La hora del cine

Quienes sabemos de los esfuerzos que realiza el sector audiovisual para levantar recursos, sabemos que esto es aún más difícil cuando el contenido de la obra es de carácter cultural o educacional. Las escasas posibilidades que existen en el mercado para emprendimientos de carácter ficcional o documental hacen a nuestra incipiente industria excesivamente dependiente de los recursos disponibles de los fondos de concurso que en esta materia provee el Estado de manera directa y no se condicen con el éxito obtenido por la misma en distintos festivales en el mundo.

Desde esa perspectiva, la nueva reforma a la Ley de Donaciones Culturales ingresada esta semana al Congreso Nacional, significará un enorme cambio en la forma en cómo se financiarán pequeños y medianos gestores, productores o artistas, debido a la inclusión dentro de los beneficiarios de empresas de menor tamaño y productoras con giro cultural.

Se ha buscado, en particular, incluir a aquellas productoras de contenidos culturales que hasta la fecha han tenido una participación histórica muy marginal de los beneficios que otorga la Ley, como es el caso de nuestras productoras audiovisuales. La participación de este sector en los 21 años de vigencia de la Ley no ha sido superior al 2% del total de proyectos aprobados por el comité de donaciones privadas, lo que es paradojal si consideramos sus costos. La razón de lo anterior es que, dada la naturaleza del negocio audiovisual ninguna de las figuras jurídicas aceptadas hasta ahora por la Ley permite relacionarse de manera sencilla con los otros actores de la industria, tales como distribuidores, exhibidores o agentes de venta internacionales, haciendo engorroso someterse a la figura de corporación o fundación para postular un proyecto y obtener el beneficio.

Lo que la Ley busca es, por una parte, aprovechar los enormes logros que el audiovisual chileno ha obtenido fuera del país- con todas las externalidades positivas que ello implica para la promoción de la imagen de Chile en el exterior- equiparando nuestra legislación a la de países más desarrollados en esta materia. Y, por otra, facilitar la labor de allegar recursos a una industria que por sus características es en cualquier parte del mundo en extremo costosa, dotándola de una herramienta de gestión propia que le permita mayor autonomía y competitividad.

En materia de calidad de nuestra TV, tenemos también una enorme deuda en materia de cultura que este proyecto permitirá aminorar. El último Anuario Estadístico del CNTV señala que solo el 1,8% de la programación anual es de carácter cultural, cifra que desgraciadamente es muy insuficiente.

Aún así, complementariamente a la nueva ley de TV digital terrestre que se discute en el Congreso y que requerirá de mayores volúmenes de contenidos dada, entre otras cosas, la obligación de transmitir al menos cuatro horas de TV de carácter cultural, esta reforma permitirá ampliar la oferta de contenidos audiovisuales a los telespectadores de las nuevas señales digitales, generando un incentivo a los concesionarios de las nuevas señales para adquirir o co-producir nuevos contenidos culturales.

La larga espera que Chile ha tenido respecto de otros países en materia de beneficios a sus producciones locales hacía previsible la buena recepción que el mundo de la producción audiovisual local ha tenido respecto de estas modificaciones.
Espero ahora que esto signifique un nuevo impulso de desarrollo del audiovisual local incentivando un mayor aporte del sector privado, una atracción de capitales extranjeros a nuestras producciones- hoy prácticamente inexistentes- y una mejora general en las condiciones materiales de nuestros cineastas, guionistas, actores, productores y técnicos que por años han esperado soluciones que, a mi juicio, ya se han demorado mas de la cuenta.