Menos mal: Gobierno descartó indultar a violadores de DD.HH. por falta de apoyo político

El Gobierno presentó hoy un paquete de medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles del país que incluye indultos, pero que no beneficiará a enfermos terminales o mayores de 80 años, pues podrían favorecer a los represores de la dictadura de Augusto Pinochet.

El vicepresidente Rodrigo Hinzpeter y el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, detallaron este plan de cuatro medidas que pretende mitigar el hacinamiento en las cárceles y la crisis que se vive en los penales a nivel nacional. que puso de manifiesto un incendio el pasado 8 de diciembre, en el que murieron 81 reos.

El Gobierno pretende enviar este texto al Congreso el próximo jueves. Según cálculos del Ejecutivo, las medidas podrían beneficiar a unos 10.000 reclusos no peligrosos, enfermos o de buena conducta, y mitigarán el hacinamiento de las prisiones, que albergan a unos 50.500 reos, a pesar de que solo tienen capacidad para unos 34.000.

Sin embargo, la iniciativa final no contempla la posibilidad de beneficiar a enfermos terminales o mayores de 80 años, lo que había suscitado cierta polémica, ya que podría haber beneficiado a alguno de los cerca de 70 presos que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos.

“No estamos incorporando dentro de este paquete una legislación para enfermos terminales ni para personas ancianas mayores de 80 años. Creemos que tenemos que construir los consensos y todavía no vemos que esos consensos estén disponibles”, explicó Bulnes.

Los parlamentarios de la opositora Concertación ya habían adelantado que no respaldarían una medida de este tipo. En cambio, miembros de la coalición de derechas que respalda al Gobierno de Sebastián Piñera criticaron la exclusión de los represores.

Para el diputado y ex subsecretario del Interior de Pinochet, Alberto Cardemil, “no es señal de un buen Gobierno” anunciar un proyecto “y después bajarlo por algunas críticas destempladas que están más bien motivadas por el afán de venganza que el afán de justicia”.

En tanto, la diputada María Angélica Cristi sostuvo que “este es un nuevo portazo con nombre y apellido contra militares condenados por derechos humanos, enfermos”. “Acá el Gobierno se asustó frente a los gritos destemplados” de la oposición, subrayó.

El paquete presentado hoy sí incluye un indulto “conmutativo” a tres grupos de presos: con régimen de salida diaria, con reclusión nocturna y mujeres que hayan cumplido dos tercios de la pena, que ésta no haya sido por delitos violentos y que tengan una conducta sobresaliente.

El ministro Bulnes señaló que esta iniciativa “no extingue la pena, sino que la modifica”, aunque no ofreció más detalles al respecto. Esto supone un vuelco en la postura del Gobierno, ya que el año pasado la Administración de Sebastián Piñera descartó estudiar una propuesta de la Iglesia católica de un indulto general con motivo del Bicentenario de la independencia.

Respecto al resto de medidas del plan, una de ellas permitirá que las cerca de 2.500 personas que cada año ingresan en prisión por no pagar una multa de dinero dejen de hacerlo y puedan cumplir ese castigo realizando servicios comunitarios.

Los condenados a penas inferiores a un año también podrán conmutarlas, según el criterio del juez, por trabajos a la comunidad.

Además, se establecerán criterios objetivos para otorgar la libertad condicional y esta decisión, que hoy está en manos de los secretarios regionales del Ministerio de Justicia, dependerá en el futuro de una comisión de diez jueces.

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