Un multa que va desde el 20% al 50% de su sueldo arriesga el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el subsecretario de esa misma cartera, Rodrigo Ubilla, al no contestar una solicitud de transparencia en los 20 días de plazo legal que disponen.

La solicitud, realizada el 25 de mayo recién pasado por uno de los abogados defensores del caso Bombas, Mauricio Daza, pide copias de los correos existentes entre las dos autoridades máximas del Ministerio del Interior y el jefe de la División de Estudios de esa cartera, cuando éste aún era fiscal regional sur y lideraba la investigación del caso por colocación de artefactos explosivos.

La petición por Transparencia busca específicamente saber la comunicación que hubo entre Peña y ambas autoridades entre marzo de 2010 y el 11 de abril de 2011, día en que el ex fiscal dejó su cargo para sumarse al Ejecutivo e incluye cualquier otro tipo de oficios durante el período de negociación de su ingreso al ministerio.

Además, la petición incluye saber cuál es el rol que desempeña actualmente Peña en el Ejecutivo y la razón de por qué su sueldo aumentó de $3.251.532 bruto mensual en 2011 a $5.971.627 bruto mensual desde enero de este año.

Cabe recordar que el Jefe de Gabinete declaró el 24 de mayo pasado ante el tribunal que él no era el responsable directo de su contratación, que no supo de detalles de la incorporación al gobierno más que en conversaciones informales y que su comunicación con el ex fiscal fueron “reuniones generales para procurar enterarse si en el trabajo del Ministerio Público podría haber un obstáculo que dentro de sus facultades legales él pudiera colaborar”, todas de día.

Ante la negativa, Daza presentó una solicitud de amparo de derecho a información pública hoy en la oficina de partes del Consejo para la Transparencia.

Acá el amparo: