El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) decidió recurrir a la justicia para evitar el cumplimiento de una orden del Consejo para la Transparencia (CPLT) que lo obliga a entregar información sobre HidroAysén.

La solicitud fue realizada por la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, a cargo del periodista Patricio Segura y apuntó a los trabajos de la autoridad a fines de 2010.

La decisión de la entidad dependiente del Ministerio de Agricultura se debió a que el Consejo dictaminó la entrega de documentación técnica sobre el proceso de aprobación del proyecto, como también los correos electrónicos entre los funcionarios involucrados en la evaluación del segundo adenda que posibilitó en mayo el visto bueno a la iniciativa de Endesa en la zona de los ríos Baker y Pascua.

De acuerdo al fallo que publica The Clinic Online, la institución aseguró que los mails son de carácter público, ya que se trata de información generada en torno a funcionarios del Estado con un fin propio.

La petición de Segura buscaba las comunicaciones del SAG para saber cómo se realizaban las reuniones con otros organismos como Agricultura, Sernapesca, Bienes Nacionales entre otros, que intervinieron con sus informes técnicos en la autorización de HidroAysén. Se sumaban también memos, oficios y cartas.

El Consejo para la Transparencia criticó el actuar del SAG debido a que violó arbitrariamente el llamado “principio de oportunidad”, que obliga a las instituciones a cumplir el plazo de las solicitudes de información.

En este caso, la petición fue hecha el 16 de diciembre de 2010 y respondida el 3 de marzo de 2011, pese a que tenía 20 días para hacerlo, es decir, debía llegarle al peticionario el 13 de enero.

La misma decisión de la entrega de correos e informes técnicos, no sólo afectó al SAG, sino también a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que también podría recurrir a los tribunales.

Contradicción vital

La respuesta del SAG al Consejo sostuvo siempre la inexistencia de los correos electrónicos con preinformes de observaciones al adenda. Pese a que le envió al organismo encargado de combatir el secretismo en el Estado, una serie de correos que indican lo contrario. “Sin embargo, en el correo electrónico de 28 de octubre de 2010 el coordinador del equipo núcleo del SAG señala que ‘La fecha de la presentación del informe es muy próxima: 15 de noviembre, por lo tanto las observaciones deben ser enviadas a más tardar el día 12 de noviembre a las 12 del día para poder dar tiempo a consolidar y revisar con el Director Regional”.

Hay otro correo, por ejemplo, donde se adjunta un pre informe de evaluación del adenda, cuya existencia también había sido negada por la autoridad.

Según el Consejo, “este texto hace presumir la existencia tales observaciones y su respectiva comunicación, las que sin embargo no fueron acompañadas por el SAG”.

A lo anterior se suma que una funcionaria, en otro de los correos “manifiesta su preocupación por la entrega de tales correos electrónicos por cuanto no constituyen un pronunciamiento oficial del SAG”.

“Los correos electrónicos, si bien éstos existen, no resulta procedente su entrega, por cuanto la calificación del proyecto no se encuentra finalizada”, sostiene otro párrafo del informe que derivó en serias observaciones al comportamiento del SAG.

En tanto, ayer la agrupación Patagonialeaks, reveló una resolución adoptada por la Dirección de Aguas del MOP de Aysén, que otorgó los derechos consuntivos al proyecto. En esta se establece que los 250 metro cúbicos son vitales para la ejecución de la hidroeléctrica.

El dictamen que publica The Clinic Online fue aprobado el 13 de mayo pasado, es decir cuatro días después de que el Consejo de Evaluación Ambiental de la Undécima Región aprobara la cuestionada iniciativa de Endesa.

Según el abogado de Patagonialeaks, Marcelo Castillo, la autoridad “nos ha ocultado los expedientes de la DGA sobre Hidroaysén”.
“Por causalidad me encontré con esta resolución que implica que a los 677 cúbicos que ya tiene la empresa, se suman estos 250 lo que implica que puede comenzar a operar sin problemas, una vez que se terminen todos los trámites”, dijo.

En todo caso, la resolución debe ir primero a la Contraloría para que el organismo tome primero razón del mismo.

 

Fallo del Consejo de la Transparencia sobre el SAG

Fallo del Consejo de la Transparencia sobre CONAF

Resolución de la DGA