Columna de Jaime Mañalich: El hombre que alimentó a un país y no supo perdonarse

Hace algunos días se rindió un nuevo y justo homenaje a quien es probablemente el gestor de la política pública de salud más relevante de nuestra historia. En los años cincuenta, el Dr. Fernando Mönckeberg trabajaba como pediatra en La Legua, uno de los barrios más pobres de Santiago. Cada día veía morir niños. No de enfermedades raras ni de condiciones excepcionales: morían de hambre. De una hambre crónica, invisible, que los dejaba sin defensas frente a cualquier infección, que les robaba el crecimiento, que les apagaba el cerebro antes de que pudiera encenderse. El 40% de los menores de 15 años no llegaba a los 15. La esperanza de vida en Chile era de 36 años.

Mönckeberg podría haber aceptado eso como la realidad del país que le tocó. No lo hizo. Lo que hizo, en cambio, fue algo que todavía hoy parece improbable: decidió que él personalmente iba a terminar con la desnutrición infantil en Chile. Y lo logró.

El primer paso fue entender el problema con precisión científica. Entre 1954 y 1974, desde el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) que fundó en la Universidad de Chile, Mönckeberg acumuló evidencia. Publicó más de 130 artículos. Midió, cuantificó, documentó. No porque le gustara la academia —le urgía la urgencia— sino porque sabía que para cambiar políticas públicas en un país donde el 70% de los niños tenía retraso en el crecimiento, necesitaba datos que los políticos no pudieran ignorar.

La desnutrición crónica en la primera infancia comprendió, no era solo falta de calorías: era daño cerebral permanente. Un niño mal alimentado en sus primeros dos años de vida no recuperaba ese desarrollo. La pobreza no era solo material; era neurológica. Ese argumento, respaldado con investigación rigurosa, fue la palanca con la que movió a gobiernos de signo ideológico opuesto.

Convenció a Salvador Allende. Convenció a la dictadura de Pinochet. Convenció a los gobiernos democráticos que vinieron después. En treinta años logró que “los políticos que mienten y son cortoplacistas” —sus palabras— creyeran en sus teorías y las implementaran. El programa nutricional chileno sobrevivió el golpe de Estado, los ajustes fiscales, las crisis económicas. Sobrevivió porque Mönckeberg lo había anclado en evidencia, no en ideología.

La estrategia fue triple. Primero, la investigación: el INTA como fábrica de conocimiento aplicado. Segundo, la intervención directa: en 1975, cuando el Estado no tenía capacidad para recuperar a los desnutridos graves, Mönckeberg no esperó —creó la Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN), fundación privada sin fines de lucro que puso en marcha 33 centros capaces de hospitalizar a 1.700 lactantes simultáneamente. Hasta 2001, CONIN había recuperado a más de 100.000 niños desnutridos graves. Tercero, la prevención masiva: la Leche Purita.

La Leche Purita nació en 1974 como instrumento del Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC). No era solo un alimento: era un mecanismo de política pública con una inteligencia de diseño notable. Mönckeberg convenció a las autoridades de que la leche que se entregaba gratuitamente en los consultorios a madres embarazadas y niños menores de seis años debía ser la misma que se vendía en los supermercados. El mensaje implícito era poderoso: el Estado no te da sobras. Te da lo mismo que compran los que tienen dinero. Ese detalle —aparentemente menor— cambió la percepción social del programa y aumentó dramáticamente su uso. Las madres iban al control del niño sano porque ahí les daban la leche. Y en ese control, el Estado intervenía.

En 1999, el INTA reformuló la leche con hierro, zinc, cobre y ácido ascórbico. La prevalencia de anemia en menores de 18 meses cayó del 30% al 12%. Una sola modificación en una fórmula láctea redujo la anemia infantil a la mitad.

Los números son difíciles de comprender en su magnitud. La mortalidad infantil pasó de 180 a 7 por cada mil nacidos vivos. Las muertes de menores de 15 años bajaron del 48% a menos del 1%. La esperanza de vida saltó de 36 a 80 años. La última generación de chilenos creció entre 10 y 12 centímetros más en promedio que sus padres. La desnutrición infantil fue declarada oficialmente erradicada en 1998.

No hay muchos ejemplos en la historia de la salud pública mundial de una transformación de esta magnitud, en este plazo, con estas limitaciones de recursos. El programa costó más de 22.000 millones de dólares a lo largo de décadas. El retorno —en capital humano, en productividad, en expectativa de vida, en generaciones que pudieron estudiar y trabajar— es incalculable.

La FAO homenajeó a Mönckeberg en 2023. La OPS le dio el Premio Abraham Horwitz en 1979. Recibió el Premio Nacional de Ciencias en 1998 y el de Medicina en 2012. El INTA lleva su nombre desde 2015. Todo eso es justo.

Pero hay algo más en la historia de Fernando Mönckeberg que no aparece en los premios. A los 95 años, en noviembre de 2021, confesó: “Me siento responsable del estallido social de 2019”. No fue una declaración frívola ni una “lesera de viejo”. En la entrevista señaló: “Y así estalló el conflicto social de acuerdo a lo temido. Con una nutrición normal durante los primeros años de vida, los niños de ayer son los adultos de hoy. Crecieron y se desarrollaron normalmente, pero no cambió a igual ritmo ni la educación ni la capacitación, las expectativas sociales son cada vez mayores y difíciles de satisfacer. Yo soy indirectamente culpable de toda esa violencia”, dijo, apesadumbrado. Era la conclusión de alguien que había pensado mucho en las consecuencias de su mayor logro. Su razonamiento fue: él había alimentado bien a generaciones de chilenos. Esas generaciones crecieron con mejores cerebros, mayor capacidad cognitiva, más años de escolaridad, más conciencia de sus derechos. Y esas mismas generaciones —bien alimentadas, bien educadas con relación a sus padres— miraron el país y protestaron. El estallido fue de frustración. De gente que puede imaginar una vida mejor porque nadie le robó el cerebro en la infancia.

Mönckeberg comprendió, en su vejez, el límite de la salud pública. Puede salvar vidas. Puede alimentar cerebros. Puede transformar las condiciones materiales del desarrollo humano. Pero no puede, por sí sola, construir una sociedad que alcance el desarrollo. Eso requiere otras decisiones —políticas, institucionales— que Chile tomó a medias, o no tomó.