Contraloría acusa grave “informalidad” del Ministerio del Interior en el uso de autos fiscales

El organismo fiscalizador además le ordenó a la cartera, como también a las policías, que informen si recibieron el viático respectivo al viajar fuera de Santiago. La primera omitió información, mientras que las segundas la entregaron incompleta. La entidad dirigida por Ramiro Mendoza le otorgó un plazo máximo de 15 días para responder detalladamente el requerimiento, de lo contrario podrían realizarse sumarios. El mal uso de vehículos del Estado y el incumplimiento de las normas de registro y rendición de cuentas, puede ser sancionado hasta con la destitución.


La Contraloría tiene entre la espada y la pared al ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter (RN), luego que descubriera una grave falta de control en los automóviles fiscales que utiliza la cartera.

El organismo fiscalizador calificó como una “informalidad” la manera en que se fiscaliza el uso de los vehículos y criticó duramente que no se llevara un registro detallado de los viajes en la bitácora – como el kilometraje-, fueran éstos dentro o fuera de Santiago.

Dicha práctica “no permite extraer información suficiente para verificar el debido control respecto del uso de dichos vehículos”, sostiene el dictamen que publica The Clinic Online.

La entidad revisora formuló estos reparos luego que la asociación de funcionarios de la cartera denunciara que los vehículos eran conducidos por carabineros y detectives sin tener autorizados legalmente para ello.

La presentación de Pablo Morales, presidente de la agrupación gremial, sostiene que un automóvil se quemó y que el sumario fue mal tramitado. Al respecto la Contraloría indicó que si bien se hizo la investigación -y el funcionario fue sobreseído- las conclusiones nunca fueron informadas para validarlas o reabrir la indagatoria, lo que constituye una anomalía.

¿Y los viáticos?

Dentro de los datos analizados también por la Contraloría está el pago de viáticos a los funcionarios de Carabineros y la PDI, ya que en las bitácoras sólo se consigna que hubo viajes fuera de Santiago, apenas indicando la ciudad.

Por esta razón la entidad revisora solicitó a la cartera y a las policías “información sobre los viáticos pagados durante el año 2010”.

“Sin embargo, los antecedentes remitidos no permiten establecer si Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile pagaron viáticos al personal que condujo vehículos del Ministerio del Interior… cuando los cometidos se realizaron a destinos ubicados fuera de la ciudad de Santiago”, se lee en el documento.

No fue todo, porque la cartera de Hinzpeter, a través de la División de Administración y Finanzas omitió “indicar el lugar y fecha de los cometidos que generaron los viáticos examinados, lo que impide efectuar un adecuado cotejo con los registros de las bitácoras”.

Otra anomalía advertida por el organismo dirigido por Ramiro Mendoza fue que en 2010, aún cuando Carabineros no pasaba formalmente al alero de Interior, miembros de la institución manejaron los vehículos del ministerio sin contar con la “fianza respectiva” ante eventuales accidentes.

En este sentido, el dictamen sostiene que la infracción a la norma que regula el uso de autos del Estado puede incluso derivar en la destitución.

Por todo lo anterior, la Contraloría le entregó a la cartera un plazo de 15 días hábiles, para que remita “información detallada acerca del lugar y fecha de los cometidos”.

Hay que recordar que durante la última campaña presidencial, la derecha fue inflexible en su ánimo fiscalizador por el uso indebido de los automóviles fiscales para actividades políticas. La Contraloría por su parte también aplicó un duro criterio cuando los automóviles eran utilizados para fines personales y no del servicio.

Uno de los casos lo constituye el ex subdirector del Consejo de la Cultura, el PS Arturo Barrios. Este último fue sancionado en 2009 con tres meses de suspensión del cargo y la devolución de las platas.

Un hecho similar cometió la entonces subsecretaria de Transportes, la PS Elinett Wolff en 2006. La mujer usaba el vehículo estatal para repartir frambuesas. Cuando fue descubierta tuvo que renunciar y el caso fue conocido como el “frambuesa gate”.

Pero no sólo durante la Concertación han existido anomalías de este tipo. En 2010, el director del Sename Francisco Estrada, también debió dejar su cargo, ya que era usado por su mujer para ir al supermercado.

Revisa el documento de Contraloría

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