cualquier empresa: la escasez y el estrecho control de gasto respecto al beneficio”.

Por su parte, desde la Corporación Llequen, la gerente Yerka Aguilera, explicó sobre lo saldos en cuentas corrientes, que en este organismo es de $720.198.753: “No existen dineros que no sean destinados a otro fin que no sea el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los programas licitados. Si un programa se cierra y queda algún saldo no ejecutado, éste se redestina a otro que lo necesite para mejorar la calidad de la atención, que habitualmente es para las Residencias o aquellos programas de poca cobertura que están iniciándose. Por ello, cada peso sigue siendo utilizado en los niños y niñas atendidos y además supervisado por el Sename”.

7-. Protectora de la infancia

Sociedad de Asistencia y Capacitación, antes denominada Sociedad Protectora de la Infancia, en el séptimo lugar, durante 2015 recibió $3.432.637.847, atendió a 3197 menores, divididos en dos programas de adopción y 48 en el área de protección. 21 de ellos en el Programa de Protección Focalizada y cuenta con 9 centros residenciales.

Su historia se remonta al siglo XIX, ya que fue creada en 1894 como una institución de beneficencia. Es una institución católica, ligada a la aristocracia, fundada por Emiliana Subercaseaux de Concha y Josefina Gana de Johnson, bisabuelas de la actual presidenta del directorio, Alicia Amunátegui de Ross y su esposo, cargo que Amunátegui ostenta desde 1974. La vicepresidenta es Adela Ibañez Santa María, el secretario es Cristóbal Eyzaguirre Baeza y el tesorero es el empresario Sergio Undurraga, también destaca Alfonso Swett, empresario y expresidente del club Universidad Católica.

En La Protectora de la infancia el saldo fue de $604.624.431. Sin embargo, su gerente de Marketing, Hans Rosenkranz, recalcó que no se trata de recursos empozados, sino de saldos operacionales, producto de licencias y otros. Además desmintió que a julio de 2016 existiera esa cantidad de dinero e informó que “en 2015 tuvimos un déficit de $221 millones. No queda ningún recurso para libre disposición”, aseguró.

8-.Paicabi

La ONG de desarrollo centro de promoción y apoyo a la infancia Paicabi, en el octavo lugar, en 2015 recibió $3.631.839.193. Tiene 18 programas en el área de protección, la mayoría en la V Región, atendió a 1355 menores. Pese a la menor cantidad de programas, los altos recursos se explican porque se centra en los Programas de Reparación y Maltrato (PRM)

El presidente del directorio es Enrique Ayala Flores, el tesorero Christian Carrillo Cáceres, artista visual y gestor cultural en la Municipalidad de Viña del Mar; Ana Ahumada Torres como secretaria y el director ejecutivo es Iván Zamora Zapata, trabajador social con experiencia en temas comunitarios y de maltrato infantil. Forma parte de la Agrupación exmenores Víctimas de la dictadura.

Consultados por el saldo en sus cuentas de $752.270.054 , sostuvieron: “La cifra que se nos señala no corresponde a los montos que nosotros manejamos y no sabemos de qué forma pudo ser calculada y asumida como recursos ’empozados’” sostuvieron desde Paicabi.

“Cabe señalar, además, que en nuestra institución aproximadamente el 85% de los recursos recibidos a través de las subvenciones se destinan al pago de las remuneraciones de los trabajadores: profesionales, técnicos y administrativos”, adujeron. Su director ejecutivo Iván Zamora también recalcó que, debido a la falta de recursos entregados por Sename, en la V Región hay extensas listas de espera para ingresar a los PRM.

9-. Coanil

La Fundación de Ayuda al Niño Limitado, Coanil, en el noveno lugar, recibió $2.677.636.991, tiene 35 programas en el área de protección y atendió a 1265 menores, es de las pocas que mantiene la oferta de centros residenciales con 15 en total y 20 programas ambulatorios.

La presidenta del directorio es Magdalena Venezian Arrieta, ingeniera comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, además lo componen Edgar Witt, Felipe Arteaga, Rodrigo Pablo Roa, consejero de la Mutual Pax de la Conferencia Episcopal y, Luis Lagarrigue y Alvaro Morales. Su gerente general es Alvaro Chacón Hiriart, ingeniero civil de la Universidad Católica.

La cifra de recursos empozados según Sename es de $626.517.189. Coanil declinó contestar las consultas de The Clinic Online.

10-. ADRA CHILE

La agencia adventista de desarrollo y recursos asistenciales, ADRA-Chile, está en el 10 lugar, en 2015 recibió $2.746.338.542 y atendió 2921 menores, tiene programas en las tres líneas: uno en adopción, uno en justicia juvenil y 44 de protección. 17 de ellos en el programa de Familias de Acogida.

Su origen data de 1957, es la filial de ADRA Internacional en el país, una ONG de la Iglesia Adventista del Séptimo día, desde 1994 es OCA del Sename.

El pastor Jorge Ale Arroyo, teólogo, es su director ejecutivo, en tanto, el presidente del directorio de ADRA es Stanley Arco, pastor que lidera la iglesia adventista en Chile.

Desde ADRA afirmaron sobre la cifra de empozados $719.558.432 que maneja Sename, “se ejecutan todos los recursos de subvención destinados a la atención de los menores, lo que sucede es que estamos en medio de un proceso de ejecución. El monto está en diversas cuentas corrientes pertenecientes a cada uno de los programas que se administran de manera descentralizada. Dichos montos representan provisión para Recursos Humanos, capital de trabajo, correspondiente a: Gastos operacionales, gastos de inversión y gastos de administración, además de transferencias económicas a las familias, siempre buscando calidad en el cumplimiento de los convenios para la atención de los menores”.

OTROS RECURSOS

Además de los recursos entregados vía convenios a los OCAs, también reciben dinero por el concepto de 80 bis. Corresponde a un artículo de la Ley 20.286 que creó los Tribunales de Familia y entregó la facultad a los jueces de enviar a los menores a programas de atención, aún cuando no existan plazas disponibles, que deben ser abiertas para dar cumplimiento a la orden judicial. Por este ítem percibieron $13.443.001.610 millones en 2015, que son pagados retroactivamente por Sename.

Según reconoció la propia Huerta, este ítem provoca muchas dificultades contables, en tanto, los trabajadores de los organismos, sostienen que en reiteradas ocasiones no se contrata personal extra para cumplir con esas plazas, se sobrecarga al personal y no se pagan remuneraciones extras por la labor, pese a que los recursos son cancelados por Sename.

A las aportes fiscales, se suman los recursos que los OCAs, como organismos sin fines de lucro, reciben por concepto de donaciones.

The Clinic Online conversó con trabajadores de los distintos organismos, varios de ellos pidieron reserva de su identidad para no exponer su fuente laboral. Entre las quejas más recurrentes está la alta rotaciónde profesionales psicosociales y los extensos periodos hasta que llegue un reemplazo para recomponer el trabajo en dupla, que lleva adelante un psicólogo y un asistente social, tal como exige Sename.

Las remuneraciones de los profesionales, según los consultados, van de los 500 mil a 600 mil líquidos. Este factor, junto a la carga laboral, incide en el alto números renuncias, que implican la interrupción de lo vínculos terapéuticos, lo que dificulta el trabajo con los menores.

Los trabajadores también sostienen que es una constante que los directores de programa dirijan varios a la vez, recibiendo remuneraciones por cada uno de ellos, lo mismo sucedería con el arriendo de las sedes para distintos programas que operan en el mismo lugar. A esto se suman las prácticas antisindicales.

Además sostienen que el argumento permanente para no mejorar las condiciones laborales ni la atención a los menores es que hay escasez de recursos. “Siempre nos dicen que la plata no alcanza, que tenemos que arreglarnos con lo que hay, también nos incitan a postular a otros programas estatales para recabar más fondos” relata uno de los trabajadores.

*The Clinic Online esperó una respuesta del Sename durante varios días pero finalmente indicaron que no se pronunciarían al respecto. Según información que maneja este medio, Huerta estaría trabajando hace semanas las cifras de los empozamientos que tanto ha denunciado el diputado Saffirio. De hecho, la directora del Sename tiene que responder por estas cifras tras una petición de la diputada PC Camila Vallejo.

*Las cifras de oferta programática corresponden a 2015

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