Fiscalía investiga denuncia por tráfico de inmigrantes paraguayos

Tres ciudadanos paraguayos denunciaron el jueves en su país haber sido víctimas de tráfico de personas y de trabajar en condiciones de esclavitud en viñedos de la Sexta Región de Chile. El testimonio de los extranjeros motivó la apertura de una investigación por parte de un equipo especializado de la Fiscalía de Rancagua.

La información fue confirmada a The Clinic Online el fiscal jefe de Rancagua Sergio Moya. El perseguidor penal indicó que personal de la PDI, profesionales de la Unidad de Extradiciones y Cooperación de la Fiscalía Nacional (UCIEX) y de la Unidad de Víctimas, recabaron información en los predios de cercanos a Pichilemu, Santa Cruz y Rancagua, que serían de propiedad de un reconocido empresario, cuya identidad aún no ha sido establecida por el Ministerio Público.

Según los diarios paraguayos La Nación y ABC Color, las víctimas fueron identificadas como Zunilda Rodríguez Herrera, de 23 años; Norma Mendoza, de 30 años y Gabriel Resquín Paniagua, de 34 años.

De acuerdo a la versión de estos últimos, habrían sido contactados en Ciudad del Este para viajar a Chile de manera gratuita, pero al llegar a la Sexta Región habrían visto importantes descuentos en sus jornales para cancelar el pasaje. Además, relataron que debieron escapar del viñedo, donde tenían control permanente, estaban incomunicados y sin recursos económicos para poder trasladarse a otras localidades.

Las tres personas revelaron estos hechos a la Fiscalía Especializada en Trata de Personas de Asunción, la que se comunicó de inmediato con su par chilena, iniciando así las diligencias.

“Aún se están recabando antecedentes, los que aún son muy preliminares para determinar si estamos en presencia del delito de trata de personas y privación de libertad”, explicó Moya

Si bien Moya no quiso confirmar el número de supuestas víctimas, la prensa paraguaya sostiene que al menos 30 personas estarían bajo ese régimen.

La Fiscalía chilena deberá no sólo determinar si las condiciones en las que trabajaban los extranjeros son verídicas, sino acreditar si detrás de las contrataciones está una empresa del sector vinero o existe un intermediario.

Hasta la fecha en Chile sólo existe una condena por trata de personas dictada en Iquique en 2006 y procurada por la entonces fiscal Rossy Lama, actual directora del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.