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Nacional

26 de Julio de 2012

Red iberoamericana de jueces rechaza militarización de la Araucanía

Después del violento desalojo de comuneros mapuche en la Araucanía en que dos niños resultaron heridos en Collipulli, la Red Iberoamericana de Jueces (REDIJ) expresó su total rechazo a la militarización de la zona y a la “agresión” sufrida por los menores de edad, considerándola una represión ilegal e inconstitucional. Según la agrupación, el Estado […]

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Después del violento desalojo de comuneros mapuche en la Araucanía en que dos niños resultaron heridos en Collipulli, la Red Iberoamericana de Jueces (REDIJ) expresó su total rechazo a la militarización de la zona y a la “agresión” sufrida por los menores de edad, considerándola una represión ilegal e inconstitucional.

Según la agrupación, el Estado chileno al decidir, en una reciente llamada “cumbre de seguridad” militarizar la zona de la Araucanía ha ingresado a un estado inconstitucional de cosas, pues da como respuesta a una problemática compleja, como es el proceso de reivindicación y visibilización de las demandas históricas de la nación mapuche, una reducción a la mera imposición de la violencia del estado, lo cual en el contexto descrito constituye una actuación que, en si misma, se encuentra fuera, tanto de la propia constitución chilena, como de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por esto, la red hace un llamado al Estado chileno para modificar sus decisiones, ya que considera que estas llevarán a un “recrudecimiento de la violencia en la zona”.

En el mismo sentido, piden al Ministerio Público “actuar decididamente en la protección y reparación de las víctimas de la violencia, especialmente los niños y las niñas y a perseguir a los responsables, procesarlos y castigarlos”.

Por último, la agrupación solicita a todos los jueces y juezas “reforzar su función de tutela judicial efectiva de derechos. En momentos de crisis, la función judicial puede convertirse en el único camino de esperanza para la protección de derechos fundamentales”.

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