Un desfile de ministros de Estado por el Ministerio Público. En eso podría terminar la denuncia que cuatro diputados integrantes de la Comisión Investigadora sobre el lucro en la Educación Superior le presentaron ayer al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, pidiéndole un fiscal de dedicación exclusiva.

Una bomba de tiempo que compromete a los ministros Joaquín Lavín (Desarrollo Social), Cristián Larroulet (Segpres) y Teodoro Ribera (Justicia) y que llevará además al paredón al ministro de Educación, Harald Beyer, a pesar de haber ninguneado a priori las pruebas anunciadas por la comisión investigadora.

Lo anterior se explica justamente por la visita de los parlamentarios ayer al Fiscal Nacional. Ahora, ya hecha la denuncia, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar sin importar si el informe sea aprobado por la Cámara Baja luego de ser presentado hoy en la sala.

La crisis política y comunicacional que se podría generar nuevamente por las acciones de los dirigentes estudiantiles ya se comienza a analizar en Palacio. Pese a que el ministro Beyer calificó de poco seria la investigación, lo cierto es que son cuatro secretarios de Estado que están ligados al cuestionado sistema de financiamiento de la educación superior y tres de ellos son quienes se habrían beneficiado directamente de este ilícito.

Un escenario por el cual Chahuán toma palco y se soba las manos.

El fantasma del conflicto de interés

La denuncia entregada ayer al jefe de los fiscales detalla hechos que podrían considerarse como eventuales delitos de fraude al fisco y lavado de activos. Así lo estipula el documento entregado ayer en la Fiscalía Nacional, que menciona a nueve universidades privadas -y no siete como se dijo en un principio- que acreditan existencia de lucro.

Entre las Ues cuestionadas, se miran particularmente con detención la Universidad del Desarrollo y la Universidad Autónoma. La primera, ampliamente conocida por la figura de Joaquín Lavín y que le valió el cargo el año pasado en medio del conflicto por las movilizaciones estudiantiles.

Después de decir en el programa Tolerancia Cero de CHV que no había lucrado con su participación en la universidad, el ministro perdió el apoyo entregado por La Moneda y un mes después salió de esa cartera para irse al nuevo ministerio de Desarrollo Social.

En el caso de Lavín, él declaró haberse desprendido de sus acciones antes de asumir el cargo en marzo de 2010. Pero en su declaración de intereses actual disponible en la web del Ministerio de Desarrollo Social aparece Estudios Económicos Ltda., empresa por la cual tiene un 85% de participación accionaria y que tanto en el informe de la comisión investigadora como en el libro de María Olivia Monckeberg “El Negocio de las Universidades” se detalla que la sociedad espejo usada en la UDD, Inmobiliaria Ainavillo, fue modificada en 1994 por cuatro sociedades de papel, entras las que figura Estudios Económicos Ltda. con un 17% y más tarde, en 2001, le habría vendido 3% al grupo Penta.

En el caso del ministro Segpres Cristián Larroulet y Teodoro Ribera, de Justicia, no han sufrido coletazos por su participación hasta ahora. Ambos siguen, según sus declaraciones de intereses, ligados a las universidades cuestionadas. El ministro Secretario General de la Presidencia en la Inmobiliaria Ainavillo, con un 9,1% de sus acciones, y Teodoro Ribera en la Universidad Autónoma de Chile, por el cual sólo declara haber prestado servicios profesionales, a pesar de que su padre, Teodoro Ribera Beneít, es el fundador del plantel y actual presidente de la Junta Directiva.

Ayer, requerido por la prensa por este tema, Ribera señaló que cada institución deberá responder ante el Ministerio de Educación y dijo que era malo generalizar con todas las universidades. Larroulet, por su parte, no se ha referido a esto públicamente.

Fraude al fisco

Con todo, los antecedentes que contienen el informe -aún no hecho público desde la comisión de la Cámara-, los pasos de Chahuán en este caso se conocerán los próximos días, donde debería anunciar al fiscal especial que debería investigar los eventuales ilícitos. Por ahora, el informe deberá entregarse a la Unidad de Anticorrupción que dirige la abogada Marta Herrera, quien deberá determinar la competencia de la indagación y derivarla. Y a pesar de que aún están analizando los antecedentes todo apuntaría a iniciar una persecución por fraude al fisco.

Para liderar el caso, a más tardar el lunes se determinaría al fiscal que lleve la causa. Por ahora, los nombres que asoman son la fiscalía regional Oriente, que dirige Alberto Ayala y donde se investiga a la Universidad del Mar; pesquisas a cargo del fiscal de Ñuñoa, Carlos Gajardo: o el fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la zona Centro Norte, José Morales Opazo, quien lleva adelante el caso La Polar.

En la denuncia criminal entregada ayer por los diputados, se da cuenta que es de conocimiento público y notorio que hay antecedentes que acreditan lucro en la Universidad de Las Américas, Andrés Bello, Del Mar, Santo Tomás, UNIACC, Central, Del Desarrollo, Autónoma y Pedro de Valdivia.

Junto a eso, se explica que uno de los mayores ingresos a esas universidades es mediante la transferencia de recursos estatales a través del Crédito con Aval del Estado. El informe explica que el 62% de esos recursos se van a seis grupos de instituciones: Laureate (Las Américas, Andrés Bello, Del Mar, AIEP); Santo Tomás (universidad, IP y CFT); la Autónoma, San Sebastián, Inacap y Duoc.

Ayer, a la salida de esta reunión el fiscal Chahuán señaló que al Ministerio Público “nos interesa perseguir todo tipo de delitos, pero en especial aquellos que pueden afectar a una gran cantidad de conciudadanos” y agregó que “la investigación trata de ver si hay delito o no y decirlo de cara a la opinión pública. Vamos a investigar los hechos y si los hechos se repiten vamos a seguir investigando el modus operandi de un eventual delito”.