La investigación secreta del SII contra Pablo Alcalde para acreditar fraude tributario

El pasado 14 de diciembre, durante la audiencia de formalización a los cuatro ejecutivos de La Polar en el Segundo Juzgado de Garantía, una guapa mujer vestida de negro tomaba apuntes mientras los fiscales entregaban los antecedentes a la magistrada del caso, María Verónica Orozco.

Entre los periodistas que cubrían el hecho, comenzaron entonces las preguntas. ¿Quien era? El secreto duró poco: era una abogada del Servicio de Impuestos Internos (SII) que recababa información.

Transcurrieron solo 13 días para que el “tata fisco” se dejara caer en uno de los domicilios legales del ex presidente del directorio Pablo Alcalde, actualmente en prisión preventiva por el proceso en que se le acusa de delitos de lavado de dinero, infracción a las leyes de Bancos y la de Valores. Los fiscalizadores Jenny Otárola y Juan Bastías Sanhueza le notificaron dos requerimientos de información para que entregara en un plazo de diez dias todos los documentos que acrediten y respalden cómo ganó su dinero, si pagó impuestos sobre esos activos y todo lo relativo a operaciones del llamado “global complementario”, como también de los movimientos de acciones y su participación en fondos y sociedades de inversión.

Para ganar tiempo, Alcalde recurrió a su abogado Jorge Boffil y requirió al SII, vía Ley de Transparencia, toda la información relativa tanto a la DGC y al programa de fiscalización sobre las Rentas de Sociedades de Inversión (RSI).

Según Alcalde, no recibió respuesta alguna de parte del SII, por lo que interpuso un recurso de amparo de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), con el fin de que el organismo le allegue distintos documentos que van desde los decretos que le entregan la facultad a la DGC para fiscalizar, como también por qué lo incluyen dentro de la categoría de “grandes contribuyentes”.

Hasta ahora el SII no es parte en la causa que lleva el fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, Jose Morales, a través de la presentación de una querella criminal por fraude tributario y solo se ha remitido a sostener reuniones con Morales y el jefe de la Unidad de Lavado de Dinero y Crimen Organizado (Uldeco) del Ministerio Publico, Mauricio Fernández, en las dependencias de la Fiscalía Centro Norte. La última de ellas ocurrió en la oficina de Morales a fines de febrero, donde el SII aseguró que aun no tenía todos los antecedentes para formarse la convicción de que Alcalde había cometido el ilícito contra las arcas fiscales.

“Ha costado que el servicio se convenza de presentar una querella solo contra Alcalde, sino tambien contra los otros imputados”, dijo una fuente que estuvo presente en el encuentro.

Hay que recordar que ese 14 de diciembre, el ex presidente del directorio de La Polar, fue formalizado por los mismos ilícitos junto a los ex gerentes Maria Isabel Farah, Julian Moreno.

La información que recabe el SII no sólo le servirá al organismo para querellarse, sino también al fiscal Morales en su indagatoria por lavado de activos, donde acreditó que Alcalde realizó maniobras con el fin de esconder sus bienes de la acción de la justicia, traspasándolas dolosamente a su esposa, mediante la disolución de la sociedad conyugal.

Mala fe

El SII no ha tenido en el último tiempo buenas relaciones con el CPLT. De hecho a su director, Julio Pereira, el organismo lo acusó de haber actuado de mala fe frente a una petición de información hecha por una empresa, obstruyendo el acceso a los datos que requería dicho particular, negando la existencia de un decreto que obraba en su poder.

En la oportunidad el CPLT calificó el actuar de Pereira como un “atentado a la falta de colaboración en la tramitación del amparo interpuesto, lo que se ha traducido en una infracción a los principios de apertura y transparencia”, tal como lo informó The Clinic.

Ayer el diario La Tercera informó que una tercera AFP abandonó su participación en La Polar desde que estalló el escándalo de las repactaciones unilaterales en junio de 2011. Se trata de Provida, ligada al grupo BBVA, que se suma a Cuprum y Capital. De esta manera, la única administradora de fondos de pensiones con participación en la multitienda es Habitat.

Por esta razón, la actual situación financiera y patrimonial de la empresa del retail es más que compleja, máxime cuando ya firmó con sus acreedores un convenio preventivo de quiebra, donde logró un tiempo considerable para cancelar la millonaria deuda.

En ese escenario es que a principios de año, el actual presidente del directorio, Cesar Barros, comenzó a hacer lobby con el fin de recuperar la devolución de impuestos de parte del SII.

Barros se reunió con el titular de Economía Pablo Longueira para plantearle la situación. En síntesis, Barros le expuso al posible candidato presidencial de la UDI, que aunque los ex ejecutivos formalizados le mintieron al mercado sobre la verdadera situación patrimonial de la firma, pagaron regularmente todos sus gravámenes, por lo que el “tata fisco” debía devolverles la suma de US$ 250 millones.

Revisa el amparo presentado por Alcalde que detalla la situación: