Alfredo Morgado y los 2 años del terremoto: Algunas constructoras intentaron eludir responsabilidades tras el 27/F

El abogado Alfredo Morgado, representante de la comunidad de propietarios de los edificios Don Tristán y Don Luis, que colapsaron en Maipú con el terremoto del 27 de febrero de 2010, llamó a sacar lecciones de estos hechos y junto con abogar por una real responsabilidad empresarial, denunció que algunas inmobiliarias y constructoras intentaron eludir responsabilidades recurriendo a explicaciones similares al caso del tsunami.

“Es dable destacar que en un principio las inmobiliarias y constructoras trataron de plantear a la ciudadanía casi un símil de lo ocurrido ante tsunami”, señaló el profesional a Agencia UPI.

Morgado indicó que “en el caso del tsunami la autoridad dijo en un principio que esto era por fuerza mayor, un caso fortuito, que esto era la fuerza de la naturaleza y en definitiva se planteó que no había ninguna responsabilidad y que en último caso los responsables eran la propia gente que no subió a las alturas”.

A juicio del abogado de los afectados por las deficientes construcciones que hicieron colapsar algunos edificios, “las interpretaciones y las circunstancias demostraron lo contrario y hoy día tenemos formalizados en principio y van a ver más formalizados”.

Según Morgado “lo mismo ocurrió con las inmobiliarias y constructoras que un principio trataron de plantear de que esto no era más que la fuerza de la naturaleza y que la gente, los dueños de departamentos, tenían que agradecer que no se hubieran muerto”.

El profesional explicó que en el único caso en que se planteó la responsabilidad de las inmobiliarias y constructoras fue en el caso del edificio Alto Río por las muertes ocurridas allí.

“El estándar de construcción implicaba exclusivamente que la gente pudiera escapar de sus edificios y que no cayera sobre ellos y que por lo tanto no produjera los resultados de muerte”, afirmó Morgado.

“Con esto -indicó el penalista- se demostró que, y esto es materia hoy en día de discusión en tribunales, que no es un tema de caso fortuito o fuerza mayor. Chile es un país sísmico que obviamente tiene que estar bajo ciertos estándares”.

Aunque admitió que en ese contexto fueron las más las inmobiliarias que le respondieron a la gente, Morgado sostiene que en el caso de las menos, obviamente el tema fue judicializado civil o penalmente.

El profesional indicó que se requiere una mejora de las normas técnicas, indicando que deben establecerse responsabilidades en lo que respecta a las municipalidades que otorgan los permisos de edificación.

Igualmente sostiene que “las propias municipalidades deben tener una fuente de financiamiento directo en el sentido de poder ellos verificar el cumplimiento de la normativa y con los profesionales idóneos al efecto que también se establezcan responsabilidades de las municipalidades en caso que existan errores al supervigilar”.

El abogado de las víctimas señaló que “esto no puede quedar entregado a lo que son los particulares, vale decir, las empresas”, detallando que la experiencia enseña que el tema no puede quedar a merced de la fiscalización de inspectores técnicos de obras pagados por las propias inmobiliarias.

“Deben establecerse responsabilidades y mejorar los cuadros y equipos profesionales e ingenieros de las propias municipalidades para lo que son los permisos de edificación y la recepción de obras, estableciendo así un estatuto de responsabilidad”, sostuvo el profesional.

Al cumplirse hoy dos años del terremoto del 27 de febrero del 2010 que tuvo una magnitud de 8,8 grados, Alfredo Morgado apuesta por establecer una supervigilancia de inspectores técnicos de obras que deben ser absolutamente independientes de las inmobiliarias.

El abogado indica que desde esa perspectiva “deben depender en lo que respecta a sus remuneraciones de las municipalidades o de otro ente público, para así de esa manera haya un mayor estándar de fiscalización de la calidad de la construcción”.

SEGUROS INVOLUCRADOS

Según el representante de las víctimas de las malas edificaciones que colapsaron durante el fuerte sismo, también resulta importante legislar respecto a los seguros.

Para el profesional son muchos los casos en los cuales no se pagaban los seguros asociados y las personas estaban convencidas de que en caso de algún siniestro como un sismo o un incendio las aseguradoras les iban a responder.

“Ahí se demostró que existen vacíos legales y normativos en este tipo de materias, puesto que también teníamos instituciones financieras que habían contratado seguros que significaban que a las personas se les devolvía tanto el capital, los intereses, los dividendos pagados como los por pagar y se les respondía totalmente”, expresó.

“Pero resulta –agregó- que había otras instituciones financieras que habían contratado infraseguros, vale decir, seguros que solamente no respondían por el pie y los dividendos que se habían pagado, sino que además resulta que no pagaban la totalidad de los dividendos que estaban pendientes”.

Morgado es enfático en denunciar que “en muchos casos teníamos seguros que implicaban que la gente, viendo sus edificios demolidos, tenían que seguir pagando dividendos al banco, lo que ciertamente es incomprensible y no está de acuerdo a los estándares de protección”.

Igualmente puntualizó que la gente ciertamente estaba convencida que un seguro le iba a responder en la totalidad.

Para Morgado se trata de un tema capital que es fundamental normarlo, “ya que en la práctica vimos las diferencias abismantes entre una y otra institución financiera y que en algunos casos le respondía a la gente completamente como correspondía y en otros en que la gente que tenía demolido su edificio tenía que seguir pagando dividendos porque solamente (el seguro) cubría una porción de los dividendos impagos”.

ROL DEL ESTADO Y ÉTICA EMPRESARIAL

El abogado destacó el rol que debe cumplir el Estado precisando que “debe fortalecerse el rol del Estado en sí, ya sea a través del aparto central o a través de las municipalidades”, destacando además la ética empresarial de algunas compañías, precisando que ciertas constructoras en el mejor de los mejor de los casos se preocuparon de sus clientes y del prestigio de cada una de las empresas, y obviamente le respondieron a la gente.

Para Morgado es un tema central ya que ahí se ve la diferencia con otras empresas que “teniendo la capacidad económica para responder no lo hicieron y privilegian el lucro y hacer nuevos negocios, y otras que siendo empresas pequeñas y de escasa envergadura económica ciertamente no tenían la capacidad de responder a la gente”.

Por eso explica que se hace indispensable que el tema no esté entregado solamente a entes privados y regulados exclusivamente por el mercado, “sino que se hace indispensable una fiscalización rigurosa y un control estricto y experto”.