Una solicitud vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública para establecer la comunicación entre el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el cuestionado ex fiscal metropolitano sur, Alejandro Peña, será ingresada esta mañana por los abogados representantes de Mauricio Morales y Francisco Solar, ambos imputados del caso Bombas, un día después que el jefe de gabinete declarara como testigo en el marco del mismo juicio.

La solicitud incluye copia de los correos electrónicos, oficios y cualquier otra forma de comunicación que hubiese existido entre el ministro del Interior y el entonces fiscal a cargo del caso Bombas, entre marzo de 2010 hasta el 11 de abril de 2011, momento en el cual Peña dejó su cargo en el Ministerio Público y asumió como funcionario del ministerio que lidera Hinzpeter.

La medida, que también es extensiva en las mismas condiciones a la comunicación que haya existido entre el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, y Peña en el mismo período.

Según el abogado Mauricio Daza, la idea es corroborar lo que señaló Hinzpeter ayer bajo juramento en cuanto a que él solamente se habría contactado en tres oportunidades, dos en la fiscalía que Peña lideraba y una vez en la Fiscalía Nacional, con el ex persecutor mientras ejercía su cargo como investigador en el caso Bombas.

“Nosotros tenemos antecedentes que desvirtúan esa versión y que dan cuenta que a lo menos hay una reunión que ocurrió fuera del horario de trabajo, como lo señaló el señor Hinzpeter en su declaración de hoy, y que ocurrió la noche anterior a la detención de los imputados del denominado caso Bombas (13 de agosto de 2010)”, señala Daza.

En efecto, ayer, durante la declaración del titular de Interior, el abogado que llevó adelante el interrogatorio, Rodrigo Román, le preguntó esos antecedentes, tras lo cual el ministro reconoció los encuentros, pero dijo que estos ocurrieron “de día”.

El ministro señaló en la oportunidad que esas reuniones eran “reuniones generales para procurar enterarse si en el trabajo del Ministerio Público podría haber un obstáculo que dentro de sus facultades legales él pudiera colaborar” y no analizar aspectos procesales del juicio o directamente ejercer presiones en la investigación de Peña.

Además, el jefe de gabinete defendió su participación en el caso pues por su cargo “debe velar por el orden público” y por tanto no es raro que se sostengan reuniones con fiscales.

Negociación

Para Daza, quien ha insistido en los vínculos de Hinzpeter y Peña antes de que pasara a integrar las filas de Interior, resulta importante saber el contenido de esos correos considerando que hubo un período en el que esa repartición tuvo que haber negociado con Peña su incorporación.

Actualmente, el ex fiscal que además estuvo a cargo de la investigación por el incendio de la cárcel de San Miguel, es Jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por ese cargo recibía en abril de 2011 $ 3.251.532 bruto mensual.

Sin embargo, ese sueldo ascendió a $ 5.971.627 en enero pasado, a menos de un año de ingresar a la subsecretaría.

“La solicitud involucra conocer ofertas en dinero, ofertas en condiciones de trabajo y otros elementos que podrían no sólo ir en contra de lo que señaló ayer frente al tribunal el señor Hinzpeter, sino que también tendría que ver con establecer hasta qué punto un fiscal que estaba investigando un delito bajo la obligación de objetividad recibía ofertas durante el período que él estaba a cargo de la causa, de parte de uno de los querellantes con la finalidad que él asumiera como empleado de esa repartición”, revela Daza.

Ayer, el ministro fue consultado del proceso de reclutamiento de Peña al ministerio de Interior, pero se desmarcó del tema y señaló que fue el subsecretario Ubilla (segundo a bordo de Hinzpeter en Interior) quien abrió el cupo que hoy ostenta Peña y recordó que “hacia fines del año 2010 o comienzos del 2011, el subsecretario me comentó que estaba empeñado en encontrar a alguien y que tenía a dos candidatos que le gustaban y acomodaban”.

Sobre su contratación, el otrora hombre fuerte de Piñera dijo no haber tenido relación ni participación en el contrato de Peña y que sólo tuvo una conversación con Ubilla sobre este particular.

Correos ¿privados?

Si bien el Consejo para la Transparencia ha fallado a favor de requerimientos de este tipo, por considerar que es información pública porque se trata de las comunicaciones vinculadas a su labor de funcionarios públicos, también hay otros antecedentes.

A principios de este mes, el Tribunal Constitucional (TC) acogió un recurso de inaplicabilidad presentado por el subsecretario Ubilla, resolviendo que un dictamen previo del Consejo para la Transparencia, que lo obligaba a revelar el contenido de varios mails entre él y la gobernadora de Melipilla, Paula Gárate, es inconstitucional porque vulnera el artículo19 N° 4 de la Carta Fundamental, relativo a la protección de la vida privada.

Más bullado es el caso del ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, en el que el Consejo para la Transparencia dictaminó hacer públicos 350 correos pedidos por el director de la Fundación Ciudadano Inteligente, Juan José Soto.

Posterior a eso el ministro Larroulet siguió el mismo camino de Ubilla y presentó un recurso de ilegalidad la Corte de Apelaciones de Santiago, que aún no falla al respecto, incluyendo ese punto en su presentación.

Al respecto, el abogado Daza dice que si bien existe este fallo del Tribunal Constitucional en sentido contrario, este no alcanzaría a afectar la pretensión de obtener estos correos en particular. “Existen múltiples fallos que dan cuenta que esta información contenida en los correos institucionales, es información pública a la cual los ciudadanos tenemos derecho a acceder”, dice.