Johnsons: el complicado momento de Mario Vila en el SII

El martes pasado una nueva alerta se encendió en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Funcionarios acusaron que Mario Vila, subdirector jurídico, no se inhabilitó en las negociaciones entre Johnson’s y el SII, que terminó con una condonación de $59 mil millones en multas e intereses en favor de la multitienda. La denuncia siembra más dudas sobre la transparencia con la que actuó el Servicio, sobre todo porque la versión de Vila, que ha circulado en los últimos días, es completamente encontrada con estos nuevos antecedentes.


La semana pasada reconoció a este pasquín que él defendió a la multitienda en causas contra el SII por el uso de las sociedades con pérdidas cuando trabajaba para la cuestionada auditora Price Waterhouse Coopers, pero que ahora que estaba en el SII no participó de las reuniones donde se acordó la condonación. Esta versión fue apoyada por la administración del Servicio, que dirige Julio Pereira, que en un comunicado apuntó que el subdirector jurídico si se había inhabilitado.

Hasta el cierre de esta edición, el SII seguía en la misma postura. Fuentes oficiales del Servicio aseguran que Vila sí cumplió y que durante la semana pasada vieron una copia de la carta donde se inhabilitaba. Pero, agregaron, que sólo están en condiciones de decir que eso ocurrió durante la última semana de octubre del año pasado, la misma semana en que -según dicen en el SII- se firmó el acuerdo que condonaba las multas e intereses de Johnson’s.

Esta cercanía de fechas, entre que Mario Vila se inhabilita y el SII firma el acuerdo con la multitienda, pone más sombras que luces en el proceso: ¿Por qué se inhabilitó al final del proceso y no al comienzo, como se lo exige la ley? ¿Qué participación en la negociación tuvo antes de inhabilitarse? Lo que hasta hoy era considerado como una prueba de blancura, puede terminar con Vila fuera de la institución. La razón: los funcionarios del SII acudirán a la Contraloría para que investigue si Vila se inhabilitó tal como lo estipula la ley de Probidad.

El artículo 12 de la ley 19.880, que trata sobre las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, establece las causales de inhabilitación. Según el texto, la figura en la que cae la inhabilitación de Mario Vila es aquella que prohíbe a los funcionarios tener relación de servicio con personas naturales o jurídicas interesadas directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales. Es decir, el caso del subdirector.

-Acudiremos a la Contraloría porque hasta ahora nadie conoce el documento mediante el cual Mario Vila se inhabilitó. Está sólo su declaración, pero nadie sabe ni la forma ni la fecha en que eso ocurrió –anuncia Carlos Insunza, presidente de la Asociación de Funcionarios del SII.

PRECEDENTE

El requerimiento que los funcionarios del SII harán a la Contraloría tiene un precedente. El 1 de agosto del año pasado, las asociaciones del Servicio presentaron una solicitud para que el director Julio Pereira se inhabilitara en la toma de decisiones relacionadas con el caso La Polar. En ese tiempo el SII evaluaba la posibilidad de querellarse contra los ex ejecutivos de la multitienda por perjuicio fiscal, y Pereira había trabajado en Price Waterhouse cuando ocurrieron las repactaciones unilaterales, que misteriosamente la auditora no consignó en los informes ni memorias financieras de la multitienda.

Antes, el 23 de junio, los funcionarios habían enviado dos cartas explicitando sus inquietudes. Una iba dirigida a Sebastián Piñera y otra al mismísimo Julio Pereira, pero nada ocurrió. El 2 de noviembre de 2011 -pocos días después de la inhabilitación de Mario Vila- el contralor Ramiro Mendoza, mediante el dictamen 68.808, hizo caso omiso de las peticiones. El texto deja la inhabilitación a criterio del director del SII, y sólo si éste interviene, conoce o toma resolución de alguna materia relacionada con La Polar.

Para los funcionarios del SII, la respuesta de la Contraloría no apuntó al fondo del problema. La idea -según dicen- era que el organismo fiscalizador estableciera un marco y un procedimiento en el cual deberían inhabilitarse todos los funcionarios que venían de Price Waterhouse y que tenían conflictos de intereses potenciales. El problema, sin embargo, era que tanto Pereira como Vila tienen amplias facultades para interpretar la norma y eso los pone en una situación de conflicto de interés permanente, que en la práctica vuelve incompatible su desempeño en el cargo.

El caso de Johnson’s, donde finalmente quien firma es el tercero a bordo en la cadena de mandos, le da la razón a los funcionarios. Eso, además de que Vila no se inhabilitó cuando correspondía. Si bien su argumento es que no intervino ni tomó resolución de la materia, sí conocía bastante bien los procesos en los que Johnson’s estaba involucrado. Es más, hasta antes de entrar al SII había litigado en favor de la multitienda para que ésta no pagara los impuestos que a fines del año pasado tuvo que pagar igual, sin intereses ni multas, claro, pero con Vila sentado ahora desde el otro lado.

FUNCIONARIOS MOLESTOS

Internamente, la administración de Julio Pereira se ha encargado de explicar todos los inconvenientes que han surgido en este caso, tanto por la condonación misma como por los cuestionamientos sobre los conflictos de intereses.

La semana pasada se realizó una video conferencia con los directores regionales, donde se les explicó cada uno de los detalles del acuerdo. Pereira, además, hizo circular entre los funcionarios un correo electrónico donde vuelve a explicar los motivos de la condonación. Allí, también profundiza en la razón que tuvo el Servicio para hacer público los nombres de los funcionarios de carrera que trabajaron en el caso Johnson’s, algo que fue bastante criticado. Según cuentan al interior del SII, los funcionarios aludidos “están molestos e impactados”. No creen que Pereira haya querido transparentar las cosas para dar una señal de rectitud. Al contrario, temen que esto sea una jugada de la administración para blindar la hasta ahora débil posición en la que quedaron.

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