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En buena medida Sebastián Piñera Echenique representa en sí mismo la polémica relación entre dinero y política que ha convulsionado a Chile, en los últimos dos años. Pero a él esa vinculación lo ha acompañado durante más de la mitad de su vida. Es evidente que el manejo de platas y acciones es lo suyo, y ha desarrollado una notable destreza para comprar barato y vender caro, y para entrar y salir de los negocios obteniendo el máximo de utilidades, sin muchos miramientos.

Aunque muchas veces su actuación ha desatado críticas, hasta ahora parecía dotado de una peculiar condición que lo hacía parecer “incombustible”. Sus ya habituales “piñericosas” de índole económica -que lo han situado no pocas veces al filo de la ley- serían la causa de que no se le exigieran cánones éticos de comportamiento comercial y financiero. “Es Piñera”, es un comentario que se suele escuchar.

Pero el último episodio referido a las compras de acciones de la pesquera peruana Exalmar entre 2010 y 2011, mientras era Presidente, no parece ser un incidente más, entre los tantos controvertidos capítulos de su dual trayectoria que pretende hacer convivir la política y los negocios. Podría, en cambio, ser este uno de esos hechos destinados a ratificar el viejo adagio: tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Pero tratándose de Piñera, el cántaro podría estar elaborado en titanio.

La mala memoria hace olvidar los tantos “incidentes” curiosos, en que el inversionista Piñera ha estado involucrado. No obstante este último presenta características que lo hacen especialmente complicado para quien quiere volver a La Moneda en 2018: una -bastante obvia- es que mientras era Presidente su empresa matriz, Bancard -donde están sus hijos y sus hombres de confianza- comprara acciones de la pesquera peruana en medio del juicio de La Haya. Al mismo tiempo, se develó que la filial internacional de Bancard nunca había formado parte del “fideicomiso ciego” que teóricamente lo hacía prescindir del control de sus cuantiosas inversiones. Y como si eso fuera poco, se supo que Bancard International Investment tiene su sede en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

El aludido respondió tajante, diciendo que se trataba de una maquiavélica y sucia campaña política dirigida a enlodarlo. Los partidos de derecha en un comienzo pretendieron blindarlo. Pero no pudieron desmentir lo sostenido en el reportaje del periodista Sergio Jara de Radio Bío-Bío, que constituye un riguroso trabajo de investigación periodística, y en otro artículo del diario El Mostrador. El “perro guardián” de la sociedad reaparecía asumiendo su rol y mostraba sus dientes.

Surgieron entonces argumentos para disminuir la importancia del caso. Que las Islas Vírgenes ya no eran paraísos fiscales mandaba decir Fernando Barros Tocornal, el mismo abogado que defendió a Pinochet cuando estuvo preso en Londres y fue el autor del fideicomiso no tan ciego ni tan significativo.

Con todo, la aparición de Piñera en este caso no es para nada excepcional. En muchos sonados capítulos de escándalos financieros su nombre surge enredado entre marañas de oscuros negocios.

Mientras afronta la nueva querella por las inversiones de Bancard en Perú, sigue pendiente el caso Penta y las ventas a futuro conocidas como forward, que desde comienzos de 2015 investiga la fiscalía. La situación -relatada en el libro La máquina para defraudar. Casos Penta y Soquimich- describe las operaciones efectuadas por Bancard que le costaron la formalización a Santiago Valdés Gutiérrez, brazo derecho de Piñera durante varios años y su administrador en la campaña presidencial en 2009.

Junto a Santiago Valdés, hijo de Fabio Valdés Correa, uno de los mejores amigos del ex Presidente, aparece involucrada en la arista de los forwards Ana María Délano Abbott -hermana de su otro gran amigo, Carlos Alberto “Choclo”, Délano-, que era ejecutiva de confianza de Piñera en Bancard y Chilevisión. Ella y Valdés pusieron sus firmas a nombre de Bancard en esos comprometedores papeles. El argumento de Piñera para salir de ese lío es que sus bienes estaban bajo el hoy discutido fideicomiso. Por lo tanto, sus gerentes y no él serían los responsables de los posibles delitos de cuello y corbata derivados de estas apuestas a futuro, en las que también figuran los hijos de Manuel Cruzat Infante, otro de sus amigos, hoy formalizado por la fraudulenta quiebra del loteo Curauma.

En el caso Soquimich apareció, asimismo, el nombre de Piñera por los irregulares pagos al exdirector de Chilevisión Jaime de Aguirre, cuando el inversionista era dueño del canal. En total, entre Penta y Soquimich se estima que la suma que involucra a Piñera ascendería a 520 millones de pesos entre forwards y boletas ideológicamente falsas. Además, en la investigación sobre las Cascadas, las sociedades aguas arriba de Soquimich, ha protagonizado una fuerte disputa con el ex yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou.

Los primeros negocios conocidos de Sebastián Piñera datan de fines de los años setenta y comienzos de los ochenta. En plena dictadura el economista que al terminar el régimen de Pinochet se adentró de lleno en la política, estuvo a las puertas de la cárcel. Pero no por oponerse al dictador. Fue la caída del Banco de Talca en el invierno de 1982 la que lo llevó a juicio y estuvo encargado reo.

Había ingresado a los 28 años a la sociedad Ifinco, encabezada por el ex presidente del Banco Central Carlos Massad. Ifinco asesoraba al Banco de Talca, controlado por Miguel Calaf y Alberto Danioni. En 1979 Massad fue designado presidente del Banco y Piñera gerente general.

Como consta en el expediente del caso, el audaz gerente recomendó crear al grupo Calaf-Danioni sociedades de papel para triangular préstamos con el banco. Este le prestaba plata a sociedades de sus controladores, con lo que “bicicleteaba” las deudas y traspasaba los límites de préstamos a empresas relacionadas. Hubo en esa oportunidad intervenciones de alto vuelo para librarlo de una condena y de la cárcel: su tío, el obispo Bernardino Piñera y la exministra de Pinochet Mónica Madariaga, abogaron por él y logró salvarse cuando el caso estaba en la Corte Suprema.

Después el mismo Manuel Cruzat -socio en ese entonces de su cuñado Fernando Larraín Peña en el principal grupo económico de la época-, lo llevó como gerente a Citicorp. Poco tiempo después el grupo Cruzat-Larraín sucumbió tras la hecatombe de principios de 1983. Piñera siguió en Citicorp, pero en paralelo se dedicó al naciente negocio de las tarjetas de crédito. Lo curioso es que Citicorp ofrecía la tarjeta, Diners, mientras Piñera impulsaba las suyas Visa y Master Card. Una doble militancia que hoy se consideraría inaceptable.

Las tarjetas y Bancard -sucesora de la consultora Ificom- le dieron la base para consolidar su fortuna y el nombre a la que ha sido su matriz del holding familiar.

Carlos Tromben, en su reciente libro Crónica secreta de la economía chilena, recuerda otro episodio de esa época: la Superintendencia de Valores y Seguros aplicó tres multas a Piñera y Citicorp, en 1985, a propósito de la emisión de acciones de la entonces estatal, Compañía de Acero del Pacífico (CAP) de la que Citicorp era su agente colocador. Según Tromben, esas multas indican que “el joven Piñera, como intermediario financiero, no estaba respetando las reglas del juego: anticipa compromisos de compraventa sin avisarle a sus clientes, utiliza en estas operaciones instrumentos no permitidos, vende títulos que le han sido entregados en custodia, con el compromiso de volver a comprarlos, y realiza operaciones con precios que no son los del mercado”. La gravedad de los hechos -afirma el escritor- “quedó plasmada en el monto de la multa: cuatro mil UF, la más alta jamás cursada por la SVS hasta esa fecha”.

Tras dejar Citicorp en 1987 diversificó sus inversiones, las que fue multiplicando en los años noventa, hasta llegar a transformarse en uno de los hombres más ricos de Chile. Cuando llegó a La Moneda, se estimaba su fortuna entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Hoy se calcula que bordea los 2.500 millones.

Mientras hacía carrera política los episodios controvertidos continuaron. Uno de los más bullados ocurrió en 1997. Siendo senador y candidato presidencial apareció implicado en el caso Chispas, que se destapó a propósito de la venta de acciones de las sociedades controladoras de la eléctrica Enersis a Endesa España, encabezados por el exzar de la electricidad José Yuraseck. Piñera en esa oportunidad fue acusado de perjudicar a los accionistas minoritarios al negociar en completa reserva mejores condiciones en la venta de sus acciones.

Diez años después, en 2007 la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) lo multó en 363 millones de pesos por la compra de acciones de LAN. En ese momento ya tenía más del 20 por ciento de la aerolínea. La figura legal que aplicó la SVS fue que no se hubiera abstenido de comprar acciones cuando la Ley del Mercado de Valores lo prohíbe a las personas que cuentan con información privilegiada. Piñera respondió que la decisión de inversión se efectuó mediante un sistema computacional, sin su conocimiento. No obstante, no apeló.

Eso se suma a la otra controversia en torno a LAN que se está investigando en Chile y Argentina a propósito de pagos a sindicalistas por más de un millón de dólares para que bajaran la presión laboral para que la aerolínea pudiera entrar a ese país. Por esta causa, Ignacio Cueto -gerente general de Latam- pagó en enero de este año 75 mil dólares a la SEC (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos, y Latam alrededor de veinte millones de dólares en junio. Esto se sigue investigando y no se descarta la posibilidad de que los pagos no hubieran sido a sindicalistas, sino a funcionarios del gobierno argentino a cargo de las autorizaciones para volar en ese país.

Los flancos abiertos son, por lo que se, ve variados y complejos, aunque se advierte en todos un factor común que marca la huella que ha dejado en su paso por los negocios. Tal vez el cántaro de Piñera esta vez no resista.

*Premio Nacional de Periodismo 2009