Fiscalía acredita que informe de Conaf sobre Hidroaysén fue modificado entre gallos y medianoche

Una querella criminal por del delito de fraude al fisco fue presentada en contra de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), luego que la investigación de la Fiscalía de Aysén acreditara que el informe que sirvió de sustento para aprobar el polémico proyecto hidroeléctrico, fue digitado desde Santiago, contra la opinión de los ingenieros forestales de la Undécima Región que trabajan en dicho servicio.

El libelo fue ingresado ante el Séptimo Juzgado de Garantía por el abogado Marcelo Castillo en representación de la Corporación para del desarrollo de Aysén, ONG que busca evitar que se inunden miles de hectáreas en la patagonia.

De acuerdo al documento, que publica The Clinic Online, la Conaf modificó entre gallos y medianoche la opinión que debía entregar al Servicio de Evaluación Ambiental -compuesto por los seremis de la región- donde se aprobó la continuación del proyecto eléctrico en mayo de 2011.

Pillados

Los hechos relatados en la querella datan de noviembre de 2010, cuando se realizó una videoconferencia donde participaron profesionales del nivel central, Puerto Montt y Aysén. Allí se discutió el contenido del informe que entregarían, referido al impacto del proyecto en los parques nacionales Laguna San Rafael, Bernardo O’Higgins y Reserva Forestal Lago Cochrane y en los ecosistemas que los conforman, pero no se llegó a un acuerdo. Uno de los puntos era la interpretación de la Convención de Washington, ratificada por Chile, que imposibilita al Estado a destruir los santuarios naturales.

“Sin embargo, el mismo 15 de noviembre de 2010, se recepcionó en el Servicio Regional de Conaf un correo electrónico enviado desde el nivel central (que está en poder de esta Fiscalía) en el que se remitía la propuesta jurídica en relación al informe de evaluación ambiental, correo cuyo contenido quedó finalmente plasmado en el informe que se firmó por la Dirección Regional y se subió al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, señala una de las órdenes de investigar de la PDI que consta en la investigación del Ministerio Público.

A renglón seguido constan las declaraciones de varios ingenieros forestales de la Conaf que confirman cómo se urdió la respuesta al Estudio de Impacto Ambiental, maquinada desde Santiago por la oficina central de la Conaf.

Según la carpeta de investigación de la Fiscalía, el presidente del sindicato regional de Aysen de Conaf, José Oyarzo, fue el primero en revelar la verdad: “Respecto a cómo ocurrieron las irregularidades, entiendo que fue porque el informe finalmente se hizo por la parte jurídica, dejando de lado a los demás profesionales, incluso habría participado un abogado del servicio de Santiago, cambiando el tenor del mismo”.

En tanto, el ingeniero forestal Aliro Gascón, declaró a la fiscalía que hubo presiones desde Santiago: “Lo más grave a mi juicio, ocurrió días antes de que se emitiera el informe de 15 de noviembre de 2010 y fue que se recibieron llamadas telefónicas de parte del Fiscal Nacional de CONAF, con sede en Santiago, para efectos de cambiar el tenor del informe, especialmente en lo relativo a la imposibilidad de inundar las 18 hectáreas del Parque Nacional”.

Correo sin contestar

Las llamadas calaron hondo en los ingenieros, y Gascón relató también cómo se vivió el episodio: “Recuerdo que el día 14 de noviembre al parecer, entró Tania Lorca a mi oficina. Estaba enojada y me dijo que le había cambiado su trabajo en lo relativo a la imposibilidad de inundar y la incidencia que la Convención de Washington tenía en ello, reduciendo su informe de 5 a 3 hojas”.

La ingeniera Paula Vásquez, fue más categórica: “Recuerdo que unos días después me llamó Tania Lorca pidiéndome que la ayudara a buscar jurisprudencia para avalar la inundación del Parque Nacional. Le dije que no estaba de acuerdo y que me tendría que llegar una orden por escrito en ese sentido para que obedeciera, ya que yo no estaba de acuerdo. Dos o tres días después, Tania me reenvió un correo electrónico que había confeccionado y enviado el Fiscal Llona, para que yo tomara conocimiento del mismo, en él el Fiscal planteaba sus argumentos para acceder a la inundación, pero yo no le contesté ese correo, además se me envió una vez que ya se había subido al SEIA el informe”.

En su querella, el abogado Castillo estimó que “los hechos anteriores demuestran que terceros, en su calidad de funcionarios públicos, urdieron un conjunto de maquinaciones fraudulentas, concertándose para ello, con el objeto de perjudicar el interés fiscal, a través de permitir la afectación y daño (inundación) de un bien fiscal (Parque Nacional), favoreciendo los intereses de un particular, lo que constituye el delito de fraude el fisco”.

La acción legal debe ser proveída por el Séptimo Juzgado de Garantía y le será notificada a la Fiscalía Centro Norte, organismo que deberá iniciar la investigación penal para aclarar los hechos materia de la querella.