“Como padre, fue el mejor; y como amigo, fue muy querido”, dijo Lena Solís en el funeral de su papá, el ingeniero boliviano Jaime Solís Ticona, quien murió producto de la explosión de un horno de fundición de plomo de la empresa RAM (o Recimat) en noviembre del 2008. Otros tres trabajadores resultaron heridos en el mismo accidente.

Este hecho ocurrió el mismo año en que empezó a funcionar la planta dedicada a procesar baterías y reciclar el plomo que se extrae de ellas. Siete años después, a mediados de 2015, otro empleado de la empresa falleció por una enfermedad que tendría relación con su trabajo. Alfredo Almendras, oriundo de Cochabamba, esposo y padre de familia, sufrió una leucemia.

A raíz de su deceso, los trabajadores de RAM se sometieron a exámenes de sangre para medir la presencia de plomo en su organismo. Los resultados, expresados en microgramos por mililitro de sangre por la Mutual de Seguridad, arrojaron resultados preocupantes: hasta 46ug/100ml se detectó en Carlos González, un joven de 23 años que hacía el aseo en la industria. Según el Decreto 594 sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, el tope “normal” son 40ug/100ml.

Los dos fallecimientos, sumado a la prueba de que los empleados se exponen a una peligrosa contaminación de plomo a diario dentro de la empresa, gatillaron una alerta irreversible en la población de Calama, ahora decidida a frenar el nuevo proyecto de la recicladora: el “Complemento Módulo RAM”, que contempla la edificación de un segundo horno de fundición y que busca procesar 8,000 toneladas de baterías al mes.

Representados por el abogado Sergio Chamorro, una de las principales preocupaciones de la población es el empeoramiento en la calidad del aire de la zona, que en 2009 fue declarada saturada por material particulado 10. A pesar de esto, “y de que Chiu Chiu, ubicado a 30 km de Calama, ya esté en riesgo de ser declarada zona saturada por mp 2.5, que es más fino y por tanto más peligroso, no existe un plan de descontaminación”, apunta Chamorro.

Motivados por esta nueva batalla contra RAM, la comunidad ha mostrado una firme oposición ante un plan que según el abogado, amenaza seriamente a la comuna y su población debido a la alta cantidad de plomo que emanaría desde su planta. Por ello, su principal demanda es que la empresa elabore un Estudio de Impacto Ambiental y que “se vaya de Calama”.

EL PROYECTO

Para conseguir los permisos de construcción, RAM redactó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que fue revisada y aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

La empresa, a través de su representante legal Antonio Carracedo Rosende, ingresó su declaración el 2 de diciembre de 2015. En ella se detalla que el objetivo del proyecto “Complemento Módulo RAM” es “duplicar la línea de fundición actual para poder procesar el doble de baterías de la situación actual, por la proyección de 30 años más (al 2045) por el gran aumento de consideración que lleva un crecimiento exponencial del parque automotriz en Chile. Al implementar la segunda línea productiva, junto a la actual serían de alrededor de un total 5.360 ton/mes de componentes plomado que ingresa al horno, que correspondería a 8.246 ton/mes de baterías enteras (…)”.

Además, señala que la Tiplogía de Proyecto es la “producción, disposición o reutilización de sustancias corrosivas o reactivas” y las Tipologías Secundarias “producción, disposición o reutilización de sustancias tóxicas”. Todo sobre la base de una inversión de 12 millones de dólares.

Para que la población estuviera al tanto del proyecto, la empresa avisó por medio de radiodifusión en qué consistía el plan y cómo se llevaría a cabo. Lo que reclaman los pobladores es que la presentación hecha por la empresa es insuficiente de acuerdo al impacto ambiental que generará, por lo que el documento que debieron haber emitido, en realidad, es un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no una declaración.


Costra de Plomo que según pobladores, se debe a las emisiones de la empresa

Para diferenciar cuándo corresponde presentar cada procedimiento, el Servicio de Evaluación Ambiental detalla a través de su página web que se debe redactar sola una Declaración si el proyecto no genera o presenta riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos; efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo, agua y aire; alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos; localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas. Si se produce cualquiera de estos efectos, es necesario elaborar un estudio.

“Considerando el lugar donde está ubicada Recimat, la zona con peligro de contaminación incluye a nuestra principal fuente de agua, el Río Loa, un jardín infantil, tres escuelas, la agrícola Ariztía Calama y el Instiuto Teletón de la ciudad”, sostiene Chamorro.

Agrega que a menos de un kilómetro se encuentra la histórica población Kamac Mayu, que se vería directamente afectada por la contaminación, y que a dos mil metros, además, están las comunidades indígenas Yalquincha y la Banda, ubicadas cerca de los desechos de la empresa.

EL CIERRE DE 40 DÍAS

El 7 de enero de 2016, luego de una muestra de exámenes rutinaria que realiza la Mutual de Seguridad a los trabajadores de la empresa, se detectaron 26 empleados “alterados”, en otras palabras, con niveles de plomo superior a los 40ug/ml en la sangre.

La Seremi de Salud declaró una prohibición de funcionamiento inmediata y RAM debió cerrar sus puertas. Esta ordenanza gubernamental golpeó fuertemente la imagen de la empresa y la aceptación en los vecinos de la zona, marcando el punto de inflexión en la relación con la comunidad. De ahí en adelante, empezó a manifestar una oposición más explícita respecto de la planta y, sobre todo, al proyecto de Complemento.

Frente a los altos índices detectados, RAM alegó que los exámenes no cumplieron con los estándares que la misma Mutual ha establecido como “protocolares” y apeló para que fueran tomados nuevamente. La institución sanitaria aprobó la solicitud y, tras una nueva toma de pruebas, el número de trabajadores afectados disminuyó a 3, según señala la recicladora. Con estos nuevos nuevos resultados, se levantó la decisión anterior y fue autorizada para retomar sus actividades.

Pese a que fue un error externo, y a que se prometieron una serie de medidas para aumentar la periodicidad y eficacia en la fiscalización sanitaria de sus trabajadores, el lazo con la población de Calama ya estaba roto. Incluso el auspicio que hicieron al equipo de fútbol más popular de la zona, Cobreloa, fue visto por la comunidad como una jugada estratégica para “limpiar la imagen” que proyectaban.

Claudia Alarcón, directora de Asuntos Corporativos en RAM, afirma que “desde entonces la empresa ha hecho múltiples llamados para que la gente visite la planta y conozca cómo trabajamos”, en un intento por establecer instancias de diálogos que no han rendido frutos.

Sostiene, además, que la decisión de redactar un Estudio de Impacto Ambiental está fuera de sus responsabilidades, “pues es una tarea en la que no tenemos competencia, obedecemos a lo que nos diga el Servicio de Evaluación Ambiental en este caso”.

OBSERVACIONES Y VENTANAS

Con cerca de un millar de firmas, la comunidad ingresó una observación ciudadana el 16 de enero de 2016, exigiendo que las entidades que habían aceptado la declaración emitida por RAM sobre el proyecto de Complemento, o duplicación, fuera reconsiderado y se ordenara la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental. Apuntaron a que el proyecto afectaría comunidades indígenas y que debido a su actual estado como zona saturada de mp 10, la emisión de plomo debe ser equivalente a cero.

Luego de ser rechazada, se emitió otro documento similar con más de tres mil firmas, el viernes 10 de marzo. Esta vez, el alcalde de Calama, Daniel Agusto Pérez, se sumó a la petición y abogó para que el SEA acogiera lo propuesto por la población. También se sumó el Colegio Médico y la filial de la Sociedad de Pediatría Chilena.

Además, la comunidad hizo énfasis en que cada decisión que tome RAM y que afecte a la zona, de ahora en adelante, debe contar con el principio de participación ciudadana. A la fecha, la institución receptora sigue tramitando el documento.

Para Chamorro, “la autoridad ha abierto una ventana. El Servicio de Salud y Medio Ambiente ha reafirmado que Calama es una zona que se declara saturada, también las locales como intendencias y gobernaciones, y que por eso requiere un plan de descontaminación urgente”.

Para justificar las posturas de sus defendidos, el abogado recurre a un ejemplo histórico ocurrido en la zona, hace más de un siglo atrás: “Vienen a reciclar las baterías de todo Chile aquí a Calama y se transforma en el soporte económico de todo un país sin beneficios para la ciudad. Ya lo vivieron en la Pampa nuestros abuelos, a quienes ‘le sacaron un pulmón’, los castigaron a ellos y su territorio para que cuando se acabó el salitre, las empresas abandonaran la zona y los dejaran sin agua con familias y vidas que mantener”.

La conmoción pública que ha generado el rechazo al proyecto de RAM cuenta con una masiva convocatoria para este miércoles 22, bajo la consigna “Calama sin Plomo”. “Ese día Calama tiene que demostrar que es digna y pegarle un grito al país, para decirle que no traigan más las baterías de todo Chile hacia acá porque estamos saturados. Esa forma de desarrollo económico solamente es para un Chile que succiona, ahoga y contamina”, finaliza Chamorro.