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El martes en la mañana, todo era caos después de la explosión que sacudió el norte de Bogotá. Sangre, vidrios, heridos, guardaespaldas armados y desconcierto: en medio de los fierros retorcidos de una camioneta aparecía el ex ministro de Justicia e Interior de Alvaro Uribe, Fernando Londoño, chorreando sangre y aturdido por la explosión de una bomba imantada pegada al vehículo en el que se dirigía.

Que dos muertos. Que cinco. Que los responsables del atentado eran, como siempre, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las versiones iban y venían y en el país se reinstalaba una consigna que muchos creían parte de un pasado negro: no más terrorismo, no más violencia, mano dura contra los violentos, no más Farc.

Después de la conmoción, claro, vendría la pregunta lógica ¿por qué atentar contra un funcionario del gobierno anterior? O, al menos, ¿por qué ahora? Es claro que en Colombia cualquier cercano a Uribe es un objetivo militar, especialmente en el caso de Londoño impulsor de un Estatuto Antiterrorista, que finalmente no se aprobó.

Sin embargo, el momento en que se produce el atentado coincide con el debate de una polémica ley impulsada por el Gobierno y que ha sido duramente criticada tanto por el ex presidente como por sus más cercanos, especialmente por Londoño.

Se trata del Marco para la Paz, un proyecto que se debatía el mismo martes en el Congreso colombiano y que establece las bases mínimas para reducir las penas a los miembros de las Farc en un eventual proceso de desmovilización y reinserción, similar al la Ley de Justicia y Paz que el propio Uribe promulgó y que sirvió para desarticular a buena parte de los grupos paramilitares de ultra derecha.

Como esta vez el Marco para la Paz apunta a una salida similar para la guerrilla, especialmente para las Farc, el conservadurismo colombiano se ha opuesto con dientes y uñas a cualquier norma que pueda acabar con la insurgencia y sea, por decirlo de alguna forma, la zanahoria que acompaña el garrote que en los últimos cuatro años ha descabezado al grupo armado y ha menguado sus filas de 40.000 a 12.000 guerrilleros.

En el seno de la ultraderecha colombiana, los indultos no pueden existir para la guerrilla. Menos aún si abren la posibilidad de que quienes lideraron la insurgencia puedan desmovilizarse para entrar en política y eventualmente acceder a cargos de elección popular, como es el Marco para la Paz. Marco para la impunidad, como lo calificó Uribe, quien teme que puedan llegar al Parlamento grupos de izquierda que puedan revertir más de una ley aprobada durante su gestión.

Por eso, el propio Uribe sacó la voz -ya no desde el Twitter, su trinchera favorita después de salir del gobierno- para pedir que el proyecto incluyera un artículo que reduzca las penas a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad sin dar una amnistía total como la que él dio a los grupos paramilitares.

Minutos antes del atentado del martes, Londoño dijo en su programa radial La Hora de la Verdad, que el Marco sería “la impunidad total para las Farc” y habilitaría al Presidente para hacer un acuerdo que diera “libertad absoluta para los miembros de las Farc”, sin condicionamientos relativos a que “dejen las armas”. “El marco convertiría en impunidad la esperanza de los colombianos de que algún día haya justicia”.

Por este tipo de declaraciones, muchos colombianos reaccionaron casi automáticamente bajo la misma línea que las fuerzas armadas del país: si Londoño se opone a un proyecto de ley que beneficia a las Farc, las Farc están detrás del atentado.

De primerazo, la hipótesis tiene sentido, pero cuesta creer en la coincidencia del hecho con el día en que el proyecto se debatía en el Parlamento colombiano y que finalmente aprobó por votación mayoritaria de la coalición oficialista y la oposición a pesar de la resistencia del uribismo. Si el proyecto beneficia a la guerrilla de las Farc, ¿por qué habrían puesto una bomba en el corazón de Bogotá que pueda poner un freno a la iniciativa? ¿Será tan insensata la guerrilla como para entorpecer la aprobación de una ley que ellos mismos exigieron para sentarse a conversar con el Gobierno?

Cuesta creerlo.

No es descabellado pensar que se trate de una maniobra de los grupos de ultra derecha para empantanar la discusión del proyecto, adjudicando un hecho de sangre a una guerrilla desprestigiada y con un historial de violaciones a los derechos humanos que justifica con creces cualquier acusación en su contra y generando una sensación de inestabilidad que, a la larga, haga necesario el regreso al poder del “mesías” Uribe.

Basta recordar los antecedentes de hechos similares en el pasado: el 12 de agosto del 2010 -solo cinco días después de la posesión de Santos- explotó una bomba afuera del edificio de la Radio Caracol. Inicialmente, el atentado fue atribuido a las Farc, pero durante la investigación esta hipótesis quedó descartada y se comprobó que los autores eran grupos de ultra derecha remanentes de los paramilitares desmovilizados que buscaban evitar cualquier acercamiento entre el gobierno entrante y el grupo guerrillero.

De cualquier forma, es imposible negar que el atentado contra Londoño buscaba frenar la aprobación del proyecto y es una jugada estratégica para quien quiera evitar cualquier proceso de reconciliación. Con el hecho no solo se pone en tela de juicio la opción de una salida pacífica al conflicto armado sino que se cuestiona la capacidad del gobierno de Juan Manuel Santos para mantener el orden y la seguridad que había logrado Uribe en sus ocho años al mando, una de las principales críticas del ex presidente y los suyos contra el actual mandatario.

Como era de esperarse, Uribe no desaprovechó la oportunidad para volver a arremeter contra Santos, su ex ministro de defensa y con quien ha marcado una distancia que a estas alturas parece insalvable. “El terrorismo desangrando al país, asesinando la democracia, y el Gobierno presionando al Congreso con la intimidación burocrática para que apruebe un marco de impunidad del terrorismo”, dijo en su cuenta de twitter Uribe, que nunca verá con buenos ojos otro tipo de trato hacia la guerrilla que no sea plomo.