Por Jorge Gajardo H. Herbert Guajardo P. Gabriel Valdes O. / Presidente Secretario Tesorero
SINDICATO DE TRABAJADORES FUNDACIÓN DE LA FAMILA

El día miércoles 3 de noviembre del año 2010, en la historia de la Fundación de la Familia, institución perteneciente al Gabinete de la Primera Dama, se generó un quiebre tan evidente entre trabajadores(as) y la Dirección Ejecutiva que no podemos obviar.
Ese día, los(as) siete trabajadores del Centro Familiar de Huechuraba, sin ningún tipo de aviso previo o formalidad alguna desde la Fundación de la Familia, nuestro empleador, o del Municipio de Huechuraba, dueño del terreno, (ambas instituciones vinculadas a la génesis del conflicto), fueron desalojados desde lo que hasta ese momento era su lugar de trabajo, poniéndose de esta manera fin a su “vínculo” con la Fundación, argumentando la necesidad urgente del uso del terreno para ejecutar otros programas sociales.
Es importante señalar, que este Centro Familiar, ubicado en la Población La Pincoya, realizó su quehacer desde el año 1992, con énfasis en un fuerte trabajo comunitario y en la promoción y prevención de situaciones que afectan a las familias más vulnerables de nuestro país. Hasta el momento del desalojo, treinta organizaciones de la comunidad hacían uso de dicho Centro; traducidas en número de personas participando, hablamos de sobre doscienta cincuenta personas.
El cierre y desalojo de los trabajadores del CF, se llevó a cabo, como si se tratara de un vulgar trámite, algo que resolver rápidamente, intrascendente; como si el tiempo, las energías, la disposición, los afectos puestos en el trabajo desarrollado hasta ese momento, no fueran razón suficiente para mirar y comprender la clara vulneración de derechos desde el puntos de vista humano, social y ético que allí se estaba cometiendo.
No se consideró el desempeño de los funcionarios ni las evaluaciones previas de los mismos, argumentándose que “las nuevas políticas de la empresa no eran reubicar a nadie ni abrir nuevos CF en otros lados sin que existan estudios previos que ameriten su apertura”; sin embargo, tampoco hay estudios presentados que ameriten el cierre del CF. Llama la atención esta declaración, pues extraoficialmente, se nos había informado que no era política de la nueva gestión despedir al personal. Lo sucedido en Huechuraba, nos sume en una profunda desconfianza, ¿alguien nos asegura que atropellos como el sucedido no volverán a repetirse?
Esencialmente, los trabajadores y trabajadoras de la Fundación de la Familia desempeñamos nuestra labor en las diversas dimensiones del trabajo social y comunitario, o si se prefiere del área social. Es ahí donde logramos dotar de sentido nuestro quehacer, es en ese espacio donde la vinculación y construcción con la comunidad, las personas, las familias cobra una importancia vital para cada uno de nosotros(as) y viceversa. Este vínculo de años fue transgredido brutalmente. La comunidad de La Pincoya fue violentada una vez más por una institución que promulga el trabajo con las familias más vulnerables. Ni el Municipio ni la Dirección Ejecutiva de la Fundación de la Familia consideraron esta profunda dimensión y actuaron socavando la confianza puesta por la comunidad en un proyecto institucional, gubernamental.
Cabe mencionar además, la falta de respeto hacia la dirigencia del Sindicato, pues, si bien se nos informó del término de la relación contractual de los compañeros(as), en ningún momento se dejó entrever la forma humillante, irrespetuosa y violenta en que se llevaría a efecto dicha “desvinculación” y claramente se nos hizo parte de una maquinaria perversa.
En la actualidad, las instituciones pertenecientes al Estado y/o gobierno, han expresado la intención de desarrollar una labor social en pos de los más desvalidos y desprotegidos. Estos principios debieran revisarse profundamente. No se puede mirar en función de los “beneficiarios”, cuando a los propios trabajadores parece considerárseles un artefacto más en el inventario de los centros familiares. Aquí “no hay un nuevo trato”, ni una “nueva forma de gobernar”.
De artefactos, nada. Esta acción, no es sólo un atropello hacia nuestros compañeros(as) de Huechuraba, es un atropello a nosotros mismos, a cada uno(a) de los trabajadores(as) de la Fundación de la Familia, a nuestra dignidad como personas y a la propia comunidad del sector.
Hacemos un emplazamiento público a la Primera Dama Cecilia Morel, Directora Nacional de la Red de Fundaciones y a la Directora Ejecutiva de la Fundación de la Familia, Catalina Recordón, a que den explicaciones claras a la comunidad de Huechuraba y a los compañeros(as) despedidos, donde se deje constancia de las responsabilidades individuales e institucionales (nombres y cargos) respecto de lo ocurrido.
Exigimos además, una disculpa pública de la Dirección Ejecutiva hacia nuestros compañeros(as), por la forma en que fueron violentados(as) en sus derechos como personas y como trabajadores. Demandamos un pronunciamiento formal de parte de nuestro empleador de que situaciones como la ocurrida no volverán a producirse.