El millonario fraude en la construcción del Hospital de Buin-Paine que terminó con exfuncionario del Minsal condenado a seis años de cárcel

El exjefe de Finanzas de la División de Inversiones del Ministerio de Salud, Mauricio García, fue condenado a 6 años de cárcel efectiva por fraude al fisco y cohecho, debiendo pagar una multa cercana a los $26 millones.

Según plantea la denuncia, los hechos se remontan a 2018, año en el que, con el cambio de gobierno, se modificó el modelo de financiamiento/inversión de la construcción de hospitales, transitando a un sistema de alianza público-privada.

Uno de los proyectos que existía era el de Reposición del Hospital San Luis de Buin Paine, que contaba con presupuesto del Gobierno Regional RM por $1.300 millones en 2018, sin embargo, se cambió el proyecto que ya contaba con un diseño íntegro aprobado, a un anteproyecto en asociación público-privada.

Por ello, se le solicitó al servicio una reevaluación del presupuesto, el cual llegó a un estimado de $950 millones. Sin embargo, el jefe de la División de Inversiones del Minsal comunicó al servicio que se mantendría el monto aprobado de $1.300 millones.

¿La razón? Argumentó que para las nuevas autoridades de la cartera era necesario incorporar al anteproyecto un equipo revisor externo, “situación que condicionaría la continuidad del proyecto de construcción de dicho hospital”, lee el fallo.

“La exigencia de Álvarez en orden a incorporar a un equipo externo estaba motivada por la ventaja económica personal, que obtendría al mutar el proyecto del Hospital San Luis de Buin, de proyecto de diseño y ejecución a un anteproyecto de diseño, modificación que involucraba menores recursos públicos a los ya aprobados, quedando una suma disponible que resultaba útil a las pretensiones de Álvarez, motivación que lo lleva a definir un plan delictual”, agrega el escrito.

Pía González y Marcos Pozo, los vecinos de Álvarez a quienes contactó para conformar el equipo de coordinación

De esa forma, Álvarez habría acudido a dos particulares de su confianza: Pía González González, arquitecta, y su pareja Marcos Pozo Reyes, el que se presentaba como constructor, quienes eran sus vecinos en la comuna de Buin, y a quienes había confiado la construcción de su casa en la parcela en que vivía.

“Así, Álvarez propone introducirlos en este proyecto, mediante la carta profesional de Pía González, creando desde su posición de funcionario público, una necesidad ficticia de contratación de un equipo externo, aparentando visos de legalidad supuestamente justificado en la existencia ahora de un anteproyecto avanzado”, se plantea.

“En concreto, Álvarez propone presentar a Pía González como coordinadora delequipo de profesionales externos, ante el Servicio de Salud Metropolitano Sur, con la finalidad de ser contratada, junto a otros profesionales que debía contactar tanto González como Pozo, a fin de conformar un equipo externo de revisión del anteproyecto de diseño del Hospital San Luis de Buin, solicitándoles, a cambio la entrega de un beneficio económico que ascendería al 10% de la suma total que se les pagaría al equipo de asesores externos a honorarios, propuesta ilícita que tanto Pía González y Marcos Pozo, aceptan“, agrega el documento.

De esa forma, González habría asumido como coordinadora del equipo externo revisor (luego de que Álvares le atribuyera competencias inexistentes) y le da un rol a cargo de 18 personas que integrarían el equipo, cuyo costo se fijó en $400 millones, argumentando que para el anteproyecto se contaba con $900 millones, por lo que existía dicho margen para completar el presupuesto inicial asignado de $1.300 millones.

Se contrató a 19 personas entre junio y diciembre de 2018, cuyos honorarios superaban en muchos casos los $20 millones por contrato. Con la investigación, integrantes de dicho equipo luego declararon que se les exigía aportar el 10% de sus pagos bajo la justificación de “gastos operacionales”, dinero que finalmente llegaba a Álvarez.

Los servicios prestados por este equipo revisor no resultaron útiles al anteproyecto

Pero no solo eso, sino que además los servicios que realizó este equipo para la construcción del hospital de Buin-Paine finalmente “no fueron útiles para el avance del anteproyecto”, dictaminó la justicia.

“Dichos servicios externos de revisión no resultaban pertinentes, oportunos ni provechosos, siendo además evacuados por profesionales o técnicos que no contaban con experiencia en el área de construcción de hospitales, circunstancia que especialmente exhibía la coordinadora del equipo, Pía González, quien además presentaba una acotada experiencia laboral y ninguna expertise en la construcción y revisión de proyectos hospitalarios, quienes entregaron informes de servicios, en general, con contenido básico y reiterativo”, lee la sentencia.

Además, se agrega que el equipo “no reunía ningún grado de eficiencia que justificara los altos honorarios que les fueron pagados y por los que fueron contratados, pagándose sumas que incluso superaban los honorarios de aquellos funcionarios del SSMS que tuvieron a su cargo tareas sensibles en el diseño del anteproyecto”.

Cárcel efectiva, multas e inhabilidad temporal para desempeñar cargos públicos por el perjuicio de más de $259 millones al Fisco

Así, la sentencia revisada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral de Santiago condenó a Álvarez, a quien se le acusó por defraudar al fisco por más de $259 millones y se le dictaminó cárcel efectiva por 6 años, además de una multa por casi $26 millones.

González y Pozo, eso sí, fueron absueltos de ser autores de fraude al Fisco, pero sí fueron condenados como autores del delito de soborno.

Deberán cumpir con una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, la pena accesoria de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos por 540 días y con una multa de $10 millones al Fisco.

El monto de perjuicio corresponde a los pagos que se realizan por honorarios del equipo externo revisor, entre los meses de junio a septiembre de 2018 de forma completa y parcializada en el mes de octubre. Pero no se cumplió con el periodo completo para el cual fueron contratados, por lo que el monto solo fue de $259 millones.

Según se denuncia en la demanda, dado que Álvarez solicitó al Servicio de Salud el término inmediato de todos aquellos contratos, debido a la existencia de “desavenencias serias con sus socios del negocio ilícito”, especialmente, se puntualiza, con Marcos Pozo.