Las presiones de los sostenedores para terminar con el paro en sus colegios

El domingo por la mañana, en Punta Arenas, cinco días después de haber sido expulsado de su colegio -del mismo nombre que la ciudad- junto a otros 23 alumnos, C.A.M.M. intentó quitarse la vida. El adolescente se tomó una ensalada de fármacos, aparentemente empujado por la expulsión del establecimiento y terminó en la urgencia del Hospital Clínico de la zona.

Ahora, a tres días del episodio ya se encuentra estable y consciente. Sólo quedan algunas molestias en el riñón, las que podrían tardar un poco debido al alto contenido de pastillas que ingirió, dice el vocero de los apoderados de los alumnos expulsados por el colegio, Arturo Díaz.

“No sé qué problemática habrá tenido este niño, pero justo se da en el contexto de la expulsión. Imagino que fue la gota que rebasó el vaso”, explica Arturo, quien es padre de otro de los alumnos expulsados. Él junto a otros apoderados presentaron el lunes un recurso de protección para 17 de los afectados, que ayer fue acogido por la Corte de Punta Arenas, dejando sin efecto la medida del establecimiento, por ahora.

Sin embargo, Arturo no sabe si su hijo terminará segundo medio en ese mismo colegio. No después de haber sido notificado por carta de la expulsión y de que ninguna de las autoridades de la región intercediera por ellos. A cambio de eso, tuvo que recurrir a la justicia para evitar que su pupilo pierda el año por intentar tomarse el establecimiento.

Esta semana, los propios alumnos que no fueron sancionados, denunciaron las amenazas que hubo contra quienes se quisieran plegar al paro y agregaron un misterioso dato: en el colegio hay al menos dos guardias en su interior que se comunican por radio y no les permiten reunirse en pequeños grupos. Eso, además de dos perros rottweiler que permanecen en uno de los patios.

Guardias a 15 lucas

Los casos como el de C. M. y sus 23 compañeros expulsados del Colegio Punta Arenas son sólo la punta del iceberg. Este domingo, los estudiantes del Liceo 7 de Ñuñoa se encontraron con una pésima sorpresa al intentar tomarse nuevamente el establecimiento. Esa noche, ya pasadas las 22 horas, llegaron hasta el colegio del que habían sido desalojados durante la semana por orden de la municipalidad y se encontraron con supuestos guardias al interior del establecimiento.

El grupo de “matones” no estaba compuesto por guardias profesionales, sino que por supuestos “estudiantes de servicio militar” que debían impedir cualquier re-toma del Liceo a cambio de 15 mil pesos, por cada noche. 15 mil pesos pagados por la municipalidad, como lo denunció Jacinta Egaña, presidenta del Centro de Alumnos del Liceo 7 de la comuna.

De esa forma los estudiantes recibieron agua, químicos de extintores y palos al momento de ingresar nuevamente al colegio. Ahí vieron como los mismos “guardias” rompieron parte del mobiliario y arrancaron dejando una cantidad no menor de palos de hockey y fierros para defender el edificio, e incluso habrían golpeado a algunos de ellos. Una actitud que aún no ha reconocido públicamente el alcalde de la comuna, el RN Pedro Sabat.

“Éramos un grupo de estudiantes manifestándonos afuera con lienzos, banderas, y ellos nos empezaron a tirar agua con las mangueras de incendio, tomaron los extintores y los botaron, y luego cuando mis compañeros lograron pasar las rejas y empezaron a tomar el liceo les pegaron con palos y los amenazaron incluso de muerte”, dijo en ese momento a Radio Cooperativa Jacinta.

Y así se han repetido episodios en todo el territorio. En Iquique esta semana 5 alumnos del 3º medio B del Colegio de Don Bosco fueron suspendidos por un mes y medio (45 días) tras intentar tomarse el liceo el fin de semana. Ayer, sus compañeros de curso protestaron pacíficamente negándose a entrar al establecimiento particular subvencionado, propiedad de la Congregación Salesiana.

Rodrigo Rivera, vocero de la Cordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), dice que la información de presiones para los estudiantes se han dado durante todo el movimiento, pero se han remarcado ahora que se acercan las fechas donde se podría perder el año escolar.

“Nos había llegado información que a los cabros que se inscribían para dar exámenes a fin de año los hacían leer documentos sobre la ilegalidad de las tomas o les preguntaban qué pensaban del movimiento. Incluso hubo rumores de que les pedían firmar un documento para bajarse del paro y así poder renovar matrícula el próximo año, aunque hasta el momento no hay nada concreto.

Según Rivera, es algo que está pasando en todas las comunas donde hay colegios en toma, en algunos reprimiendo con lo que sea, incluso palos y hasta balines. “Es la misma tónica en todo el país. También ha ocurrido en ciudades que no son del oficialismo, que no son de los partidos de gobierno, pero que quieren recuperar sus colegios para volver luego a clases y no seguir perdiendo plata por las subvenciones”, dice.

En Providencia, de hecho, la comuna está enviando a algunos de sus alumnos más destacados a clases en otros colegios particulares para que estos no pierdan clases. Y en La Florida, la semana pasada los alumnos del colegio Shira Yuri, propiedad de Gladys González, más conocida como “La Cuca”, llevó a los alumnos de educación básica a sus parrilladas para que no siguieran perdiendo clases.

La otra amenaza

En Buin, a cumplirse 37 días de huelga de hambre, la escolar Gloria Negrete no quiere bajarse de su medida y tiene a medio mundo preocupado de un desenlace fatal. Tanto así, que el gobierno le restringió las visitas y acusó a través del ministro de Salud, Jaime Mañalich, a otros apoderados de presionar a la joven para seguir con esa medida.

Sin embargo, el principal aludido, Marcos Aranguiz, apoderado del liceo y quién fuera sindicado como “asesino” por el propio titular de Salud por esta supuesta presión, dice que “desde el día nº 1 que no apoyo la huelga y día a día le decimos a los cabros que la bajen, que no sigan. Varios les han dicho que ya lograron lo que querían, que era unir a la gente en pos de las demandas por educación, pero no quieren dejar la huelga hasta lograr algo concreto. Yo no estoy de acuerdo con lo que hacen, pero no por eso no voy a apoyarlos”, dice Aranguiz.

Este profesor de Educación Física y papá de la encargada de hidratación de sus compañeros del Liceo A-131 de Buin en ayuno, dice que un abogado de la gobernación del Maipo lo sindicó a él desde los primeros días de la huelga como responsable de la situación y éste mismo le habría dicho al ministro Mañalich que él era el culpable.

“Ellos me apuntan a mí como responsable, incluso me dijeron que iban a ir a la justicia para culparme, pero yo no tengo miedo. Es el gobierno, ellos son los que han mantenido la huelga al hacer oídos sordos y no responder a lo que están pidiendo”, dice. Mientras, Gloria sigue afirmando que no ha recibido presiones de nadie para seguir adelante con su huelga y sigue rechazando las peticiones de bajarse, incluso de los propios dirigentes estudiantiles.