La Corte Suprema confirmó hoy las condenas a prisión de cinco personas, tanto militares como civiles, por el asesinato de un médico y un funcionario público opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, crímenes cometidos en diciembre de 1973.

En un fallo unánime, la II Sala Penal del máximo tribunal chileno condenó a diez años y un día de prisión al general retirado Héctor Orozco Sepúlveda y a los exoficiales Sergio Jara Arancibia y Pedro Lovera Betancourt, como autores de la muerte de Rigoberto Achú Liendo y Absalón Wegner Millar.

También condenó a cinco años y un día de prisión a Raúl Navarro Quintana y Milton Núñez Hidalgo como cómplices del delito, en un dictamen que confirma el fallo de primera instancia del juez especial Jaime Arancibia.

Jaime Navarro era el médico del regimiento militar de San Felipe, ciudad en la que ocurrieron los crímenes.

Según el expediente, Rigoberto Achú, dirigente del Partido Socialista y jefe de Desarrollo Social de la ciudad de San Felipe, situada 95 kilómetros al noreste de Santiago, fue detenido en septiembre de 1973.

Por su parte, Absalón Wegner, director de Salud de la misma localidad y director de un hospital siquiátrico de la zona, fue detenido noviembre del mismo año.

En diciembre ambos fueron acusados de tener armas ocultas. Fueron sacados de la cárcel y trasladados al regimiento de la ciudad, supuestamente para ser interrogados por un fiscal militar.

Al cabo de una horas se dispuso que fueran devueltos a la cárcel, situada a sólo tres cuadras de distancia, pero cuando estaban a unos 40 metros de la prisión fueron acribillados por la espalda, según testigos.

El Ejército afirmó entonces que habían intentado fugarse aprovechando un desperfecto del vehículo en que eran trasladados, lo que fue desmentido por testigos.

La Comisión Rettig, que en 1991 certificó las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Pinochet, consideró “inverosímil” la versión dadas las condiciones en que se efectuaba el traslado.

Se estableció que Rigoberto Achú se encontraba en muy mal estado de salud a causa de las torturas sistemáticas que se le aplicaron desde el 12 de septiembre, cuando fue detenido, y por lo cual no podía vestirse, comer ni moverse coordinadamente.

En cuanto a Wegner, se comprobó que nunca intentó eludir a las autoridades militares. Tras el golpe de Estado de Pinochet el 11 de septiembre, permaneció detenido un día y tras ser puesto en libertad, continuó viviendo en la zona.

Llevaba una vida pública y siguió trabajando en el mismo servicio de salud, a pesar de que contaba con los medios para irse de la zona y no existir cargos en su contra.

En el aspecto civil, la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al Fisco y los victimarios a pagar una indemnización de 340 millones de pesos (unos 515.000 dólares) a los familiares de las víctimas.

Imágenes: Memoria Viva