Posverdad de presidenciables: Cifras del Poder Judicial desmienten mano blanda contra los delincuentes

Desde la implementación del nuevo sistema procesal penal en el año 2000, distintos actores políticos han instalado en la opinión pública distintas dudas sobre su efectividad para combatir la delincuencia y llevar a los culpables a la cárcel. La principal crítica se centra en que el sistema sería demasiado “garantista” con los imputados y que existiría una suerte de “puerta giratoria”. ¿Pero es realmente tan así?

Mauricio Duce, magíster en ciencias jurídicas de Standford y académico de la Universidad Diego Portales, experto en la reforma procesal penal y presidente de Espacio Público, hace unos días en entrevista con este medio, aclaró que la evidencia y las cifran no indican aquello, sino que esa percepción más bien se trata de un prejuicio. Uno que de tanto repetirse bien podría caer en la categoría de posverdad.

“Los datos indican que 9 de cada 10 veces que el Ministerio Publico solicita que el imputado quede en prisión preventiva, el juez accede. En el caso de las sentencias, 9 de cada 10 juicios existe condena. Esta cifras permiten desmitificar ciertas cosas. Uno esperaría que los candidatos presidenciales no solo repitan, sino que basen sus afirmaciones en evidencia y no en prejuicios”, planteó Duce.

Efectivamente algunos de los candidatos presidenciales repiten ciertas ideas relativas al supuesto garantismo del sistema, la falta de resultados de la justicia penal o que los jueces se preocupan más de los derechos de los delincuentes que de las víctimas. Varias de esas consignas ya forman parte del inconsciente colectivo nacional.

The Clinic Online reunió algunas de las frases que han pronunciado los presidenciables sobre la materia para luego contrastarlas con las cifras del Poder Judicial.

 

Este medio solicitó al Poder Judicial las cifras oficiales sobre los procesos penales llevados en tribunales y sus resultados.  Entre ellos, destaca que sólo el 0,8% de los controles de detención son declarados ilegales por el juez de Garantía, es decir, de cada 100 controles que realizan, en menos de un caso, se resuelve que la detención fue ilegal.

En relación a la medida cautelar más gravosa, la prisión preventiva,  aquella en que el imputado queda preso antes que se demuestre su culpabilidad, en un 87% de los casos que el Ministerio Público la solicita, el juez accede.

Duce también ha advertido los retrocesos que existen en materia de prisión preventiva en los últimos años a raíz de las modificaciones legales que se han introducido en el Código Procesal Penal. Esta cautelar, que en el nuevo sistema penal se pensó para casos particulares y excepcionales,  para  así compatibilizar la legislación con los tratados internacionales en Derechos Humados suscritos por Chile, se está transformando en la norma.

“Todos los indicadores disponibles muestran que poco a poco la prisión preventiva se vuelve cada vez más habitual en nuestro sistema. Las cifras de Gendarmería de Chile indican que allí donde al 31 de diciembre del año 2008 sólo un 21,9% de los presos en las cárceles chilenas estaba en prisión preventiva, al 31 de agosto de 2017 dicha cifra se ha elevado a un 36% (acercándonos poco a poco a las tasas de alrededor de 50% de los últimos años de vigencia del sistema inquisitivo)”, escribió el académico en una columna publicada en este medio.

Según estadísticas de la Defensoría Penal Pública,  este año 2.018 imputados que estuvieron en prisión preventiva, posteriormente no fueron condenados.

En esa línea, la semana pasada la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por los ocho comuneros mapuche, detenidos en la denominada Operación Huracán, para revertir la prisión preventiva. Los magistrados  del máximo tribunal del país consideraron por unanimidad que no había antecedentes suficientes para vincularlos a la quema de camiones y quedaron en libertad.

En relación a los condenados a cumplir condena en prisión efectiva, en cinco años, alcanzan los 424. 339 imputados. Al mirar el contexto internacional, Chile tiene una tasa de 241 presos por cada 100 mil habitantes y se ubica en el puesto 51 del ranking de 222 países.

En cambio, en el caso de los países de la OCDE,  cuyo promedio es de 172 presos cada 100 mil habitantes, Chile se ubica en  tercer lugar, solo bajo Estados Unidos (698) e Israel (256).

 

El tema no es nuevo. Ya en 2014, cuando le quedaban sólo dos meses para dejar su cargo como líder del máximo tribunal del país,  el expresidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz,  participó como orador en un seminario de la Defensoría Penal Pública. En ese contexto,  el juez que llevó el Caso Riggs, criticó a los políticos por tildar de garantista a la justicia chilena con el objetivo de conseguir votos, sin considerar  las cifras oficiales.

Con desazón, Muñoz planteó que pese a los esfuerzos tecnológicos del Poder Judicial para medir y cuantificar el sistema, los políticos opinaban de acuerdo a sus percepciones.

-“No tiene mucho sentido tratar de mostrar cuáles son los resultados de la persecución penal y cómo se ha comportado el sistema. Lo digo porque hicimos todo un esfuerzo científico por medir todo, pero los distintos actores sociales efectúan su evaluación sobre la base de percepciones. No se mide el éxito en los objetivos primarios de la reforma, es decir, la efectividad medida por tasa de procesados presos versus condenados cumpliendo condena. Antes el número de personas procesadas era muy superior y hoy día eso se ha revertido”, dijo el reconocido magistrado.

Luego, como conclusión, el expresidente de la Suprema agregó: “lo he dicho en más de una oportunidad y ahora sólo lo repito: este es un juicio político, de cara a lo que las autoridades políticas expresan para tener un rédito político. No puedo entender que teniendo los mismos datos a los que accedemos todos se siga señalando que es un sistema garantista”.