Milton Juica: “Lo de las cárceles es un tema político”

Esta semana El Mercurio dijo que sus palabras sobre el incendio en San Miguel eran “emocionales” y que podían prestarse a un debate político. Pero Milton Juica, representante del tercer poder del Estado, tiene piso para hablar. Aparte de su cargo, el juez tiene una larga trayectoria dentro del Poder Judicial, donde le tocó investigar causas de Derechos Humanos en años duros.

Fotos: Alejandro Olivares

El lunes en la mañana, el presidente de la Corte Suprema Milton Juica se ve tranquilo en su oficina del palacio de tribunales. El día anterior, El Mercurio le dedicó una editorial: “Cuidado con la emocionalidad”. Un texto que, pese a lo coloquial, terminaba achacándole a sus palabras sobre la muerte de 81 presos en la cárcel de San Miguel -“El mensaje político del momento es que lo mejor sería que todas las personas estuvieran presas y no en libertad y esas son las consecuencias que se provocan”- una emocionalidad que “podría prestarse a debate político” y “desorientar a los jueces y a la ciudadanía”. Pero Juica no luce ni desorientado ni emocional. Tampoco quiere responderle al diario. “Soy de los más respetuosos con la libertad de expresión y de información, así que no voy a criticar a aquellos que me critican”, dice.

Pero es curioso ese texto de El Mercurio, porque además tira a suponer o insinuar que el representante de un poder del Estado no puede opinar.

-Más me parece preocupante que considere que uno hace una declaración en un estado emocional que obnubila la razón. Y ese no es mi  caso, porque siempre trato de ser lo más racional posible y muy responsable de lo que digo. Y, en general, lo que afirmé es una cosa que todo el país observa, en que los expertos también están de acuerdo en que esa es la realidad y cómo se ha ido radicalizando el tema de la seguridad pública en el país, y de cómo eso ha traído como consecuencia un aumento explosivo en los establecimientos penales, que no tienen capacidad para recibir presos y atenderlos. Y, por supuesto, para que se le respeten a esas personas -que son seres humanos también- los otros derechos que les entrega la Constitución, porque sólo han perdido el derecho a la libertad personal transitoriamente. Ese es mi planteamiento.

Que es un planteamiento hecho para generar precisamente un debate político. El Mercurio dice “estas palabras podrían prestarse a un debate político”. Es la idea, ¿no?

-Bueno, lo de las cárceles es un tema político, porque hay que invertir recursos y por lo tanto es un tema del presupuesto nacional que se discute políticamente. Hay que invertir más y por supuesto buscar mejores decisiones legislativas en temas tan importantes como la prevención y la rehabilitación. Y eso es una cuestión en que todos están de acuerdo que es un tema pendiente. Y como nosotros, de alguna manera indirectamente, tenemos una cierta responsabilidad con los presos, porque el Código Orgánico de Tribunales le entrega a los jueces de Garantía la obligación de hacer una visita semanal de cómo están sus presos, y los presidentes de las cortes de Apelaciones tienen la obligación de hacer a lo menos una visita semestral, que la hacen; y como la Fiscal Judicial ha asumido el compromiso de eso, bueno, tenemos mucha información de lo que pasa y por supuesto no la guardamos, sino que la entregamos para que las autoridades que tienen que resolver el conflicto lo puedan hacer.

¿Cuándo conoció por primera vez la cárcel?

-Desde que empecé a trabajar en el Poder Judicial. Fui actuario en el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, que estaba al lado de la Cárcel Pública por allá por los años 1966–1967, en que la discusión del momento era la sobrepoblación que tenía esa cárcel. No es un tema nuevo, estoy hablando de hace cerca de 40 años, poco más, en que ya se discutía el tema; cárcel que, por supuesto, podía ser absolutamente inoperante, que hubo que destruir, demoler, y las personas que cumplían las prisiones preventivas fueron trasladadas a la Penitenciaría y después se crearon otras. Este es un tema endémico de Chile desde hace muchos años.

Y nunca se ha abordado bien.

-Esto de la promiscuidad y el hacinamiento es así. Y en el hecho se ha construido poco. Pero sí tenemos que advertir que en los últimos veinte años algo se ha construido y eso es importante. Pero lo que se ha construido no ha sido suficiente respecto al aumento de casi un ciento por ciento en 20 años de la población carcelaria.

Hemos tenido una agenda en los últimos años de usar el miedo que le genera a los ciudadanos la delincuencia como arma política, como herramienta para conseguir votos. Estos son los costos. Recuerdo la Agenda Corta, que en el mensaje dice que si bien los delitos no han subido, sí sube la sensación en las encuestas. La misma idea que cita El Mercurio en su editorial. ¿Cómo legislamos con las encuestas?

-Bueno, ese es el peligro, creo yo: porque si vemos la realidad objetiva, Chile en el concierto a lo menos sudamericano es el país más seguro, tanto en términos de peligrosidad o de delincuencia. Hay más seguridad en Chile que en otros países. Eso no quiere decir que en Chile no exista la delincuencia; existe y a veces de mucha peligrosidad. Y la segunda realidad objetiva es que Chile tiene más presos que esos mismos países. Entonces, esos índices indican que un mensaje tan permanente, que atemoriza a la gente, de que nadie vive tranquilo en este país sino es, digamos, endureciendo el sistema carcelario, el sistema de persecución penal, esto no tiene vuelta y el mundo se nos viene encima por el tema de la delincuencia. Y yo personalmente creo que, siendo un problema serio la seguridad de un país, Chile puede buscar otras alternativas culturalmente hablando, más razonables para solucionar sus problemas de seguridad. Todavía falta mucho que hacer en prevención, todavía hay un debe respecto de la respuesta que puedan dar los servicios policiales para reprimir y atender antes que el delito se cometa. En segundo lugar, las cárceles no sirven para rehabilitar a nadie. En tercer lugar, los sistemas de rehabilitación en Chile no existen. Bueno, y ahí es donde está el tema. Y esto hay que tomarlo con un cierto grado de seriedad y no trabajar sobre la base de eslóganes.

Ha faltado seriedad.

-Creo que sí. El debate -siendo serio- no ha sido analizado con la altura de miras que debiera considerarse una situación de cierta gravedad, pero que para Chile es más fácil de solucionar que para otros países. He estado en México, por ejemplo, y no hay comparación con la realidad mexicana; con Brasil, tampoco. Incluso con nuestros vecinos argentinos, que tenían en una época un cierto grado de seguridad, hoy por hoy la perdieron. Más que Chile. Entonces, debiéramos aprovechar las ventajas que tenemos para hacer un trabajo mejor, más serio, y olvidarnos que este es un tema que sirve para ganar votos, sino que es un tema que hay que trabajar aun prescindiendo de los resultados electorales. Y como yo no estoy en ese juego, me atrevo a decir esas cosas porque las siento y creo que la mayoría de los jueces también lo sienten y generalmente lo hemos denunciado siempre.

Ahora, este mea culpa que hacen las instituciones por el incendio -dejo de lado al Poder Judicial-, duró poco, porque el viernes o el domingo ya estábamos en que no podemos ablandarnos en la lucha, en la guerra, contra la delincuencia.

-Es que hay una sensación de que acá los grandes delitos, los grandes delincuentes o los delitos más peligrosos, aquellos de violación con menores, los homicidios, los grandes asaltos, los delitos de droga, de droga gruesa, no estoy hablando del microtráfico, que hoy por hoy también tiene una persecución bastante fuerte y que llena las cárceles de jóvenes que a lo mejor no sirve mucho… Ese es el problema.

Y no será que esta gente está legislando con emocionalidad.

-No estoy en condiciones de hacer esa afirmación porque a mí se me ha criticado que he perdido la cordura. No estoy en condiciones de imputarles eso, creo que el ministro de Justicia es un ministro muy serio, verdaderamente él desde un primer momento está trabajando seriamente en un gran tema que le toca enfrentar, que es el sistema carcelario. Y creo que está bien trabajado. Pero él trabaja en una política que muchas veces, creo, no va muy de la mano con, digamos, las políticas más represivas de otros sectores del mismo gobierno o de los partidos políticos. Si esto de la peligrosidad tampoco es un tema que sólo sea de una parte política. Esto lo advertí de una manera transversal y casi todos los partidos esbozaron en su calendario político el tema de la peligrosidad. Todos.

De hecho, cuando se endurecen las penas, en el Congreso los votos son unánimes.

-Claro, es más vendedor penalizar, pero se han penalizado delitos más contra la propiedad que contra las personas. El delito de homicidio sigue siendo un delito casi de bagatela, cinco años y un día, el que mate a otro. Y bueno, lo mismo que el que roba con fuerza o con violencia en una casa habitada, cinco años y un día. O sea, vale más o menos… Si yo entro a robar a una casa, me va a salir cinco años y un día; si mato a un cristiano, como sea, cinco años y un día. Entonces, hay una falta de equivalencia que me parece serio. Este es un tema también en que no se ha reformado la estructura de un Código Penal, también absolutamente obsoleto. Hay muchas cosas que hacer en esta materia.

¿Y usted sería partidario de una ley de ejecución penal? Creo que hay un proyecto por ahí.

-Creo que hay una opinión más o menos generalizada, porque tampoco nos han planteado un proyecto de esa naturaleza. Pero desde el punto de vista académico y del punto de vista de los jueces, por supuesto que sería mucho más objetivo un sistema de jueces de ejecución de pena y además le quitaríamos un componente complejo para el gobierno, de que ellos tengan que decidir sobre beneficios carcelarios, indultos. Creo que sería mucho más objetivo que lo vieran los jueces. Y en otros países ha funcionado bastante bien.

Eso en la práctica podría significar que mis cinco años en San Miguel no son lo mismo que cinco años en Punta Peuco u otro penal.

-Claro, mire, hay muchas manera de reglamentar el tema de la ejecución de la pena.  Uno pasa porque quien decida sobre los beneficios carcelarios, los temas del indulto sea un órgano jurisdiccional; bueno, todas esas cosas pueden ser perfectamente resueltas por tribunales de ejecución. Los tribunales de ejecución significan darle una cierta independencia al sistema, nada más, porque por supuesto que en ellos deben participar los funcionarios de Gendarmería, los sociólogos, los asistentes sociales, todo un equipo multidisciplinario que esté en condiciones de informar respecto de los beneficios o inconvenientes de una medida de esa naturaleza. Sería mucho más transparente y sobre la base de una discusión adversarial, en que alguien propone y se discute públicamente si tienen o no derecho a tener beneficios penitenciarios. Hoy por hoy, así como nadie discute que la Reforma Procesal Penal y el juicio oral es lo mejor que hay en cuanto a la decisión de un conflicto penal, tampoco se discute que en temas de ejecución de la pena ya debiera terminar esta ejecución de carácter administrativa para judicializarla también. Y creo que la sociedad estaría más tranquila y no estaríamos viendo siempre debate político respecto de cómo un gobierno hace o no hace este tipo de cosas.

Ahora, ¿están maduros nuestros políticos para discutir algo así?

-Creo que sí, yo confío en la política. Y sobre todo en los partidos políticos. Una sociedad democrática se basa en ellos. Generalmente, uno debiera potenciar el debate político siempre y esa es la esencia de la democracia. Y bueno, tienen que ponerse naturalmente a la altura los políticos para analizar con profundidad y seriedad. Creo que sí lo hacen en muchos aspectos. De repente se frivolizan, pero en lo general actúan bastante bien los políticos de nuestro país.

JUECES Y APRENDIZAJE

Pasando a otro tema, cómo se ve la justicia hoy.

-La veo con mucho optimismo. Usted dirá está en casa, cómo va a decir que está malo lo que pasa en su casa. Pero mi experiencia, después de casi más de cuarenta años en el Poder Judicial, me indica que cada vez se están haciendo mejor las cosas en materia de justicia. Desde luego los aspectos de transparencia han sido casi inconcebibles que se hayan producido en el Poder Judicial, que es casi el poder del Estado que tiene mejor información entregada a la sociedad. Los procedimientos son transparentes, los sistemas de organización del Poder Judicial en su parte orgánica, el sistema de selección del personal, de rendición de cuentas. Desde ese punto de vista estamos mejor que antes y lo único que aspiramos es a mejorar. Queremos tener una relación con la sociedad de tal manera que la sociedad crea en los jueces, porque no hay otra alternativa en Chile, civilizadamente hablando, que no sea solucionar los conflictos a través de los tribunales. Y a pesar que uno advierte una imagen que todavía sigue siendo negativa -pero que es una percepción-, una sensación que yo naturalmente reconozco que existe, pero que tiene la contradicción más fuerte en que si la gente no cree mucho en los tribunales de justicia, eso debiera indicar que no debieran acudir a los tribunales. Y hoy por hoy el aumento de la judicialización en nuestro país es de más o menos entre un 10 y un 12%. Si hiciéramos caso a la percepción, debiera ir bajando, la gente debiera decir como no creo en esto, prefiero solucionar… Pero usted ve que la gente cada vez que tiene un problema, va a los tribunales.

Y por qué esa imagen.

-Creo que, reconociendo que puede haber todavía errores nuestros, y estamos tratando de corregirlos -tenemos buenos profesionales en comunicación que nos están diciendo mire esta parte está mala y nosotros la arreglamos-; reconociendo que hay sectores que a lo mejor no atienden bien, que todavía pueden haber atisbos de corrupción en el sistema, menores, en que la gente se sienta rechazada; lo que creo en general es que hay una cierta confusión respecto del rol del Poder Judicial. El Poder Judicial no es el sistema judicial, es una unidad o una parte del sistema judicial. El Poder Judicial es la parte que está compuesta por jueces que resuelven los conflictos. Pero con los jueces usted tiene también otros órganos que son identificados con él: las policías, Gendarmería, el Servicio del Registro Civil, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Médico Legal. Todo se incorpora dentro del sistema judicial. Y bueno, si pasa algo en Gendarmería es la justicia la que está fallando pero la gente dice “es el Poder Judicial”.

Hay otra confusión: que la gente los ve a ustedes como actores en la “guerra contra el delito”.

-Y eso siempre lo hemos dicho: no somos actores en la prevención del delito y solamente tenemos como misión resolver el conflicto, dentro de un estatuto constitucional que establece garantías, que los jueces tienen que cumplir. Y cuando los jueces cumplen al pie de la letra las garantías, parece que a la gente no le gusta mucho eso. Y eso es complicado.

Eso en una democracia es complicado. Usted cuando asumió hizo un gesto importante, que fue hablar del régimen militar a nombre del Poder Judicial de esa época. ¿Qué aprendieron los jueces de esa época, de ese trauma?

-No podría en ese aspecto tomar la representación del Poder Judicial. Desde luego, todos aquellos ministros de la Corte Suprema que estuvieron en la época del gobierno militar ya no están, y seguramente muchos ministros de las Cortes de Apelaciones, tampoco. Yo personalmente creo que no actuamos o no se actuó como correspondía en una época en que absolutamente no se respetaban los Derechos Humanos. Hubo no sé si una incredulidad en lo que pasaba, o muchos estaban de acuerdo en que pasara lo que estaba pasando. Porque aquí hay una cierta hipocresía en este país. Mucha gente, después de muchos años, decía que no creía, que no sabía que pasaban estas cosas. Yo personalmente, como viví en provincia y me recorrí varias partes del país y tengo una visión más panorámica, creí desde un principio que acá se estaban violentando gravemente los DD.HH. De un principio. Por lo tanto, nunca di como excusa yo no sabía. Eso es una simple excusa, porque en este país todas aquellas personas que eran mayores de edad y por lo tanto plenamente responsables de sus actos sabían perfectamente lo que pasó desde el 11 de septiembre, inmediatamente. Nadie podía ignorar lo que pasó y seguía pasando y cómo concluyó finalmente. Yo tengo muy claro eso.

Qué conclusiones debieran sacar los jueces de esa época.

-Cada vez pensar más en que lo mejor en un Estado moderno es la democracia. No hay duda. La democracia pasa por altos y bajos, pero en las partes más bajas siempre es mejor la democracia que un gobierno de facto o un gobierno dictatorial. Definitivamente.

DERECHOS

Ahora, en democracia, sin dictadura, cómo está el respeto de los DD.HH. en Chile.

-Creo que bien, creo que mejor pero por supuesto siempre el país está observado en muchos aspectos de las garantías constitucionales. Pero hay mecanismos jurídicos rápidos, una prensa que se preocupa, organizaciones que se preocupan, hay tribunales internacionales que tienen la mirada. Creo que Chile está pasando bien la prueba.

Pero lo de las cárceles, por ejemplo, es un tema de DD.HH.

-Claro, pero usted comprenderá que hoy por hoy las personas que están presas a lo menos están presas por orden judicial. Hubo una época en que no se sabía por qué estaban presas las personas. Ahora, el trato en las cárceles es un problema, claro que sí. La situación de las minorías raciales, de los pueblos originarios también es un problema que debiera preocuparnos. El tema de las discriminaciones de género, de sexo. También. Eso existe, pero hay un escrutinio público que puede ser atendido y que las personas tienen derecho a reclamar de cualquiera de este tipo de discriminaciones que puedan sufrir. Y en eso creo que Chile en este momento está en mejor pie que cualquier otro país.

La situación de los mapuches cómo la ha visto.

-Como que ya se está olvidando ya.

Sí.

-Este país tiene ese tipo de emocionalidad.

Emocionalidad mercurial.

-No diría eso, pero emocionalidad. Pero mire: nosotros hicimos, como Corte Suprema, un seminario sobre discriminación. Trajimos a personas expertas, no del Poder Judicial, quizá los más críticos, a un debate serio con jueces. Y la enseñanza que obtuvimos de este seminario es que los jueces se atreven a discutir temas importantes que les atañen a ellos, como la discriminación. Se atreven, sobre todo los jóvenes. Se interesan y tratan de procupar en su actividad no discriminar. En segundo lugar, nos ha permitido también conocer la gravedad que tiene la discriminación que todavía persiste en Chile, más bien mirado desde el punto de vista de las personas que tienen poco acceso no solamente a la justicia sino que a muchas cosas. El tema de la pobreza. Y ahí falta mucho que hacer y seguramente si corrigiéramos eso, a lo mejor debiéramos tener menos problemas en otros aspectos que son gatillados por la pobreza.

Una pregunta. En el futuro, estas denuncias que se han presentado en los juicios por los mapuches -que no son resorte exclusivo del Poder Judicial, e incluso al revés: muchas veces los tribunales revocan algunas de las ideas de los fiscales-, ¿no es una espina que está creciendo? ¿Esas denuncias de DD.HH.  no nos llevarán en 20 años más a un mea culpa? Es imposible hablar del futuro, pero se lo pregunto.

-Todo es posible. Todo. Ojalá que mejoráramos mucho en esa parte y no tuviéramos que enfrentarnos a situaciones límites de desigualdad o discriminaciones o de injusticia. Tengo mucha confianza en los jueces jóvenes que han llegado. Han llegado una cantidad enorme de jueces muy estudiosos que tienen una concepción muy clara del respeto de los derechos esenciales de las personas. No digo que los otros no lo tengan, también lo tienen, todos. Pero ellos consideran con mucha fuerza el tema. Debemos tener esperanza de nuestras generaciones futuras de magistrados que van a asumir luego los controles superiores, en que cada vez va a mejorar más la justicia en este país.

Estamos entrando a una sociedad que empieza a pelear por sus derechos.

-Y es bueno, pues. Y es sano para la sociedad que todas las personas sepan que tienen  derechos pero que además que lo sepan, se les respeten. Y que ellos tengan un camino de solución para que se cumplan sus expectativas.

Eso se va judicializando.

-Está judicializado. Si ahora toda la gente, cualquier tema de carácter social, ambiental, político, no se conforma con las decisiones de carácter administrativa. Saben que pueden ir al tribunal. Y, bueno, en este momento la judicialización de estos temas ha provocado este aumento progresivo de las causas que hay en nuestro país. Eso no es malo, está bien. Aquí no hay problemas que no se puedan discutir. Ahora, si tiene o no tiene razón, ese es otro cuento. El contencioso administrativo hoy por hoy es casi la constante permanente, tanto que cada vez se crean más tribunales de contencioso administrativo. Hoy por hoy viene una legislación que crea tribunales ambientales. Bueno. Ahora, tampoco es bueno que hayan tantos tribunales especiales, porque de alguna forma jibariza este poder judicial, a pesar que todos están bajo la superintendencia de la Corte Suprema, pero no son Poder Judicial completamente. Yo diría que los jueces de este país tienen la experiencia, la capacidad, la idoneidad para asumir todo ese tipo de conflictos y no crear más tantos tribunales especiales.

Y en este proceso de discutir sobre la discriminación y sobre derechos, el caso de la jueza Karen Atala, cómo se ve.

-Mire, para el Poder Judicial esos temas no son incómodos. Yo, en general, no trato de meterme en casos puntuales, porque además hay pendiente la posibilidad de un juicio ante un tribunal internacional. Pero, en general, en los temas de tuición se parte con una discriminación, la ley parte con una discriminación en que no sé por qué razón le entrega preferentemente el cuidado a la madre. Tradicionalmente pareciera que era lo razonable. Hoy por hoy, no veo por qué no pueda ser compartida. Creo que los jueces no discriminan tampoco en razón de la opción sexual que tiene la persona. Si vemos el caso de esta magistrada, ella no puede negar que ha hecho su carrera en el Poder Judicial sin que haya sido discriminada de ninguna manera. En su carrera judicial. Ha hecho una carrera, es un juez de asiento de Corte de Apelaciones, está dentro de lo razonable. Y en general, el tema del cuidado personal es un tema caso a caso, no es una regla que se toma, todos las casos no son iguales.

No hay discriminación por su orientación sexual.

-Diría que no. Nunca ella puede decir que se le haya discriminado. Salvo el problema judicial que tiene, pero ella en su entorno no debiera sentirse discriminada. Y nosotros creemos que desde ese punto de vista nadie que tenga una tendencia sexual distinta o tenga su propia tendencia, pueda ser discriminado en el Poder Judicial.

Un caso que me sorprendió mucho este año, gratamente, fue el del paquistaní. Varias veces los jueces dejaron en libertad provisional a un hombre imputado de delito terrorista y al final eso se derrumbó porque la fiscalía anunció que no iba a persistir. Yo hacía el ejercicio de ponerme en otros años y me imaginaba al paquistaní con una larga prisión preventiva.

-Bueno, como le decía: no me gustaría personalizar. Pero en general creo que los jueces hoy no se dejan influir, y no debieran dejarse influenciar porque les toca una tarea muy importante en la sociedad: trabajar con la máxima independencia. Nosotros le aseguramos a los jueces que no vamos a interferir en sus tareas ni tampoco nadie que no sea del Poder Judicial tiene el derecho de hacerlo. Y por lo tanto los jueces tienen que tener claro que ellos son independientes para resolver de acuerdo a su propia convicción y de la manera como ellos han examinado el caso, entendido e interpretado la ley. Y eso lo tienen ganado y ojalá que lo utilicen permanentemente. Ahora, el que no quiere ser independiente no lo va ser. Pero es una decisión propia, interna, no provocada exogénamente.

Eso nos lleva de nuevo al debate sobre la delincuencia. Muchas veces los jueces son apuntados por la prensa.

-Bueno, pero claro: hubo un discurso que decía que los jueces eran garantistas.

Que era como un insulto.

-Claro, pero si alguien dice como crítica que un juez es garantista, no lo encuentro crítica. Al contrario, es un gran merecimiento que se les diga a los jueces que son garantistas porque esa es su tarea fundamental: garantizar los derechos de las personas.