El empresario Guillermo Ibieta, quien se encuentra formalizado y en prisión preventiva por el delito de lavado de dinero, cohecho a un funcionario extranjero, fraude tributario, entre otros, fue un hombre que mantuvo muy buenas relaciones con el mundo financiero antes de caer en desgracia. Correcto pagador y cariñoso cliente con sus ejecutivas de cuenta, era tratado con guante blanco, lo que le permitió operar las comisiones que recibió por múltiples transacciones con Corea, Inglaterra, Estados Unidos y la relacionada con las fragatas holandesas adquiridas por la Marina.

Fue así como el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) de la familia Yarur se encargó de crear y administrar las empresas “Heritage” y “Eurotechnology” en el paraíso fiscal de Las Bahamas por donde Ibieta trianguló los dineros y escondió por varios años su origen hasta que fue descubierto por la fiscalía oriente, que le imputó los cargos junto a dos ex oficiales de la Armada: el ex almirante y ex ejecutivo de Asmar Patricio Basili y el ex infante de Marina Juan Tapia Villalón. Que al igual que Ibieta, se encuentran tras las rejas.

La historia está contenida en la indagatoria que lleva el perseguidor penal Carlos Gajardo, cuya copia está en poder de The Clinic Online.
En ella se encuentran los correos electrónicos de los ejecutivos del BCI cuando comenzaron las sospechas del banco en 2001. También hay otros de 2006, donde se percatan de quién era verdaderamente su cliente, fecha en que apareció información del pago de coimas por la adquisición de los tanques Leopard a Holanda. Información similar también aparece en el disco duro de Ibieta al que también accedió este diario.

El asunto es que Ibieta venía operando con el BCI al menos desde 2000 y ya tenía reportes de operaciones sospechosas en la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos (Fincen). De hecho, la semana pasada el fiscal Gajardo solicitó al Octavo Juzgado de Garantía el congelamiento de bienes y platas.

Sospechas obviadas

La creación y administración de las empresa de Ibieta estuvo a cargo de la cubano americana María Huston en los años 2000 y 2001, quien para los efectos legales actuó como vicepresidenta de la compañía, hecho que está refrendado en la carpeta de investigación con una serie de correos al abogado Leopold Joseph -con domicilio en Bahamas- y en la declaración que este comisionista de armas prestó en la fiscalía el 11 de marzo de 2009.

A principios de la década pasada los bancos con representación en Estados Unidos operaban indiscriminadamente con los lavadores de dinero a nivel mundial, creándole empresas en alguno de los 23 paraísos fiscales del Caribe. Ejemplos hay muchos: desde el dictador Trujillo hasta el propio Pinochet, quien se cruzó con Ibieta en más de algún negocio.

Para el caso de Ibieta y su relación con el BCI no es menor la catalogación que hace el Departamento de Estado norteamericano de la banca off shore de Bahamas: “máxima preocupación”.

Luego de los atentados a las Torres Gemelas ocurridos en 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Estados Unidos dictó el “patriot act”, una orden que les permitió levantar el secreto bancario de manera general, con el fin de buscar el financiamiento de Al-Qaeda.

De allí que llama la atención que el BCI sólo en 2006 advirtiera que Ibieta y su socio, el general (R) del Ejército Víctor Lizárraga recibían comisiones por operaciones de venta armas, la segunda actividad que mueve multimillonarias sumas de dinero, y que está asociada al crimen organizado y por extensión al blanqueo de capitales.

Sin embargo, habría sido en el 2001 -el 15 de agosto- cuando el BCI pudo haber tenido las primeras señales del ilícito de Ibieta y Lizárraga. En un correo enviado por Huston a los ejecutivos del BCI Carlos Massú y Claudia Vicente, puede leerse que las lucas que ganaba anualmente el ex oficial (US$ 70.000 anuales) no daban para vivir, mantener dos casas y autos.

La perrita

El epistolario digital apuntaba a contar con antecedentes suficientes para hacerle el perfil a Lizárraga, conocido en el mundo financiero como “due dilligence”. Con el pasar de los días aparecieron más antecedentes que profundizaron las sospechas.

En otro correo de Claudia Vicente a Huston, dice que Lizárraga recibirá US$ 60.000 de una importación “que él está negociando a través de Serlog”, la empresa de Ibieta.

“Eso de optimizar los ingresos, yo creo que le viene de haber sido militar, mi ex es de los mismos y créeme que jamás he logrado ahorrar como él y yo sólo mantengo a mis tres gatos”.

“… sus entradas son mayores, pues si puede ahorrar US$ 30.000 al año ganando 70 mil, dile que me enseñe, pues yo no tengo dos casas ni una familia que mantener. Sólo dos perros. Una perrita nueva Greta Huston Schnauser”, respondió Huston siguiendo la broma.

Para los efectos reales, Ibieta y Lizárraga siguieron operando sin problemas con las empresas Eurotechnology y el primero, además con Heritage, Galvin, Serlog, Nordycon entre otras. Esto le permitió repartir más de US$ 7 millones en coimas de los Leopard, y más de US$ 400 mil de las fragatas holandesas a Tapia y Basili.

Una vez pa’ los vivos

En 2005, sin embargo, apareció un detalle que el BCI obvió y que debería haber informado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). El diario La Nación daba cuenta que en el proceso que sustanciaba el ministro Claudio Pavez por el homicidio del coronel Gerardo Huber, se investigaba precisamente a Eurotechnology.

En esa fecha, según el informe de la UAF, el único banco que le puso ojo y pronto cerró la cuenta fue Penta. El BCI ni siquiera se dio por aludido.

Al año siguiente el BCI, sin embargo, se preocupó más de las informaciones periodísticas. Los medios chilenos replicaron una información aparecida en Holanda, que precisamente revelaba el pago de coimas por la compra de los Leopard. Allí aparecía Eurotechnology, Ibieta and the amazing friends. Sólo en ese momento el BCI realizó la ROS a la UAF.

Así, el 19 de abril de 2006, el gerente general Fernando Capablanca le escribe a Francisca Errázuriz, preguntándole por Lizárraga: “Qué tiene que ver este gallo con Eurotechnology de Guillermo Ibieta??? Ahora me dicen que hay un vínculo de pagos entre ellos?? Favor déjame saber”, escribió Capablanca.

Luego de las sospechas buscan la forma de cerrarle la cuenta: que el perfil de cliente no cuadra con la nueva política del banco, que la cantidad de dinero que maneja es insuficiente, entre otras fórmulas.

Finalmente, Capablanca llama a Lizárraga, quien evita la reunión para continuar con el servicio del BCI, aunque al gerente general no le gusta la idea.

“Como todo fue bastante extraño, ya que según la secretaria estaría fuera de Santiago, llamé al teléfono que tenía grabado y me encontré que se trata de dependencias del Ejército”, continuó.

En la indagatoria que lleva actualmente el fiscal Gajardo, en todo caso, no se investigará la responsabilidad de los bancos en el lavado de dinero de Ibieta y sus cómplices.

Este diario contactó al BCI, donde se indicó que para cualquier consulta y una eventual respuesta necesitaban una pauta de preguntas y copia de los antecedentes, por lo que no hubo versión.