Totoral está dividido desde que los Domínguez, una emblemática familia del pueblo, llegó a un acuerdo con Eike Batista, el multimillonario brasileño que pretende instalar en la zona el complejo termoeléctrico más grande de Latinoamérica. Sepa como un pueblo perdido, ubicado en pleno desierto de Atacama, terminó como epicentro del debate energético que se viene.

Foto y Galería: Alejandro Olivares

Desde hace varios meses, Hilda Morales no se aparece por Totoral, un pueblo que está a 120 kilómetros de Copiapó. Afuera de la Junta de Vecinos hay un cartel donde la tratan de “traidora” y su nombre encabeza una lista de vecinos que han adherido a la instalación de la Central Castilla, el complejo termoléctrico más grande que se pretende instalar en Latinoamérica.

Hilda ahora se la pasa en Caleta Pajonales, a 22 kilómetros de Totoral, junto a su esposo, un pescador. Apenas tiene ánimo para defenderse.
-No vale la pena irse en mala con ellos. Lo único que quiero es sacarle provecho a la empresa Castilla para mi Totoral. La empresa dice que vienen con alta tecnología y que estarán chequeando todo, mes a mes, entonces, por qué no habría que creerles -asegura.

Jaime, uno de sus hermanos, la apoya: “Es lo mejor que hicieron. Acá la gente que alega, lo hace de ociosa, son puros flojos que no le trabajan un peso a nadie”.

En Totoral los ánimos están calientes por culpa de Castilla. Las divisiones, incluso, han tocado a las familias más emblemáticas del pueblo: los Araya y los Morales.

La pelea entre los clanes, asentados en la localidad hace siglos, son una prueba de cómo la eventual instalación de la Termoléctrica, filial de la transnacional MPX, propiedad del multimillonario brasileño Eike Batista, ha trastocado la vida de un pueblo de no más de 80 habitantes, cuyas fuentes laborales están en la ganadería, la pesca, la fabricación de aceite de oliva y la artesanía en totora.

Los Morales se plegaron a favor de la planta por las promesas de los brasileños, que vienen a llenar el amplio vacío que deja el Estado.
-Nos han ofrecido luz eléctrica, mejorar las casas, el agua potable, una ambulancia, una antena de celular, arreglar el cementerio y un minibús para movilizar a la gente a Copiapó o a Caldera -enumera Hilda.

Para los Araya, en cambio, ningún beneficio suplirá el impacto ambiental que la empresa dejará en la zona.
-Ellos dicen que no van a contaminar, pero el depósito de ceniza que van a instalar, a ocho kilómetros de Totoral, nos llegará directamente a nosotros por el viento -cuenta Amanda Araya, una de las matriarcas del clan opositor.

Opinión que comparte Lucio Cuenca, director ejecutivo del Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA), que asegura que “la composición química de las cenizas se transfiere al suelo, contaminando el agua y la vegetación, situación que afectaría directamente a la comunidad agrícola de Totoral”.

Nidia Araya, prima de Amanda, acusa que los representantes de la empresa MPX engatusaron a todo el pueblo.
-Han ofrecido todo tipo de lujos pero, el daño psicológico, no tiene precio. Todos sentimos una rabia e impotencia porque nos han pasado a llevar. Hay una tensión muy grande -cuenta.

La tensión a la que se refiere Nidia tiene por denominador común la plata. “El pueblo era uno sólo. Ahora andamos histéricos por las peleas con la gente. Es el poder del dinero”, agrega Nidia.

El fantasma de Batista

Hilda Morales cree haber visto una vez a Eike Batista en la playa de Pajonales. Fue el año pasado: lo vio bajarse de un helicóptero y caminar con una chupalla grande, “con aires de ricachón”. La mujer lo encontró muy guapo, pero no tanto como Amaro Gómez-Pablos, quien visitó hace unas semanas la caleta y a quien siguió para todos lados con tal de sacarse una foto con él. A Batista, en cambio, Hilda sólo lo observó de lejos. Si es que era él.

-No me quise acercar porque me dio cosa. Además, estaba hablando con los niños pescadores. Pero me pareció que era una persona buena, como cualquier turista que comparte con la gente -agrega. José Tabalí, su esposo, la interrumpe de inmediato: “Estás loca, el que viste no era el señor Batista; era el gerente de la empresa”.

Los mitos en torno a Batista, el multimillonario brasileño y segundo hombre más rico de América Latina, abundan en Totoral. Para algunos, Batista es alto y rubio; para otros, de estatura media y moreno. El millonario se ha convertido en una especie de leyenda. Pero, en verdad, su presencia es menos fantasmal de lo que parece.

A fines de los noventa, Eike Batista -que comenzó su imperio económico vendiendo diamantes en Brasil-, decidió comprar la Hacienda Castilla, un predio de 240 mil hectáreas. La propiedad es la más grande vendida a un privado después de Douglas Tompkins. Batista pretendía construir un complejo turístico junto a sus socios Roberto Hagemann y Jozsef Ambrus e inició incluso el proceso de aprobación ambiental. Pero, hacia el 2008, ante la creciente demanda energética de la minería del Norte Chico, cambió de planes y compró dos yacimientos carboníferos en Colombia para abastecer a las cuatro centrales térmicas que posee en Río Grande do Sul y en Porto do Acu. Las reservas de carbón eran tan grandes que no dudó en utilizar el mismo recurso para alimentar el megaproyecto que comenzaba a fraguar en Chile: 6 centrales termoeléctricas con una inversión estimada en 4.400 millones de dólares, con una generación de 2.354 MW que, se estima, aumentará 5 veces las emisiones de CO2 en la región.

Para Cuenca, el director OLCA, los alcances medioambientales de la aprobación del proyecto, visado unánimemente por la Comisión de Impacto Ambiental el pasado 25 de febrero, son nefastos.
-Se pueden mitigar el dióxido de azufre o los óxidos de nitrógeno, pero no puedes eliminarlos completamente. Ni siquiera usando los mejores carbones que existen, como piensa traer esta empresa desde Colombia- argumenta.

El proyecto de Batista tuvo dificultades desde un comienzo: La familia más influyente de la zona, liderada por el arquitecto Gonzalo Domínguez, fue la principal opositora. Durante 18 años, el patriarca del clan lidió una batalla con el brasileño para recuperar las escrituras de dominio de una propiedad que le había entregado, a cambio de la construcción de una casa, el empresario algodonero César Sumar. Roberto Hageman, en ese entonces representante de Batista en Chile, aseguró a la prensa que llegó a un acuerdo con Domínguez que incluía la cesión de 140 hectáreas y cuya única condición estipulaba que el arquitecto no se opusiera a “ningún proyecto que fuéramos a desarrollar, que debía otorgarnos servidumbre de paso y que no podía darle uso comercial a su terreno”.

Domínguez desconoció el pacto y le metió un juicio a Eike. Desde entonces el arquitecto se transformó en el principal escollo de Batista, al punto de fundar, junto a su familia, la ONG “Atacama sin Carbón”. Fue el comienzo de la división del pueblo de Totoral.

Los Domínguez

Amanda Araya conoce al clan Domínguez hace más de 20 años. De hecho, asegura, una de las nueras del patriarca, le enseñó a ella y sus vecinas artesanía en greda que todavía lucen en las paredes de sus casas.
-Éramos como uña y mugre -recuerda.

Pero ese lazo, nacido de las buenas intenciones, se quebró el 14 de febrero cuanto se enteró que la familia Domínguez había llegado a un acuerdo “marco” con MPX. Se sintió traicionada. Pocas semanas antes, Gonzalo Domínguez, en una asamblea, le había jurado “que iban a luchar hasta el final y que no se iban a vender jamás”.
-Con esto queda claro que lo que los movía a ellos, como familia, era el dinero -se lamenta.

Las especulaciones, desde entonces, se han multiplicado. A través de la prensa muchos totoralinos se han enterado que los Domínguez pedían un terreno de 100 hectáreas, vecino al suyo, y el pago incurrido en gastos de abogados, que sobrepasaría el millón de dólares, pero que, luego de la negociación, sólo habrían logrado un parque de conservación en Caleta del Medio, a un costado de su terreno, cuya administración estaría a cargo de la familia; MPX, en esta versión, se comprometería aportar US$500 mil, en una primera instancia, y otros US$9.5 millones al finalizar el proyecto.

Pero Elisa Domínguez, hija del patriarca del clan, asegura que el acuerdo con la empresa “no ha significado ni un peso para la familia”.
-Ellos piensan que esa plata va directamente a nuestro bolsillo, cosa que no es así, porque la fundación va a estar constituida por un miembro de MPX, un representante de nuestra familia y un tercero, que puede ser de la comunidad de Totoral -asegura.

Platas más, platas menos, la gente de Totoral se siente traicionada. Ahora el pueblo está dividido y culpa a los Domínguez de haber “revuelto el gallinero”. Erick Aqueveque, vocero de la junta de vecinos del pueblo, dice que no le cree ni lo que rezan.
-Nunca les compré su parada de gente sencilla, de pueblo, como de hippie cuico. Desde el principio, noté algo raro, a pesar que traían cositas, cuadernos, ropa para los niños. Hasta a mi hija le trajeron cosas. Así se empezaron a ganar a la gente, pero tenían todo planificado. Uno con las miradas, se da cuenta de la verdadera personalidad de la gente. Y Gonzalo Domínguez nunca conversaba mirándote a los ojos. Este gallo vino a dejar la pura cagá a este pueblo -dice.

Por eso a Aqueveque no le extraña la colosal “vuelta de chaqueta”. Tanta era la desconfianza suya hacia el arquitecto que, mucho antes que cambiara radicalmente de postura, lo increpó: “Una vez él llegó con su familia y la tele para que lo entrevistaran. Me quedé todo el rato detrás suyo. En una de esas le dije ‘señor Domínguez, con todo lo que usted está haciendo, le está subiendo el precio a sus terrenos, usted se quiere lucrar, nomás’. El viejo casi se me ahogó y se corrió para otro lado. Al final se fue y no dijo nada. Ahora el tiempo me da la razón”, sostiene.

Muchos totoralinos han declarado a los Domínguez personas non gratas. Pese al rechazo, la familia todavía sueña con volver a disfrutar en las paradisíacas playas del litoral nortino, tal como lo hacían todos los veranos en Bahía Salado.
-Esperemos que las cosas se enfríen un poco para volver a visitar el pueblo. Nosotros le tenemos mucho cariño a la gente de Totoral. Hay que esperar porque ahora está todo muy candente -resume Elisa Domínguez.

Pescadores y anzuelos

El 18 de abril de 2008 los pescadores de Caleta Pajonales firmaron un acuerdo con MPX. Tan contentos quedaron con el convenio, que celebraron hasta altas horas de la madrugada. La mayoría estaba convencido que el documento sólo traería prosperidad al pueblo. Un futuro alentador que, aseguraban, cambiaría sus vidas.
-Entre seguir viviendo como lo hacemos, sin agua, sin luz, sin tierra, y que un día la empresa nos diga que pesquemos nuestras cositas y chao, preferimos ser buenos vecinos y ahorrarnos atados -recuerda el pescador José Tabalí.

El acuerdo contempla un diseño de loteo, conocido como Proyecto Molina, que delimitará 23 sitios, con red de agua potable, estanque acumulador y pozos sépticos individuales. La construcción de las casas será costeada por la empresa. Además, habrá un fondo de desarrollo de 115 millones y becas de capacitación para los familiares de los pescadores. Todo a cambio de que los hombres de mar renuncien “expresa e irrevocablemente a la interposición de cualquier petición, acción, recurso o reclamación, civil o administrativa, de cualquier tipo en contra de MPX”. Compromiso que contempla, además, el apoyo irrestricto para “asegurar que MPX pueda obtener las servidumbres, permisos, autorizaciones y/o concesiones necesarias” para las construcción del proyecto termoeléctrico Castilla.
-Hipotecamos nuestro chanchito a la empresa. O sea, vendimos nuestra alma al diablo pensando que era lo mejor -se lamenta un “beneficiado” del proyecto, que omite su nombre para no perder pan y pedazo.

Los pescadores alegan que, debido a su falta de educación, los hicieron “lesos” al momento de negociar. Dicen que los cinco millones que recibirá cada uno, pactados a modo de indemnización con la empresa, proveniente del fondo de desarrollo, les parecen absolutamente escuálidos, considerando los 4.400 millones de dólares que MPX pretende gastar sólo en la puesta en marcha de la Central Castilla.
-Fuimos harto hueones en negociar por tan poca plata, lo que nos dio la empresa equivale a un moco del señor Batista -comenta otro pescador.

La mayoría de los hombres se queja de no haber sido asesorados por ninguna autoridad competente. “podríamos haber sacado más plata por el área de manejo”, coincide la mayoría.

Los pescadores alegan que, como el convenio lo firmaron antes de conocerse la evaluación de impacto ambiental de la termoeléctrica, no tenían idea del daño que podría producir la termoeléctrica.
-Ahora es tarde, no sacamos nada con lamentarnos, tenemos que conformarnos con pensar que nos darán un techo, luz y agua potable que tanto nos hace falta. Porque siempre hemos vivido bajo las mismas condiciones, sin que las autoridades hagan algo. No tenemos alcantarillado, nuestras casas son de material ligero, no tenemos agua, ni luz eléctrica -se lamenta Justo Ortiz, uno de los primeros pescadores que llegaron a la caleta a instalarse con camas y petacas.

Ortiz, que llegó hace 34 años junto a otros pescadores a tomarse una orilla de la playa, agrega resignado: “uno se cansa de vivir en el abandono y la miseria. Por eso, cuando vino a negociar la empresa y nos ofreció todo lo que soñábamos, no lo pensamos mucho y aceptamos”.

Volteretas y recalificaciones

Los totoralinos anti Castilla siguen en pie de guerra. Sobre todo después de la voltereta monumental del Seremi de Salud de Atacama, Nicolás Baeza, que el 15 de febrero decidió cambiar la calificación de la central de “contaminante” a “molesta”, sin tomar en cuenta un pronunciamiento previo de su repartición, que bajo la jefatura de la ex Seremi de Salud, Pilar Merino, determinó que la termoeléctrica sí era “contaminante”.

Baeza, así, dio luz verde al proyecto, que días después fue aprobado unánimemente por la Comisión Ambiental de Atacama, pasando a llevar los dictámenes de la Corte de Apelaciones de Copiapó y de la Corte Suprema que la calificaban como “contaminante”.

Semanas después de la aprobación, un reportaje de TVN denunció otras irregularidades en el proceso: funcionarios de la Seremi de Salud de Atacama dijeron que la resolución que cambiaba la calificación del proyecto no tenía fundamento técnico y que se había hecho contra su opinión y sin su firma.

A comienzos de marzo, la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de Atacama, se reunió con los funcionarios de la Seremía de Salud que hicieron la denuncia. El acta de la junta dice que después de dos años de discusión sobre la central han llegado a concluir que no es favorable su construcción “y eso está fundamentado, tanto técnica, como jurídica y políticamente”. La actuación de Baeza, dijeron en esa reunión, fue “a título personal”, y que recibió presiones del ministro de Salud Jaime Mañalich.

La decisión de Baeza, aunque suene raro, tiene fundamentos legales. En noviembre pasado, la Suprema confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó que acogió el recurso de protección en contra de la decisión de recalificar a Castilla de “contaminante” a “molesta” pero, al mismo tiempo, abrió una opción administrativa para echarle adelante. Y eso hizo Baeza, basándose en que la empresa cumplía con la ley.

Pero la polémica no paró ahí: hace unas semanas, la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió otro recurso de protección contra la decisión de Baeza, quien está obligado a fundamentarla. Y la Contraloría General de la República prepara un pronunciamiento a solicitud de la senadora PS Isabel Allende.

Mientras, en Totoral, no hay mucho optimismo. Erick Aqueveque dice:
-Allá en Punta de Choros no pasó esto porque la gente es cuica, pudieron defenderse con abogados y el mismo Piñera bucea allá y se arranca cuando anda estresado, por lo que ni cagando querrá echar a perder su oasis. En cambio, a este pueblo en el desierto no lo pesca nadie. Pero vamos a luchar hasta el final.