Luciano Cruz Coke en el ojo de la Contraloría y el Consejo de la transparencia

El jefe del Consejo de la Cultura, Luciano Cruz Coke, recibe golpes de todos lados. El primero de ellos fue propinado hace algunas semanas por el Consejo para la Transparencia (CPLT) que, junto con hacerle un severo llamado de atención por incumplir la ley, le ordenó entregar los correos electrónicos de Macarena Barros, ex jefa del Departamento de Ciudadanía. Se trata de la funcionaria cuestionada por hacer bullying a Galia Díaz, obligándola a viajar a Juan Fernández, donde perdió la vida tras el accidente del avión FACh.

La solicitud, realizada por un particular, originó una cadena de errores jurídicos del CNCA que, amparándose en la vida privada de Barros -que ya no trabaja en la entidad-, arguyó que la divulgación era ilegal. El CPLT se consiguió entonces el mail de Barros quien, de acuerdo a la resolución, no se opuso a la entrega de la información, aludiendo que ya no era una funcionaria activa de la entidad. Situación que Cruz Coke debió sopesar antes de responder con una negativa al ente fiscalizador.

El error podría crear un nuevo criterio del Tribunal Constitucional (TC) que recientemente anuló una decisión del CPLT para que la subsecretaría del Interior entregara copias de los mails del titular Rodrigo Ubilla. La misma apelación al TC, pero en favor del secretario general de la Presidencia Cristián Larroulet está a punto de ser analizada y todo indica que seguirá el mismo camino. Lo anterior porque la recurrida -Barros-, a diferencia de los secretarios de Estado, accedió a la petición por Transparencia.

Cruz Coke también fue cuestionado por la Contraloría debido a que el convenio que realizó con el Instituto de Previsión Social, tendiente a que los jubilados tuvieran beneficios en el teatro Oriente, no se ha cumplido hasta ahora, pese a que ha transcurrido un año. El cuestionamiento también alcanza a las productoras que se hicieron cargo de la administración del recinto, a la falta de mantención y a la ausencia de un seguro contra sismos. Por esta razón la Contraloría le otorgó un plazo perentorio para solucionar estas anomalías.