Columna de Marco Moreno | Decisiones públicas y control democrático de los políticos

La transparencia y el control efectivo de los políticos son herramientas fundamentales para asegurar que las decisiones públicas sean tomadas de manera responsable y que se rindan cuentas por ellas. Esto contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones democráticas y a garantizar que el ejercicio del poder se realice de manera legítima y en beneficio de todos los ciudadanos.

Como sabemos las decisiones públicas son aquellas que se toman en el ámbito gubernamental o administrativo y que afectan a la sociedad en general. Pueden incluir políticas, regulaciones, leyes, asignación de recursos o acuerdos como es el caso de la fórmula que se negocia para concretar la asociación del Estado de Chile con privados para la explotación del litio.

A la necesidad de transparencia en el proceso de formación de políticas públicas, en una democracia, el control de los políticos resulta clave para garantizar que actúen en beneficio de la sociedad y en concordancia con los principios y valores democráticos. Los mecanismos de control ayudan a prevenir el abuso de poder, la corrupción y la arbitrariedad, promoviendo así la legitimidad y la confianza en las instituciones gubernamentales.

La relación entre los políticos y los ciudadanos se puede analizar dentro del marco de la teoría de la agencia. Esta se ocupa de aquellas relaciones en las que un actor, el agente, actúa por cuenta de otro, el principal, y se supone que el primero ejecuta las preferencias e intereses del segundo.

El caso del acuerdo entre Codelco y SQM resulta un buen ejemplo para analizarlo desde la teoría de la agencia, ya que en el proceso intervienen de una parte decisiones públicas de un agente, el gobierno —a través de Codelco y Corfo— con la exigencia de control del principal o mandante que somos finalmente los ciudadanos.

Veamos los hechos. El acuerdo entre Codelco y SQM —como han señalado diversas informaciones de prensa— ha estado cubierto por un cierto manto de opacidad que está dificultando el control por parte de los ciudadanos, ya que estos disponen de una información incompleta y asimétrica.  Cuando hablamos de decisiones públicas opacas nos referimos aquellas tomadas por entidades gubernamentales o funcionarios públicos de manera poco transparente o clara, lo que dificulta la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el proceso democrático.

Mientras comienza la cuenta regresiva para llegar a la formalización del acuerdo el próximo 31 de mayo, las críticas a la negociación entre SQM y Codelco han ido escalando. Al evidente conflicto, entre los históricos controladores de SQM y la empresa china Tianqi, se ha sumado la demanda de las empresas de fondos de pensiones para que el eventual acuerdo sea ratificado en la junta de accionistas de SQM, algo que sus controladores rechazan de plano.

Aunque el gobierno, representado por Codelco y Corfo, ha planteado que este se trata de un conflicto interno de SQM, la eventual judicialización del acuerdo o su objeción en instancias internacionales no puede serle indiferente, menos aún si resulta ser efectivo, lo que ya resulta un secreto a voces, más que un acuerdo con SQM, se trata un acuerdo con Ponce Lerou.

En este escenario, de concretarse el acuerdo en el plazo comprometido por el presidente de la estatal cuprífera, Máximo Pacheco, el 31 de mayo próximo, este se efectuará en la más absoluta opacidad y sin la participación de los demás accionistas de la empresa, entre los cuales se encuentran también los fondos de pensiones. Todo a espaldas de los chilenos.

Ciertamente las decisiones públicas no son inocuas. De hecho, muchas decisiones públicas tienen un impacto significativo en la sociedad y en la vida de los ciudadanos. Desde el punto de vista político, en este caso —el entendimiento entre Codelco y SQM— el gobierno se expone a un alto costo de concretarse un acuerdo construido en la exclusión de actores claves, sin cumplir con mínimos estándares de transparencia y confiando exclusivamente en un empresario con un historial cuestionado por el propio gobierno hasta hace pocos meses.

Este costo se multiplica si producto del apuro y la ansiedad de los negociadores del propio gobierno, el acuerdo se ve expuesto a cuestionamientos legales que lo retrasen en su ejecución, lo hagan inviable o dañen de forma irreparable en su legitimidad. Es muy distinto tener una empresa privada cuestionada por sus conductas a un proyecto productivo de esta envergadura, con participación mayoritaria del Estado, que se cuestiona en su legitimidad de origen.

De este modo, parece quedar claro que una relación de agencia se enfrentará a problemas de control cuando los intereses del principal y agente no coincidan. El control democrático dependerá entonces de que los ciudadanos dispongan de información para valorar la actuación de los gobiernos, de que les sea posible atribuir responsabilidades y de que puedan castigar o recompensar a los políticos.

No hay atajos. El camino para despejar la opacidad es mayor transparencia y que los ciudadanos puedan ejercer un efectivo control del principal. El gobierno, con base en lo anterior, debe tomar el control de la negociación con Ponce Lerou y ajustar sus tiempos para asegurarse de construir un acuerdo inobjetable.