El número de jóvenes muertas en Guatemala tras el incendio ocurrido en un centro de menores aumentó hoy a 33, mientras que 21 permanecen ingresadas por el fuego que surgió cuando protestaban por supuestos abusos sexuales y físicos.

Once de las víctimas perdieron la vida en las últimas horas y las que siguen internadas presentan quemaduras de hasta cuarto grado, por lo que la mayoría de ellas, de entre 12 y 17 años, está en estado grave y el riesgo de mortalidad es alta.

Según las primeras pesquisas, el fuego fue originado por las mismas jóvenes en unos colchones del Hogar Virgen de la Asunción, una casa hogar administrada por el Estado y con un hacinamiento que ya había motivado múltiples denuncias.

Un joven del centro, Daniel, contó a la prensa que las chicas estaban encerradas bajo llave en un aula al momento del suceso y denunció que las autoridades tardaron mucho en reaccionar.

La casa hogar de menores, ubicada en el municipio capitalino de San José Pinula, ha estado envuelta en polémica desde el año pasado.

Al menos 47 jóvenes se fugaron entonces, lo que llevó a la Secretaría de la Presidencia encargada de la guardia y custodia a destituir en su momento al director.

En el centro, hay internados 748 menores de ambos sexos, aunque tiene capacidad para 400.

Entre ellos, además de huérfanos o víctimas de violencia, también hay algunos acusados de pertenecer a pandillas o de delitos criminales, denunciaron los familiares.

Ante lo ocurrido, el Gobierno destituyó al director, decretó tres días de luto y reconoció que la tragedia se pudo haber evitado, pero responsabilizó de ello a las autoridades judiciales por no autorizar el traslado de los menores más problemáticos a otros centros.

Entes internaciones aseguran que tragedia era previsible

Entidades internacionales denunciaron hoy que la tragedia pudo haberse evitado. Hay muchos responsables por el suceso, que estaba anunciado, aseguraron en una conferencia virtual miembros de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar y la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez de Guatemala.

El titular de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez de Guatemala, Otto Rivera, dijo que se habían interpuesto muchas querellas denunciando “tratas y redes de explotación sexual” con los menores internados, que eran más de 700 aunque la capacidad del centro es de 400.

“Cerrarlo no es una petición nueva”, proclamó, y añadió que esta situación se debe también a la poca inversión que hace el Estado de Guatemala en la infancia y la adolescencia, menos de un dólar al día.

La directora de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, Matilde Luna, aseguró que nunca quisieron que se inaugurara este “monumento al encarcalamiento” porque no reunía las condiciones necesarias.

Aseguró que hay muchos “nombres, apellidos y responsables” de esta tragedia, como el presidente que le dio apertura en 2010, Álvaro Colom.

“Este es un centro de tortura y exterminio, y mientras exista lo seguirá siendo”, proclamó Luna.

Los hechos tuvieron lugar ayer, miércoles, cuando el mundo conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, en un refugio conocido paradójicamente como “hogar seguro”.

Las fallecidas son adolescentes de entre 12 y 17 años, y según denunciaron estos organismos, en su mayoría indígenas.

El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, dijo que este caso requiere crear “de forma inmediata” una mesa de trabajo para analizar la situación y velar por la seguridad de los niños que aún están en el centro, así como la reparación de las víctimas.

Las tres entidades han anunciado que pedirán a Guatemala realizar acciones “urgentes” para proteger los derechos de los más pequeños y para que se investiguen y esclarezcan las circunstancias de este lamentable hecho.

Además, aseguran que Guatemala necesita un sistema de protección a la infancia y la adolescencia, un presupuesto adecuado y un entramado de organizaciones que velen por los derechos de los menores.