Desde que se supo la eventual implantación de pruebas por parte de Carabineros, la “Operación Huracán” ha sido como una bola de nieve. ¿Qué es lo peor de todo lo sucedido?
-Es un hecho de máxima gravedad. Sin duda lo más preocupante es que quiebra toda la confianza entre los actores, porque si hubo una manipulación o un montaje respecto al caso, uno puede preguntarse legítimamente si acaso esta es la primera vez que ocurre. El pueblo mapuche, con razón, podrá dudar de muchas otras pruebas que se han presentado en otros juicios, mientras que a sus víctimas todavía no se la ha respondido por los daños que han sufrido.

¿Quién debería remediar esos daños?
-El Estado, por supuesto. El problema es que cuando la principal institución encargada de hacer esto está en tela de juicio, claramente nos encontramos con un conflicto de compleja solución.

¿Le parece que este caso genera una desconfianza irreparable respecto al trabajo que hace Carabineros en La Araucanía?
-Diría que reconstituir la confianza en la policía uniformada está muy cuesta arriba. Carabineros va a tener que demostrar total y absoluta transparencia en explicar qué fue lo que ocurrió y mostrar pruebas que sustenten esa postura, porque tiene toda la responsabilidad en lo sucedido hasta que demuestre lo contrario.

Hasta el momento, sin embargo, Carabineros no ha transparentado lo ocurrido ni ha dado señales de querer hacerlo. Prueba de ello fue la resistencia que mostró cuando el Ministerio Público ordenó allanar la central de Inteligencia ubicada en Temuco, que incluso rodearon con Fuerzas Especiales.
-Eso fue un gravísimo error, aunque se hayan amparado en una formalidad como las 48 horas exigidas desde que se emite una orden hasta que se ejecuta. Esto da pie para la vieja pregunta que uno se formula respecto a la policía y los cuerpos armados, supuestamente obligados a velar por la tranquilidad y la seguridad: ¿quién vigila al vigilante? En este caso, Carabineros tiene la obligación de cumplir con la ley. Si ella dice que va la Policía de Investigaciones (PDI) en virtud de una orden judicial a hacer un allanamiento, tiene que cumplirse. Si no, significa que se considera como un órgano fuera del margen de la norma que regula este tipo de procedimiento. Ese movimiento mermó aún más la confianza que se tiene en la institución, porque simplemente no puede esconder la evidencia ni el proceso que se llevó a cabo para detener a los involucrados.

De todas formas, Carabineros se amparó en la Ley de Inteligencia para actuar sin supervisión en la Operación Huracán. ¿Es una normativa que se debe revisar a raíz de esta eventual manipulación de evidencia?
-En esa materia, el 95% de las informaciones que procesan los servicios de inteligencias provienen de fuentes abiertas. El 5% restante, que puede ser de fuentes cerradas, está sujeto a la autorización de los Tribunales de Justicia, a la moral interna que deben tener las personas que trabajan dentro de la institución y a la fiscalización de la Cámara de Diputados. Todas esas instancias tienen que operar y deberían estar operando, cosa que no ha ocurrido.

¿Este escándalo, entonces, se produce por una falla multisistémica del Estado?
-Sí, efectivamente. Para la transparencia y para salir de este atolladero en que estamos, va a ser muy importante que se exponga completamente frente a la opinión pública lo sucedido. Además, Carabineros tiene que adoptar las medidas administrativas correspondientes.

¿Cómo cuáles?
-Primero, que el sumario iniciado de un resultado claro, porque a mi juicio, tendrán que aplicarse medidas de reestructuración en los equipos de inteligencia que hayan participado en estos hechos. Además me parece que debe haber una responsabilidad política, la que debería ser cargo del Alto Mando de Carabineros y del Gobierno saliente y entrante. Coincidentemente, este grave hecho sucede cuando una administración está a punto de irse y otra ad portas de entrar, lo que hace más compleja la toma de decisiones políticas desprendidas del caso.

¿A qué tipo de decisiones políticas se refiere?
-Para que no vuelva a ocurrir hay que cambiar personal y reglamentos, afinar de qué manera se hacen los controles, la contrainteligencia. Eso es parte del conjunto de medidas que debe tomar Carabineros para que vuelva a ser creíble.

¿Y dentro del cambio de personal incluiría al general director de la institución, Bruno Villalobos Krumm? Si el “Pacogate” fue un golpe a su gestión, pareciera que este es el nocaut.
-Frente a la opinión pública, evidentemente Carabineros pasa por una situación delicada y difícil. Eso requiere medidas políticas que se dificultan por el contexto en que nos encontramos. Por esto, creo que la remoción del señor Villalobos debiera tomarse en conjunto entre las autoridades salientes y entrantes, para que el cambio sea sostenible en el tiempo, de tal manera que sea una decisión de Estado e institucional.

O sea que en otro contexto político, ¿su salida ya estaría zanjada?
-Me parece que, de igual forma, eso dependería del resultado del sumario y otros procedimientos internos. Pero no hay duda que los casos mencionados han dejado una herida difícil de sanar para la imagen de su administración. Que haya decidido hacer uso de su feriado legal justo en este momento, tampoco es buena señal.

En octubre de 2017, Mahmud Aleuy también tomó vacaciones en medio de tensiones surgidas por la Operación Huracán, cuando la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por los formalizados del caso, quienes ya reclamaban falsificación de pruebas.
-Ambos hechos son prueba de que la Operación Huracán no ha sido bien manejada por la institucionalidad, aunque a estas alturas suene obvio. Que el gobierno le haya solicitado al general director Villalobos que retome sus funciones, significa que no ha habido comunicación ni coordinación entre ellos.

¿Cree que durante el gobierno de Sebastián Piñera aumente la implementación de la Ley de Inteligencia para procedimientos policiales en La Araucanía?
-Es que esa norma le da facultades a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que está dirigida por un civil, para hacer los análisis de procesamiento de información. Pero la búsqueda de información en fuentes cerradas corresponde, al menos en materia de seguridad interna y orden público, a ambas policías a través de sus respectivos departamentos de inteligencia. Entonces eso va a continuar de esa manera, independiente de cuál sea el gobierno. Por eso es importante que Carabineros transparente los hechos y su Alto Mando tome una decisión con los antecedentes sobre la mesa.
Ahora, espero que Sebastián Piñera y su gobierno entienda que en La Araucanía estamos frente a un problema político, y que los mecanismos de orden público de Carabineros y jueces que se ha implementado en los últimos años, no han dado resultado, y han derivado en este escenario francamente preocupante.

¿Qué es lo más alarmante de este panorama?
-La tremenda disputa institucional entre el Ministerio Público y Carabineros. Es muy dañino que dos actores que debiesen tener la máxima credibilidad estén enfrentadas con declaraciones, acciones y denuncias cruzadas.

¿Qué costos podrían haber para un lado y otro?
-Bueno, hay que esperar el pronunciamiento de los Tribunales de Justicia de si hubo o no comisión de delito o montaje. Desde el punto de vista institucional, el Ministerio Público no queda tan desprotegido, ya que tiene su propia jerarquía, inamovible, mientras el Alto Mando de Carabineros depende del Ministerio del Interior, por lo que el gobierno actual y futuro debiese tomar las medidas que corresponden, porque la verdad, se han acumulado demasiados problemas en esa institución.

El Ministerio de Interior, sin embargo, no se ha referido de forma contundente a este conflicto. ¿Echa de menos un papel más protagonista de su parte?
-Uno de los déficit del gobierno de la Presidenta Bachelet fue el tema político. Siempre ha demorado mucho en la toma de decisiones y esta no es la excepción. Yo creo que lo más sano, repito, sería que se tienda un puente con el gobierno entrante de manera que en marzo la nueva administración resuelva la remoción del Alto Mando de Carabineros.

Héctor Llaitul, originalmente imputado en el caso, dijo que esta maniobra revela una “persecución obsesiva” en su contra, ¿coincide?
-Creo que tanto Llaitul como el resto de los integrantes de grupos que reivindican las demandas mapuche pueden sentirse vulnerados tras lo ocurrido. El precedente que se marca con este hecho es tan grave como decidor: estipula que Carabineros puede inventar pruebas para engañar y apresar comuneros mapuche. Esa es la lamentable lección que queda, y por eso rodea de incertidumbre el actuar que ha tenido en otros juicios.

LA DECÉ Y PIÑERA
Las cosas en la Democracia Cristiana (DC) no están más tranquilas.
-Para nada, ja ja. El partido está viviendo una situación bastante crítica. Hemos tenido muchísimos problemas para definir nuestra identidad y visión común en torno a ciertos temas, como el rol del Estado, del mercado, el modelo económico, la fraternidad. Tenemos un punto de quiebre, por lo que es clave que los distintos actores reconozcan esta crisis y digan si están disponibles para salir adelante o no. También hay que responder a la pregunta de cuál debe ser la DC del siglo XXI, y si es necesario repotenciar y modernizar la estructura del partido.

¿Y cómo se imagina esa DC del Siglo XXI?
-El cristianismo en que se inspira el partido se basa en los valores. De repente nos olvidamos que los seres humanos somos iguales, o que debemos jugarnos por los más oprimidos, por los pueblos ignorados y por los pobres. También que estamos contra la desigualdad. Esas cosas se han perdido en el camino y debemos adecuar esos aspectos a la sociedad actual, para que inspiren nuestra acción en materia económica y política dentro de un mundo cambiante donde campea el capitalismo y el modelo neoliberal, porque ya no podemos vivir de glorias pasadas. Por otra parte, tenemos que ser un partido moderno que sea atractivo para los jóvenes. Hasta el momento no tenemos mucha noción de cómo piensan ni lo que sienten. Nos quedamos atrás. Por eso hay que tener un instrumento de estructura partidaria que sea acorde a los tiempos que vivimos, no el viejo asambleísmo propio de cuando no existía siquiera la televisión.

El o la líder del partido que se elegirá el próximo 27 de mayo, entonces, debería trabajar en esa directriz.
-Es importantísimo que logremos un consenso en modernizar las ideas y las estructuras del partido. Si logramos ambas cosas, se podría alcanzar una directiva de acuerdo a estos desafíos, que a un sector del partido le cuesta asumir. Si no se logra eso, tendremos que competir de forma legítima entre las listas. De todas maneras hay buenos candidatos para presidir ambos sectores, como diputados o senadores y personas que no son parlamentarias.

¿Y senadores electos, como usted?
-Lo único claro que tengo es que excluyo a Francisco Huenchumilla de las opciones, ja ja. Por el momento no me interesa formar parte de directivas. Habrá que esperar a marzo para ver cómo viene la mano.

Uno de sus dirigentes más emblemáticos, Gutenberg Martínez, estaría analizando renunciar al partido. ¿No teme que con su salida se gatille otro éxodo importante de militantes, como ocurrió con el alejamiento de Mariana Aylwin?
-Es que él no debería irse, creo yo. Presentó una moción en la última junta sin resultados positivos, pero no puede renunciar por eso; por perder un voto político no puede irse del partido, tiene que aceptar los resultados democráticos. Ahora, lo que pasó con Mariana Aylwin es otro caso, porque su postura ya no sintonizaba con la del partido y se cortó por lo sano. Pero claramente no estamos en condiciones de perder ese número de militantes, por eso urge aplicar los lineamientos mencionados.

Pero en materia práctica, ¿cómo se van ejecutar esos cambios, por ejemplo, en el próximo gobierno?
-La DC va a ser oposición, que no quepa duda. Nuestro compromiso con la Nueva Mayoría nos colocó en esta posición y hay que desarrollarla como tal. Ahora, esta oposición se enmarcará dentro de lo que nosotros consideramos como bien para el país y dentro de la racionalidad.

¿Eso quiere decir algo respecto a una alianza política con el Partido Comunista (PC) o el Frente Amplio (FA)? El grado de cercanía con ellos fue una de las discusiones que tuvieron en la última junta nacional.
-El primer punto que discutimos fue nuestra posición frente a la derecha y al gobierno de Piñera. Ahora, yo sostengo que la Nueva Mayoría termina l1 de marzo y por lo tanto, la DC recupera su autonomía. Conjuntamente, nos coordinaremos con el resto de la oposición para materias administrativas, siempre y cuando exista voluntad de todos para hacerlo. Personalmente, soy partidario de extender la más alta coordinación con sectores como el PC y el FA. No tengo inconveniente en converger con partidos que también aspiran a una sociedad igualitaria y más justa.

Después de todo el FA encarna algunas de las necesidades que menciona, como modernizar su partido y acercarse a los jóvenes, ¿o no?
-Puede ser. Tenemos puntos en común y otros sobre los que se puede trabajar. Por eso no excluyo ni me cierro a nadie para conversar. No tengo prejuicios ni problemas con el PC ni con el FA. Me parece que tenemos que resolver discrepancias internas antes de criticar otras tiendas, sobre todo después de estos cuatro años que se terminan.

¿Fue una buena o mala experiencia la Nueva Mayoría?
-Está claro que no puede continuar, nadie lo ha dicho porque no sería sostenible. Fue un pacto de gobierno que nace y muere con el de la Presidenta Bachelet. Con su fin nace otro escenario político donde espero que haya mayor conversación y coordinación, porque claramente existen síntomas de que la centroizquierda no puede trabajar como lo hizo durante el último tiempo, más allá del último gobierno.

¿Cómo entregarle dos veces la piocha a la derecha?
-Exactamente. Pero no hay que perderse: la centroizquierda intentó en una dirección estratégica correcta la modificación del modelo neoliberal e implantó reformas en virtud de ello. Pero sin duda, el déficit de la coalición y de este gobierno estuvo en la política.

¿Por qué?
-Hubo muchos conflictos en cómo se trabajó para implementar las reformas, en la complicidad para defenderlas y, a mi juicio, hubo un comportamiento demasiado individualista de la Presidenta, lo que en definitiva significó que la derecha nos derrotara. El balance final fue que iniciamos las reformas pero fallamos en lo político porque ganó de nuevo la derecha.

Y esas reformas, que costó tanto sacarlas, están en peligro de extinción con el nuevo gobierno.
-El gabinete del Presidente Piñera así lo demuestra. Viene con una línea muy conservadora y ortodoxa en materia económica. El peligro está latente, el próximo gobierno quiere retroceder. Por eso necesitamos articular una buena oposición y trabajar coordinadamente.

¿Le sorprendió el carácter del gabinete nombrado por Piñera? Pasó toda la segunda vuelta haciendo guiños al centro político y los ministros elegidos demuestran que no trabajará en esa línea.
-Para nada. En materia electoral muchas veces se hacen movimientos prácticos en función de ganar. Y como en este caso el resultado fue tan contundente a favor de Piñera, a lo mejor la derecha lee que ese es un respaldo para efectuar los cambios que siempre quisieron, como echar atrás las reformas e implementar su propio sistema y visión. Ahí está el gabinete conservador que arma Piñera. Por eso es muy posible que se retroceda en mucho de lo que se avanzó durante el gobierno de la Presidenta Bachelet.